08 Septiembre 2016
COMPLICADO. En los últimos 10 días, el diputado y ex ministro de Infraestructura De Vido sumó acusaciones. dyn
BUENOS AIRES.- La situación judicial del ex ministro kirchnerista Julio De Vido parece no tener vuelta atrás. El actual diputado por el Frente para la Victoria (FpV) fue imputado por irregularidades en obras públicas en Córdoba. Esto se suma a que en los últimos 10 días fue citado a indagatoria por supuestos sobornos en el contexto del caso Skanska y a que irá a juicio por sus posibles responsabilidades penales en la tragedia de Once.
En Córdoba
De Vido, ex titular del disuelto Ministerio de Planificación, está sospechado por el presunto desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de la ciudad cordobesa de Villa María.
El requerimiento del fiscal federal Ramiro González alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios, Abel Fatala, que era el ‘número tres’ del ministerio detrás de José López, encarcelado luego de que trató de esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
A la vez resultaron imputados por el Ministerio Público el ex presidente del Concejo Deliberante de Villa María e intendente a cargo, Marcelo Javier Suppo; la ex secretaria comunal de Economía y Finanzas, Verónica Navarro Alegre; y el ex jefe del Tribunal de Cuentas local, Carlos De Falco.
El fiscal pidió que se investigue a todos por la ejecución del convenio de colaboración y transferencia que el Ministerio y la municipalidad de Villa María suscribieron el 12 de junio 2009, así como si existieron otras dos versiones de aquel acuerdo.
“El Ministerio de Planificación Federal había estimado el costo de las obras en casi 25 millones de pesos (...) la municipalidad las pudo realizar con fondos propios en la suma de $9.427.921”, consignó González en el requerimiento.
El fiscal remarcó que la causa se inició porque José Benedicto Naselli, del partido villamariense, denunció en la fiscalía federal de Villa María la presunta sustitución irregular” del convenio original “para presuntamente justificar el desvío de fondos.
Entre otras medidas de prueba, González requirió al juzgado que solicite al Gobierno nacional que remita “el expediente número S010218753/2009”, vinculado al convenio de asistencia y cooperación con la comuna cordobesa.
El último día de agosto, el juez federal Sebastián Casanello había decidido citar a De Vido, junto a José López, por el caso Skanska. El ex funcionario deberá declarar el 25 de octubre.
El fiscal Carlos Stornelli consideró que ambos podrían haber recibido comisiones indebidas por las obras de ampliación de gasoductos. También que fueron “parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado nacional” y que intervinieron en negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas para favorecer a la constructora Skanska.
Por otro lado, el lunes se supo que deberá afrontar el juicio por el choque en la estación Once en el que murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
El juez Claudio Bonadio procesó a De Vido como supuesto coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.
El ex titular de la cartera de Planificación tiene en total tres procesamientos, todos relacionados con su gestión en materia ferroviaria.
Además de por la tragedia de Once, está procesado por irregularidades en la renegociación de los contratos ferroviarios y por la compra de vagones inservibles a España y Portugal. (Especial)
En Córdoba
De Vido, ex titular del disuelto Ministerio de Planificación, está sospechado por el presunto desvío de fondos públicos en la remodelación del anfiteatro de la ciudad cordobesa de Villa María.
El requerimiento del fiscal federal Ramiro González alcanzó también al ex secretario de Inversión Pública y Servicios, Abel Fatala, que era el ‘número tres’ del ministerio detrás de José López, encarcelado luego de que trató de esconder casi 9 millones de dólares en un monasterio de General Rodríguez.
A la vez resultaron imputados por el Ministerio Público el ex presidente del Concejo Deliberante de Villa María e intendente a cargo, Marcelo Javier Suppo; la ex secretaria comunal de Economía y Finanzas, Verónica Navarro Alegre; y el ex jefe del Tribunal de Cuentas local, Carlos De Falco.
El fiscal pidió que se investigue a todos por la ejecución del convenio de colaboración y transferencia que el Ministerio y la municipalidad de Villa María suscribieron el 12 de junio 2009, así como si existieron otras dos versiones de aquel acuerdo.
“El Ministerio de Planificación Federal había estimado el costo de las obras en casi 25 millones de pesos (...) la municipalidad las pudo realizar con fondos propios en la suma de $9.427.921”, consignó González en el requerimiento.
El fiscal remarcó que la causa se inició porque José Benedicto Naselli, del partido villamariense, denunció en la fiscalía federal de Villa María la presunta sustitución irregular” del convenio original “para presuntamente justificar el desvío de fondos.
Entre otras medidas de prueba, González requirió al juzgado que solicite al Gobierno nacional que remita “el expediente número S010218753/2009”, vinculado al convenio de asistencia y cooperación con la comuna cordobesa.
El último día de agosto, el juez federal Sebastián Casanello había decidido citar a De Vido, junto a José López, por el caso Skanska. El ex funcionario deberá declarar el 25 de octubre.
El fiscal Carlos Stornelli consideró que ambos podrían haber recibido comisiones indebidas por las obras de ampliación de gasoductos. También que fueron “parte de la maniobra defraudatoria en perjuicio del Estado nacional” y que intervinieron en negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas para favorecer a la constructora Skanska.
Por otro lado, el lunes se supo que deberá afrontar el juicio por el choque en la estación Once en el que murieron 51 personas y otras 789 resultaron heridas.
El juez Claudio Bonadio procesó a De Vido como supuesto coautor del delito de descarrilamiento y presunto partícipe necesario del delito de defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta.
El ex titular de la cartera de Planificación tiene en total tres procesamientos, todos relacionados con su gestión en materia ferroviaria.
Además de por la tragedia de Once, está procesado por irregularidades en la renegociación de los contratos ferroviarios y por la compra de vagones inservibles a España y Portugal. (Especial)
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