Imputan a Echegaray por supuestos beneficios a una operadora de cable

El fiscal federal Federico Delgado imputó hoy por supuesta defraudación contra la administración pública al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray por una resolución que permitió a la empresa de cable Telecentro importar sin pagar aranceles distintos aparatos receptores y decodificadores de señales de televisión.

Lo hizo mediante un requerimiento ante el juez Sebastián Casanello, a quien pidió investigar a Echegaray por el dictado de la resolución N 2.900 del 24 de agosto de 2010, por la cual se modificó la clasificación arancelaria que correspondía a cierta categoría de productos (aparatos receptores, decodificadores y descifradores de señales de televisión) lo que permitió eximir de tributar a la empresa Telecentro.

“Esa modificación ocasionó un considerable perjuicio patrimonial al Estado derivado de la no percepción de tributos y simultáneamente un significativo beneficio económico a la empresa Telecentro S.A. durante el período de vigencia de aquella resolución, entre el 31 de agosto de 2010 y el 3 de septiembre de ese año” y por la importación “de mercadería de ese tipo por un valor total en aduana de U$S 846.663,44”, dólares.

En la causa, la AFIP informó que en el período 2010 ingresó al país decodificadores “por un valor FOB Total de U$S 1.086.355,36 que por sus características le hubiere correspondido tributar una suma de U$S 347.904,47”.

“Por tales hechos se lo señala en forma directa a Echegaray -entre otros- quien ante la negativa de los funcionarios aduaneros durante el año 2010 a la solicitud de Telecentro ante la DGA de autorización para importar decodificadores sin impuesto interno se interesó de manera personal en favorecer al peticionarte y emitió la RG en cuestión”, señaló el fiscal.

En tanto, si bien existieron otros importadores beneficiados por la AFIP a raíz de la resolución 2900, el fiscal remarcó que sólo el 78 por ciento correspondieron a la empresa Telecentro SA.

La denuncia que recayó en el juzgado de Casanello fue hecha por la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.