Todos los detalles sobre el desfalco a la Provincia de Tucumán

El caso de la presunta defraudación millonaria en perjuicio del Gobierno de Tucumán, que involucra a tres jueces de Santiago del Estero y al empresario periodístico Luis Manuel Pericás tiene importantes derivaciones por estas horas. El juez Ramón Tarchini Saavedra se entregó anoche a la Justicia de la provincia vecina, mientras que los otros dos magistrados imputados, María Lucrecia Martínez Llanos y Miguel Angel Moreno, no pudieron ser localizados hasta hoy en los domicilios, que fueron allanados por la Policía. 

La denuncia contra los tres jueces se inició con la presentación de Mario Fabián Nahas, en representación de Fiscalía de Estado de Tucumán, quien informó sobre la existencia de supuestas irregularidades en un expediente iniciado por Pericás (dueño de LV7), en contra de Marcelo Ditinis y la Provincia de Tucumán, por un "delito a establecer" y por el cual se había ordenado un embargo de $ 7 millones a los fondos de coparticipación tucumanos. 

El proceso que llegó a la decisión de iniciar el juicio político a Martínez Llanos, Tarchini Saavedra y Moreno, comenzó con un expediente caratulado “Denuncia formulada por Pericás, Luis Manuel, apoderado de LV7 Radio Tucumán SA en contra de Marcelo Dittinis, secretario de Estado de Prensa y Difusión de la provincia de Tucumán por supuesto delito a establecer”, destaca El Liberal.

El mencionado expediente se inició en el Juzgado del Crimen del Cuarta Nominación a cargo del juez Moreno. En el trámite de esta denuncia se dispuso trabar embargo sobre fondos de la coparticipación federal de la provincia de Tucumán. Luego, se sucedieron órdenes de pago de cifras millonarias a favor de Pericás desde los tres Juzgados involucrados en los hechos que se investigan.

El 14 de marzo de este año se llevó cabo una extracción en efectivo por el importe de $ 3.151.800,66 en la cuenta judicial a nombre de Denuncia interpuesta por presentación de Pericás a la orden del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de Cuarta Nominación.

Luego, por excusación de Moreno, el expediente pasó al Juzgado de Quinta Nominación, donde la titular se declaró incompetente y entonces llegó al Juzgado del Crimen de Primera Nominación a cargo de la jueza Martínez Llanos, de donde habrían salido dos nuevos embargos también por una cifra millonaria y dos nuevos oficios para que Pericás cobrara una segunda y tercera suma. Habrían sido el 20 de mayo ($ 1.616.851) y el 1 de junio de este año ($ 926.358,77).

Tras el embargo y la orden de pago en ese Juzgado, hubo entonces una nueva excusación, esta vez de Martínez Llanos y el expediente recaló en el Juzgado del Crimen de Segunda Nominación a cargo de Tarchini Saavedra, desde donde habría partido un cuarto embargo y oficio de pago a nombre de Pericás el 1 de julio de este año, con un monto de $ 1.616.851,29.

El 2 de agosto se iniciaron las actuaciones judiciales del Gobierno de Tucumán. Ese día se presentaron representantes de Fiscalía de Estado de esa provincia, ante el Juzgado del Crimen de Tercera Nominación a cargo de Darío Alarcón, quien de inmediato ordenó dejar sin efecto todas las medidas cautelares de los magistrados santiagueños y notificó de ello al Banco de la Nación, Casa Central y sus sucursales de Tucumán y Santiago del Estero, así como también al Banco Santiago, por entender que los jueces locales no tienen competencia en la vecina provincia.