03 Septiembre 2016
TRES DEL ALTO TRIBUNAL. Los vocales Claudia Sbdar, René Goane y Antonio Gandur en un acto protocolar. la gaceta / FOTO DE Analía Jaramillo (ARCHIVO)
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán cerró filas en torno a Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En dos expedientes distintos -uno jurisdiccional y otro de superintendencia-, el alto tribunal rechazó presentaciones de la Provincia fundadas en objeciones al desempeño de Novillo en el trámite del juicio que inició el legislador Eudoro Aráoz (UCR) -ver “El fiscal de Estado repudia...”-. Por medio de dicho litigio, el parlamentario procura acceder a información detallada sobre el uso dado a los $ 615,6 millones que la Legislatura gastó en concepto de erogaciones sociales durante 2015.
El 1 de septiembre pasado, los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane y Claudia Sbdar reiteraron el rechazo a un recurso de atentado presentado por Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, para paralizar el trámite del juicio “Aráoz”. Previamente, Gandur había desestimado el planteo, pero el Poder Ejecutivo solicitó la reconsideración de esa decisión. Debono dijo que Novillo había incurrido en atentado procesal al seguir interviniendo en el pleito pese a los numerosos planteos pendientes de resolución articulados por el Gobierno y la Legislatura. “Motiva esta presentación el estado de total indefensión en el que se encuentra la Provincia. En el caso, no queda otra posibilidad que acudir a la Corte”, había expresado Debono.
Letrados del Estado hicieron más de 15 presentaciones en este pleito iniciado en marzo, entre ellos, una recusación con causa contra Novillo que también fracasó (esta semana fue rechazada por los camaristas Carlos Giovanniello, Horacio Castellanos y Sergio Gandur). También recurrieron la decisión de admitir como codemandantes a los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno. Según los abogados de la Provincia y de la Legislatura, esa incorporación pretende sanear un proceso mal constituido puesto que Aráoz no pidió informe sobre los gastos sociales a las comisiones legislativas -sólo se dirigió al vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien omitió proporcionar la información-.
No implica descontrol
El alto tribunal desestimó que el recurso de atentado pueda ser interpuesto para detener la actividad de un tribunal colegiado como la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Gandur, Goane y Sbdar sostuvieron que este instituto procedía sólo cuando un juez de primera instancia continuaba el trámite de un expediente mientras el tribunal de alzada sustanciaba un recurso o un incidente -vinculado al caso- con efectos suspensivos. Ya en su momento Gandur había manifestado que el recurso de atentado no reunía los requisitos de admisibilidad por no ser la Corte un tribunal de apelación respecto de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ni ser este estrado un juzgado de primera instancia. “Tal solución no implica que exista una categoría de jueces exentos de control, sino que la revisión de su obrar debe canalizarse por otras vías que no son el recurso de atentado”, dijeron Gandur, Goane y Sbdar.
En noviembre, LA GACETA reveló mediante fotos y registros bancarios que un empleado de la Legislatura retiraba valijas -en cada una cabían $ 6 millones- de una sucursal céntrica del Banco Tucumán Grupo Macro. El dinero era llevado hasta la sede legislativa. En 2015, año de elecciones, fueron ejecutados $ 615,6 millones en supuestos subsidios. El detalle de esos gastos ha sido mantenido en reserva. El presupuesto del Poder Legislativo para 2015 era inicialmente de $ 959 millones, pero fue ampliado de manera secreta hasta $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la de “ayudas sociales a personas”. Como la Legislatura eleva rendiciones globales al Tribunal de Cuentas, no es posible determinar el destino de esos fondos públicos. La difusión del affaire de las valijas derivó en la apertura de distintos procesos penales y en lo contencioso administrativo, entre ellos, el juicio de Aráoz, y causas que quedaron en manos de los fiscales Washington Navarro Dávila (Justicia provincial) y Carlos Brito (Justicia Federal).
El 1 de septiembre pasado, los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane y Claudia Sbdar reiteraron el rechazo a un recurso de atentado presentado por Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, para paralizar el trámite del juicio “Aráoz”. Previamente, Gandur había desestimado el planteo, pero el Poder Ejecutivo solicitó la reconsideración de esa decisión. Debono dijo que Novillo había incurrido en atentado procesal al seguir interviniendo en el pleito pese a los numerosos planteos pendientes de resolución articulados por el Gobierno y la Legislatura. “Motiva esta presentación el estado de total indefensión en el que se encuentra la Provincia. En el caso, no queda otra posibilidad que acudir a la Corte”, había expresado Debono.
Letrados del Estado hicieron más de 15 presentaciones en este pleito iniciado en marzo, entre ellos, una recusación con causa contra Novillo que también fracasó (esta semana fue rechazada por los camaristas Carlos Giovanniello, Horacio Castellanos y Sergio Gandur). También recurrieron la decisión de admitir como codemandantes a los ciudadanos Clímaco de la Peña, Carlos Duguech y Raúl Moreno. Según los abogados de la Provincia y de la Legislatura, esa incorporación pretende sanear un proceso mal constituido puesto que Aráoz no pidió informe sobre los gastos sociales a las comisiones legislativas -sólo se dirigió al vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien omitió proporcionar la información-.
No implica descontrol
El alto tribunal desestimó que el recurso de atentado pueda ser interpuesto para detener la actividad de un tribunal colegiado como la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Gandur, Goane y Sbdar sostuvieron que este instituto procedía sólo cuando un juez de primera instancia continuaba el trámite de un expediente mientras el tribunal de alzada sustanciaba un recurso o un incidente -vinculado al caso- con efectos suspensivos. Ya en su momento Gandur había manifestado que el recurso de atentado no reunía los requisitos de admisibilidad por no ser la Corte un tribunal de apelación respecto de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ni ser este estrado un juzgado de primera instancia. “Tal solución no implica que exista una categoría de jueces exentos de control, sino que la revisión de su obrar debe canalizarse por otras vías que no son el recurso de atentado”, dijeron Gandur, Goane y Sbdar.
En noviembre, LA GACETA reveló mediante fotos y registros bancarios que un empleado de la Legislatura retiraba valijas -en cada una cabían $ 6 millones- de una sucursal céntrica del Banco Tucumán Grupo Macro. El dinero era llevado hasta la sede legislativa. En 2015, año de elecciones, fueron ejecutados $ 615,6 millones en supuestos subsidios. El detalle de esos gastos ha sido mantenido en reserva. El presupuesto del Poder Legislativo para 2015 era inicialmente de $ 959 millones, pero fue ampliado de manera secreta hasta $ 1.529 millones. La partida que más creció fue la de “ayudas sociales a personas”. Como la Legislatura eleva rendiciones globales al Tribunal de Cuentas, no es posible determinar el destino de esos fondos públicos. La difusión del affaire de las valijas derivó en la apertura de distintos procesos penales y en lo contencioso administrativo, entre ellos, el juicio de Aráoz, y causas que quedaron en manos de los fiscales Washington Navarro Dávila (Justicia provincial) y Carlos Brito (Justicia Federal).
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