02 Septiembre 2016
EX FISCAL N°10. Guillermo Herrera en una foto de archivo. LA GACETA / FOTO DE héctor peralta (ARCHIVO)
El ex fiscal Guillermo Herrera iba a ser interrogado ayer en calidad de imputado en la causa “Pérez”, una de las investigaciones penales iniciadas el año pasado en virtud de las denuncias incoadas en su contra. Pero el ex titular de la Fiscalía N°10 presentó un escrito en el que recordó que había un incidente pendiente de resolución en el Juzgado de Instrucción N°3, que encabeza Juan Francisco Pisa. Como consecuencia de ello, el fiscal Diego López Ávila (N°4) suspendió la audiencia y comunicó la decisión al juez Pisa.
El incidente irresoluto postula que Ángel Victoriano Pérez, denunciante de Herrera, había planteado sus objeciones en otra causa anterior, que tramita en la Fiscalía N°1 a cargo de Mariana Rivadeneira. Fuentes ligadas a la defensa de Herrera sostuvieron que la causa de López Ávila no podía avanzar mientras la de Rivadeneira permaneciese abierta.
Previamente, el ex fiscal N°10 había intentado apartar a López Ávila del caso “Pérez” con el argumento de que aquel carecía de objetividad para investigarlo. Herrera sostuvo que el fiscal N°4 había incurrido en excesos durante la comprobación de las denuncias que habían articulado el Colegio de Abogados de la Capital y otros particulares, entre ellos, Ángel Victoriano Pérez. El planteo dirigido a separar a López Ávila prosperó en algunos de los casos derivados de la serie de acusaciones (como “Jorrat” y “Teves”), pero no en “Pérez”. En este expediente, Pisa rechazó la recusación.
No es la única diferencia advertida respecto de las demás causas: frente a la renuncia de Herrera al cargo de fiscal (acorralado por los cuestionamientos, se jubiló con el beneficio del 82% móvil hace un año), aquel magistrado decidió, además, devolver las actuaciones a la Fiscalía N°4 para que la pesquisa continuara allí. Ocurre que mientras Herrera retuvo la condición de magistrado, sólo podía ser investigado por un juez de Instrucción. Frente a esta situación y en otros casos que involucran al ex fiscal N°10, la ex jueza Mirta Lenis de Vera (también renunció para jubilarse recientemente) anuló partes selectivas de la tarea realizada por López Ávila y lo desplazó -derivó los procesos el fiscal N°5, Washington Navarro Dávila-. Las resoluciones de Lenis de Vera dieron lugar a una revisión accidentada, que aún no concluyó.
Las vicisitudes señaladas ralentizaron en los hechos el trámite de todas las causas que implican a Herrera. En ese escenario, el proceso “Pérez” es el que exhibe mayores progresos. Este expediente pretende esclarecer el proceder de Herrera en un allanamiento, en el secuestro de una suma de dinero y en la restitución de esos fondos.
La actuación del ex fiscal había dado lugar a una auditoría crítica. Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, había concluido que Herrera entregó al denunciante Pablo Ezequiel Pérez los $ 758.700 secuestrados en las oficinas de Ángel Victoriano Pérez sin que el dinero fuese solicitado por el primero.
“El fiscal dispuso lisa y llanamente (el traspaso) sin haber tomado ningún tipo de resguardo o de garantía”, agregó Lezana Flores. Además, el auditor observó que Herrera dispuso sobre la marcha el secuestro de los $ 758.700 pese a que no había sido autorizado específicamente para ello por la ex jueza Lenis de Vera. Lezana Flores acotó asimismo que el denunciante Pablo Ezequiel Pérez “direccionó” de manera casi exclusiva la investigación penal preparatoria desde el ingreso de la causa en la Fiscalía N°10. “Cabe señalar que el ex fiscal entregó el dinero a Pablo Ezequiel Pérez no en calidad de administrador del sucesorio en trámite (en sede civil) sino como depositario judicial, y dos horas después de haber finalizado la medida de allanamiento y secuestro”, dijo el auditor. Herrera siempre rechazó los informes de auditoría. Ángel Victoriano Pérez denunció al ex fiscal N°10 luego de que Francisco García Posse, titular del Colegio de Abogados de la Capital, dijera que la Justicia penal podría haber sido usada como agencia de cobranzas.
El incidente irresoluto postula que Ángel Victoriano Pérez, denunciante de Herrera, había planteado sus objeciones en otra causa anterior, que tramita en la Fiscalía N°1 a cargo de Mariana Rivadeneira. Fuentes ligadas a la defensa de Herrera sostuvieron que la causa de López Ávila no podía avanzar mientras la de Rivadeneira permaneciese abierta.
Previamente, el ex fiscal N°10 había intentado apartar a López Ávila del caso “Pérez” con el argumento de que aquel carecía de objetividad para investigarlo. Herrera sostuvo que el fiscal N°4 había incurrido en excesos durante la comprobación de las denuncias que habían articulado el Colegio de Abogados de la Capital y otros particulares, entre ellos, Ángel Victoriano Pérez. El planteo dirigido a separar a López Ávila prosperó en algunos de los casos derivados de la serie de acusaciones (como “Jorrat” y “Teves”), pero no en “Pérez”. En este expediente, Pisa rechazó la recusación.
No es la única diferencia advertida respecto de las demás causas: frente a la renuncia de Herrera al cargo de fiscal (acorralado por los cuestionamientos, se jubiló con el beneficio del 82% móvil hace un año), aquel magistrado decidió, además, devolver las actuaciones a la Fiscalía N°4 para que la pesquisa continuara allí. Ocurre que mientras Herrera retuvo la condición de magistrado, sólo podía ser investigado por un juez de Instrucción. Frente a esta situación y en otros casos que involucran al ex fiscal N°10, la ex jueza Mirta Lenis de Vera (también renunció para jubilarse recientemente) anuló partes selectivas de la tarea realizada por López Ávila y lo desplazó -derivó los procesos el fiscal N°5, Washington Navarro Dávila-. Las resoluciones de Lenis de Vera dieron lugar a una revisión accidentada, que aún no concluyó.
Las vicisitudes señaladas ralentizaron en los hechos el trámite de todas las causas que implican a Herrera. En ese escenario, el proceso “Pérez” es el que exhibe mayores progresos. Este expediente pretende esclarecer el proceder de Herrera en un allanamiento, en el secuestro de una suma de dinero y en la restitución de esos fondos.
La actuación del ex fiscal había dado lugar a una auditoría crítica. Luis Lezana Flores, jefe de los auditores penales a las órdenes de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, había concluido que Herrera entregó al denunciante Pablo Ezequiel Pérez los $ 758.700 secuestrados en las oficinas de Ángel Victoriano Pérez sin que el dinero fuese solicitado por el primero.
“El fiscal dispuso lisa y llanamente (el traspaso) sin haber tomado ningún tipo de resguardo o de garantía”, agregó Lezana Flores. Además, el auditor observó que Herrera dispuso sobre la marcha el secuestro de los $ 758.700 pese a que no había sido autorizado específicamente para ello por la ex jueza Lenis de Vera. Lezana Flores acotó asimismo que el denunciante Pablo Ezequiel Pérez “direccionó” de manera casi exclusiva la investigación penal preparatoria desde el ingreso de la causa en la Fiscalía N°10. “Cabe señalar que el ex fiscal entregó el dinero a Pablo Ezequiel Pérez no en calidad de administrador del sucesorio en trámite (en sede civil) sino como depositario judicial, y dos horas después de haber finalizado la medida de allanamiento y secuestro”, dijo el auditor. Herrera siempre rechazó los informes de auditoría. Ángel Victoriano Pérez denunció al ex fiscal N°10 luego de que Francisco García Posse, titular del Colegio de Abogados de la Capital, dijera que la Justicia penal podría haber sido usada como agencia de cobranzas.
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