01 Septiembre 2016
FISCAL DE ESTADO. Leiva avanzó contra tres jueces santiagueños.
Los tres ex jueces que renunciaron para evitar juicios políticos y el dueño de una estación de radio tucumana con pedidos de captura por una millonaria defraudación en perjuicio del Gobierno de la Provincia de Tucumán presentaron ayer pedidos de eximición de prisión en los Tribunales de Santiago del Estero, según informaron fuentes judiciales. Solicitaron el beneficio los ex magistrados penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra, Miguel Ángel Moreno, y el empresario tucumano Luis Manuel Pericás en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación a cargo de Darío Alarcón.
En tanto y por disposición de Alarcón, la Justicia procedió a la detención de Eduardo Antuz, empleado del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación, que encabezaba el ex juez Tarchini Saavedra.
A los ex magistrados se les atribuyen los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia, falsificación de instrumento público.
De acuerdo con las imputaciones, abogados penalistas de Santiago del Estero consideran “poco probable” el otorgamiento de las eximiciones de prisión debido a que el delito de asociación ilícita no es excarcelable.
El fiscal de Estado de Tucumán, Daniel Leiva, confirmó que los ex magistrados denunciados habían trabado embargos por más de $ 10 millones, de los cuales se alcanzaron a cobrar más de $ 7 millones en perjuicio del Estado de la vecina provincia.
“Es una situación muy compleja, no tengo registros de haber presenciado algo así, nunca tuvimos acceso a la causa (de Pericás); advertimos denegación de justicia y encubrimiento, no había proceso o elemento que habilite a los juzgados a dictar estas medidas cautelares”, había explicado el funcionario tucumano. Y añadido: “rescato la celeridad de la Justicia de Santiago del Estero”.
La denuncia contra los tres ex magistrados, se inició hace dos semanas con una presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas. Este abogado advirtió a los Tribunales de Santiago del Estero sobre la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Pericás en contra del ex funcionario y legislador Marcelo Ditinis y del Gobierno de la Provincia de Tucumán por un “delito a establecer”.
En virtud de la demanda de Pericas, los cuestionados y renunciantes magistrados habían ordenado embargos por más de $ 7 millones de coparticipación de la Provincia de Tucumán, que fueron comprobados en distintas cuentas bancarias, trámite para el que los jueces santiagueños carecían de competencia.
El abogado Nahas expuso ante el Consejo de la Magistratura de la provincia que gobierna Claudia Ledesma Abdala sobre las irregularidades detectadas en el controvertido expediente iniciado por el empresario Pericás y en el que los tres ex jueces santiagueños tuvieron directa participación. Frente a la denuncia de Nahas y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, el Consejo de la Magistratura resolvió abrir el juicio político por 8 votos a 1 de sus integrantes.
Este miércoles al mediodía asumió la nueva jueza de la I Nominación, Cecilia Vittar, en reemplazo de la ex magistrada con pedido de captura Martínez Llanos, en una ceremonia en el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. (Télam)
En tanto y por disposición de Alarcón, la Justicia procedió a la detención de Eduardo Antuz, empleado del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de II Nominación, que encabezaba el ex juez Tarchini Saavedra.
A los ex magistrados se les atribuyen los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia, falsificación de instrumento público.
De acuerdo con las imputaciones, abogados penalistas de Santiago del Estero consideran “poco probable” el otorgamiento de las eximiciones de prisión debido a que el delito de asociación ilícita no es excarcelable.
El fiscal de Estado de Tucumán, Daniel Leiva, confirmó que los ex magistrados denunciados habían trabado embargos por más de $ 10 millones, de los cuales se alcanzaron a cobrar más de $ 7 millones en perjuicio del Estado de la vecina provincia.
“Es una situación muy compleja, no tengo registros de haber presenciado algo así, nunca tuvimos acceso a la causa (de Pericás); advertimos denegación de justicia y encubrimiento, no había proceso o elemento que habilite a los juzgados a dictar estas medidas cautelares”, había explicado el funcionario tucumano. Y añadido: “rescato la celeridad de la Justicia de Santiago del Estero”.
La denuncia contra los tres ex magistrados, se inició hace dos semanas con una presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas. Este abogado advirtió a los Tribunales de Santiago del Estero sobre la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Pericás en contra del ex funcionario y legislador Marcelo Ditinis y del Gobierno de la Provincia de Tucumán por un “delito a establecer”.
En virtud de la demanda de Pericas, los cuestionados y renunciantes magistrados habían ordenado embargos por más de $ 7 millones de coparticipación de la Provincia de Tucumán, que fueron comprobados en distintas cuentas bancarias, trámite para el que los jueces santiagueños carecían de competencia.
El abogado Nahas expuso ante el Consejo de la Magistratura de la provincia que gobierna Claudia Ledesma Abdala sobre las irregularidades detectadas en el controvertido expediente iniciado por el empresario Pericás y en el que los tres ex jueces santiagueños tuvieron directa participación. Frente a la denuncia de Nahas y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, el Consejo de la Magistratura resolvió abrir el juicio político por 8 votos a 1 de sus integrantes.
Este miércoles al mediodía asumió la nueva jueza de la I Nominación, Cecilia Vittar, en reemplazo de la ex magistrada con pedido de captura Martínez Llanos, en una ceremonia en el Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero. (Télam)
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