Ordenan detener a tres ex jueces santiagueños y a un empresario por una defraudación al gobierno de Tucumán

SANTIAGO DEL ESTERO.- La Justicia de Santiago del Estero ordenó anoche las detenciones de tres ex jueces santiagueños que renunciaron para evitar juicios políticos y de un empresario periodístico. Están acusados de integrar una asociación ilícita para cometer una millonaria defraudación en perjuicio del gobierno de Tucumán, informaron fuentes judiciales.

Se trata de los ex jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Angel Moreno, cuyas renuncias fueron aceptadas por el Superior Tribunal de Justicia, tras la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra.

En forma paralela, el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, Darío Alarcón, también libró una orden de detención del empresario periodístico de Tucumán, Luis Manuel Pericás, vinculado a la emisora LV7, que tiene su planta en San Miguel de Tucumán.

Las acusaciones

Los ex magistrados se encuentran imputados de los delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia, falsificación de instrumento público".

En la búsqueda de los ex jueces y el empresario, efectivos de la policía santiagueña realizaron anoche varios allanamientos en sus domicilios particulares, con resultados negativos hasta el momento. 

Las mismas fuentes indicaron que en el caso del ex juez Moreno, que investigó los crímenes de la empresaria Estela López y un niño de 11 años que fue violado y descuartizado en la localidad santiagueña de Quimilí, presentó una eximición de prisión que será analizada hoy por Alarcón.

La investigación

La denuncia contra los tres ex magistrados, se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, sobre la existencia de irregularidades en un reclamo del empresario Pericás, en contra de Marcelo Dittinis y del Gobierno de Tucumán, por un "delito a establecer".

Las mismas fuentes indicaron que en el mismo expediente, los cuestionados y renunciantes magistrados habían  ordenado embargos por más de siete millones de pesos a los fondos de coparticipación de la provincia de Tucumán, que fueron comprobados en distintas cuentas bancarias, trámite que carecían de competencia.

Ante la denuncia y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, por 8 votos a 1 de sus integrantes, el Consejo de la Magistratura, resolvió abrir el juicio político.

Asimismo, el abogado Nahas expuso ante el Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades detectadas en el cuestionado expediente iniciado por el empresario periodístico Pericás y en el que los tres ex jueces santiagueños tuvieron directa participación.

Tampoco se descartan nuevas órdenes de detenciones contra fiscales, secretarios y empleados de los cuestionados juzgados penales.