La reforma política llega mañana al recinto

Oficialistas y opositores de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura llegaron a un acuerdo, en términos generales, y avalaron el proyecto de resolución que se tratará en la sesión de mañana, mediante el cual se concretará la creación de un comité especial para la reforma electoral y política de la provincia.

Ahora, la disputa política pasará por los alcances de la modificación normativa, que comenzará a regir de forma íntegra en los comicios provinciales de 2019.

La reunión de ayer llegó días después del anuncio del fin del cuestionado sistema de ayudas sociales a personas de la Cámara, y permitió vislumbrar algunos anticipos de lo que será ese debate. Marcelo Caponio, titular de Asuntos Constitucionales e Institucionales, abrió el encuentro anticipando que está a favor de una revisión total de las leyes que regulan el sistema político, institucional y electoral en Tucumán. Incluso, advirtió que, en su opinión, se deben modificar varios puntos de la Constitución provincial, vigente desde 2006. Su postura no tuvo eco total entre los opositores José Canelada (UCR), Stella Maris Córdoba (Peronismo del Bicentenario) y Eduardo Bourlé (Trabajo y Dignidad). Sin embargo, todos ellos (incluido el oficialista Luis Morghenstein, que también forma parte del comité) se mostraron a favor de iniciar el debate. Está previsto que participen los partidos con representación legislativa en una primera etapa; luego, los movimientos y organizaciones que no ocupan bancas; y por último, entidades civiles y profesionales.

Caponio instó a revisar la Junta Electoral Provincial, la Ley de Partidos Políticos, la división territorial del electorado y el Jury de Enjuiciamiento, entre otros institutos y leyes. “La creación de esta comisión especial para la reforma política y electoral es necesaria. El jueves (mañana) se tratará en sesión”, indicó Caponio. Bourlé luego pidió por la participación de abogados colegiados y otras entidades civiles. “Esto tiene que ver con la comunidad en su conjunto”, señaló el referente de la Bancaria. La peronista disidente Córdoba indicó luego que son muchos los temas a debatir. “Me parece muy bien. Hay que consultar todas las ideas, pero somos los legisladores quienes votaremos”, aclaró la ex diputada, mientras llegaban los pocillos de café a la mesa de trabajo. Caponio aclaró que serán los integrantes de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Cámara quienes le darán dictamen al anteproyecto final. “Se puede revisar la duración del mandato de los jueces. También las tasas municipales, que implican un cobro excesivo para los ciudadanos; hoy son un impuesto distorsivo. Otro tema es el Jury de Enjuiciamiento, que volvió a ser frenado por una cautelar. El Poder Judicial no tiene hoy un órgano que lo controle”, dijo. Bourlé asintió con la cabeza, pero aclaró que “quizás (esos asuntos) no sean prioridad” en la agenda de los tucumanos. “Hoy los ciudadanos hablan de inseguridad, de trabajo, de la salud... Pero es bueno que contemos con tiempo para trabajar”, afirmó.

Los miembros de la comisión firmaron luego el proyecto de resolución, que quedó listo para ser debatido en el recinto. A continuación, Caponio avisó que en la próxima reunión de trabajo se avanzará con los proyectos de ley de Ética Pública y Ética Judicial. Córdoba le reclamó que hace semanas solicita que se analice el reglamento interno del Poder Legislativo, y puso como ejemplo la normativa de Diputados de la Nación. “Es mucho más democrático que el nuestro”, aseveró.

Tras acordar ese temario, los legisladores se pusieron de pie y se despidieron. Mañana, en el recinto, el debate probablemente no sea tan calmo.

"Es momento de hablar menos y de hacer más", retrucó Jaldo

El anuncio de la eliminación del sistema de ayudas sociales a personas (o gastos sociales) de la Legislatura generó diversos cruces. Uno de los más tensos es el que mantienen el vicegobernador y titular de la Cámara, Osvaldo Jaldo (PJ), y el intendente de la Capital, Germán Alfaro (ApB).

Días atrás, el jefe municipal había instado al cuerpo colegiado a reducir su presupuesto a modo de “gesto”. Ayer, en un recorrido por la fábrica Imerys Perlitas, en Banda del Río Salí, Jaldo fue consultado sobre esa “recomendación”. “Creo que es momento de hablar menos y hacer más”, retrucó el vicegobernador. Y agregó: “tenemos que trabajar todos unidos para tratar los flagelos que golpean a la gente; por eso sugiero a todos aquellos que tienen un cargo institucional, que llegaron por la voluntad popular, que hablen menos y que hagan más para que las soluciones lleguen a los tucumanos. Hay que trabajar de forma seria, y por eso es que desde la Legislatura ya dimos el primer paso importante en la reforma política en la provincia”, manifestó el tranqueño. Avisó además que en la sesión de mañana se tratará la ampliación presupuestaria, que llevará a unos $ 45.000 millones los recursos del año en curso. “Estamos haciendo un manejo responsable de las finanzas públicas”, aseguró el titular de la Legislatura.

Alfaro, mientras tanto, supervisó obras de repavimentación en calle Mendoza al 200, donde insistió con su postura hacia el cuerpo colegiado. “Es necesaria la reforma política; en la medida que sea hecha con mucha seriedad va a ayudar a la transparencia, a la institucionalidad”, sostuvo el jefe municipal. Además, se mostró en contra de que se modifique la Carta Magna. “Se pueden hacer las cosas sin reforma constitucional. Eso de volver a meter a la gente en un proceso de reforma constitucional no tiene sentido. No tenemos que acostumbrarnos a hacer reformas cada 10 años. Son modificaciones que tienen que mantenerse en el tiempo”, consideró el ex secretario de Gobierno de Domingo Amaya. “No creo que haya reforma de la Constitución porque, lo que significa el arco opositor, no estamos de acuerdo”, concluyó.

Sólo tres legisladores cumplieron con Feput

Tres legisladores, un ex legislador y representantes de colegios profesionales y de otras organizaciones participaron ayer de la convocatoria de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput), que llamó a una reunión para impulsar el tratamiento de un proyecto de ley provincial de Ética Pública.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de calle Crisóstomo Álvarez al 500, y estuvo encabezado por la titular de la entidad, la contadora Patricia Manso.

“En el año 2013 (a través del entonces legislador José Manuel Páez, de la Democracia Cristiana), presentamos un proyecto de ley de Ética Pública que aún no ha perdido estado parlamentario. Por lo tanto, convocamos a legisladores para que lo pongan en agenda y sea tratado en el recinto”, afirmó Manso, en diálogo con LA GACETA.

Aceptaron la invitación de los profesionales los legisladores José María Canelada y Luis González (UCR), y el macrista Luis Brodersen. También estuvo Páez, además de representantes de diferentes colegios.

Los presentes tomaron con agrado el anuncio de que la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura comenzará a analizar en reuniones de trabajo las diferentes iniciativas. “Nos alegramos (por esa decisión). Lo que queremos es que salga una norma para toda la comunidad”, indicó la titular de Feput. Advirtió que pidieron una audiencia además para exponer su postura. “(La iniciativa) implica que todas las autoridades que tenemos en la provincia presenten su declaración jurada de bienes y rindan cuentas de lo que hacen ante una comisión controladora. Consideramos que también deben ser incluidos los titulares de asociaciones profesionales y gremiales. Así, todos estaríamos obligados (a presentar el patrimonio)”, resumió.

Aseveró que esa normativa es clave para lograr un manejo claro de los recursos públicos. “Como se dijo durante la reunión: creo que la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción no funcionan como una pastilla, que se toma y cambia todo. Pero sí podemos poner límites y legislar para que mejore (el nivel de transparencia)”, manifestó Manso.

Los profesionales esperan ser recibidos el 15 de septiembre en la sede de la Legislatura.