31 Agosto 2016
“Vamos a pedir la restitución de los $ 7 millones embargados a la Provincia; la Justicia de Santiago del Estero los tiene en depósito y en guarda”, dijo a LA GACETA el fiscal de Estado, Daniel Leiva, al referirse al embargo de fondos coparticipables de Tucumán, que derivó en la renuncia de tres jueces santiagueños y en denuncias por delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
Acompañado por el fiscal adjunto, Federico Nazur, el funcionario manifestó la sorpresa que les causó el accionar de los magistrados santiagueños, ya que primero “blindaron” con una exención de gravamen a la empresa “Onda Maravilla”, de Luis Manuel Pericás, a comienzos de año. “Más aún, cuando luego, el 28 de enero, traban un embargo por $ 4 millones por ‘delitos a establecer’ y notifican a la casa central del Banco Nación”, contó el funcionario. Por los mismos delitos a establecer -ironizó- dictan otro embargo por $ 715.000 mensuales.
Leiva indicó que recurrieron las medidas judiciales, y que les resultó imposible acceder al expediente. “No podíamos ni hablar con los jueces, el hermetismo era absoluto”, dijo, justificando el planteo posterior al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ), denunciando a los magistrados Ramón Tarchini Saavedra, María I. Martínez Llanos y Miguel Angel Moreno por asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
“El STJ actuó prontamente, dio paso al Consejo de la Magistratura, que suspendió a los tres jueces y decidió avanzar con el juicio político”, acotó. Esta resolución provocó las renuncias inmediatas de los jueces.
“Rescato la celeridad de la Justicia de Santiago del Estero”, señaló el fiscal de Estado, quien admitió que esta suerte de blindaje a una firma es la primera que les llega en la gestión.
Fraude y cohecho
La Provincia, además de a los jueces, denunció penalmente a los secretarios judiciales Zaida Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suárez y Blanca Luz Díaz por asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y denegatoria de retardo de justicia. También denunció a Pericás y a los abogados Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suárez por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.
La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la III Nominación, a cargo de Darío Alarcón.
Acompañado por el fiscal adjunto, Federico Nazur, el funcionario manifestó la sorpresa que les causó el accionar de los magistrados santiagueños, ya que primero “blindaron” con una exención de gravamen a la empresa “Onda Maravilla”, de Luis Manuel Pericás, a comienzos de año. “Más aún, cuando luego, el 28 de enero, traban un embargo por $ 4 millones por ‘delitos a establecer’ y notifican a la casa central del Banco Nación”, contó el funcionario. Por los mismos delitos a establecer -ironizó- dictan otro embargo por $ 715.000 mensuales.
Leiva indicó que recurrieron las medidas judiciales, y que les resultó imposible acceder al expediente. “No podíamos ni hablar con los jueces, el hermetismo era absoluto”, dijo, justificando el planteo posterior al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ), denunciando a los magistrados Ramón Tarchini Saavedra, María I. Martínez Llanos y Miguel Angel Moreno por asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
“El STJ actuó prontamente, dio paso al Consejo de la Magistratura, que suspendió a los tres jueces y decidió avanzar con el juicio político”, acotó. Esta resolución provocó las renuncias inmediatas de los jueces.
“Rescato la celeridad de la Justicia de Santiago del Estero”, señaló el fiscal de Estado, quien admitió que esta suerte de blindaje a una firma es la primera que les llega en la gestión.
Fraude y cohecho
La Provincia, además de a los jueces, denunció penalmente a los secretarios judiciales Zaida Azucena Juárez, María del Huerto Bravo Suárez y Blanca Luz Díaz por asociación ilícita, fraude en perjuicio de la administración pública, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado y denegatoria de retardo de justicia. También denunció a Pericás y a los abogados Santiago Fonzo Pinto y Adolfo Darío Suárez por fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.
La denuncia recayó en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la III Nominación, a cargo de Darío Alarcón.
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