30 Agosto 2016
DANIEL LEIVA. El abogado conduce la Fiscalía de Estado de la Provincia. archivo
El Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero (STJ) aceptó ayer las renuncias presentadas por tres jueces del fuero penal, sometidos a juicio político por “mal desempeño de sus funciones y desconocimiento del Derecho”. Los ex magistrados habían sido denunciados por la Fiscalía de Estado de Tucumán, y acusados de embargar la coparticipación del Gobierno por más de $ 7 millones, según informaron fuentes judiciales.
Se trata de los jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, que renunciaron a sus cargos tras la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra. Con anterioridad a las dimisiones, los magistrados fueron suspendidos en sus funciones por el STJ, que en la misma jornada designó a jueces subrogantes y notificó de las renuncias al Consejo de la Magistratura para anular los juicios políticos.
Contra un legislador
La denuncia contra los tres magistrados, se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, y refiere a la existencia de presuntas irregularidades en un reclamo del empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en contra del actual legislador Marcelo Dittinis (ex secretario de Prensa de José Alperovich) y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, por un “delito a establecer”. Las mismas fuentes indicaron a la agencia Télam que en el mismo expediente, los cuestionados y renunciantes magistrados habían ordenado embargos por más de $ 7 millones a los fondos de coparticipación de la provincia. Ante la denuncia y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, por ocho votos a uno de sus integrantes, el Consejo de la Magistratura resolvió abrir el juicio político.
Asimismo, el abogado enviado por Tucumán, Nahas, expuso ante el Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades detectadas en el cuestionado expediente iniciado por el empresario periodístico Pericás y en el que los tres jueces santiagueños tuvieron directa participación.
Asimismo, los ex jueces santiagueños fueron denunciados por los presuntos delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia, falsificación de instrumento público”.
La denuncia penal, que deberá investigar el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, a cargo de Darío Alarcón, involucra al empresario Pericás, a dos secretarios judiciales y a tres abogados del foro santiagueño, cuyas identidades no fueron proporcionadas.
Tras la denuncia, el juez Alarcón resolvió girar las actuaciones y el cuestionado expediente al fiscal Carmelo Vidal.
Por su parte, la Corte santiagueña dispuso que los jueces Alarcón y Rosa Falco de Reinieri, subroguen los juzgados de los ex magistrados que presentaron sus renuncias.
Ante consultas de LA GACETA, letrados de la Fiscalía de Estado optaron por no formular declaraciones.
Se trata de los jueces penales Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno, que renunciaron a sus cargos tras la decisión del Consejo de la Magistratura de someterlos a un jury de enjuiciamiento por las acusaciones en su contra. Con anterioridad a las dimisiones, los magistrados fueron suspendidos en sus funciones por el STJ, que en la misma jornada designó a jueces subrogantes y notificó de las renuncias al Consejo de la Magistratura para anular los juicios políticos.
Contra un legislador
La denuncia contra los tres magistrados, se inició hace dos semanas con la presentación del asesor de la Fiscalía de Estado de Tucumán, Mario Fabián Nahas, y refiere a la existencia de presuntas irregularidades en un reclamo del empresario periodístico Luis Manuel Pericás, en contra del actual legislador Marcelo Dittinis (ex secretario de Prensa de José Alperovich) y el Gobierno de la Provincia de Tucumán, por un “delito a establecer”. Las mismas fuentes indicaron a la agencia Télam que en el mismo expediente, los cuestionados y renunciantes magistrados habían ordenado embargos por más de $ 7 millones a los fondos de coparticipación de la provincia. Ante la denuncia y una vez analizados los descargos de los jueces acusados, por ocho votos a uno de sus integrantes, el Consejo de la Magistratura resolvió abrir el juicio político.
Asimismo, el abogado enviado por Tucumán, Nahas, expuso ante el Consejo de la Magistratura sobre las irregularidades detectadas en el cuestionado expediente iniciado por el empresario periodístico Pericás y en el que los tres jueces santiagueños tuvieron directa participación.
Asimismo, los ex jueces santiagueños fueron denunciados por los presuntos delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública de Tucumán, asociación ilícita, tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, prevaricato, denegatoria y retardo de justicia, falsificación de instrumento público”.
La denuncia penal, que deberá investigar el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de III Nominación, a cargo de Darío Alarcón, involucra al empresario Pericás, a dos secretarios judiciales y a tres abogados del foro santiagueño, cuyas identidades no fueron proporcionadas.
Tras la denuncia, el juez Alarcón resolvió girar las actuaciones y el cuestionado expediente al fiscal Carmelo Vidal.
Por su parte, la Corte santiagueña dispuso que los jueces Alarcón y Rosa Falco de Reinieri, subroguen los juzgados de los ex magistrados que presentaron sus renuncias.
Ante consultas de LA GACETA, letrados de la Fiscalía de Estado optaron por no formular declaraciones.
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