29 Agosto 2016
MARCOS PEÑA. El jefe de Gabinete, durante una de sus visitas al Congreso. ARCHIVO
El fiscal federal Federico Delgado imputó hoy al jefe de Gabinete, Marcos Peña. Lo hizo al impulsar la investigación por el uso de la base de datos de la Anses para la difusión de actos de gobierno.
Delgado pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses (y todos sus anexos), según el dictamen al que accedió Télam.
"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)", evaluó el fiscal.
La denuncia fue presentada por una abogada, Valeria Laura Carreras, luego de conocerse la decisión de usar datos de ciudadanos tomados de la base de Anses para difundir actos de gobierno.
Delgado pidió que esa evaluación de legalidad del convenio sea hecha por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de la Nación y, también, por la Procuración del Tesoro.
Además sugirió convocar a dos expertos más, independientes del Poder Ejecutivo Nacional, para realizar la tarea.
Carreras presentó también un amparo ante el juzgado contencioso administrativo federal 11, a cargo de la jueza María José Sarmiento.
Ante ello, el fiscal pidió además que se envíe ese expediente donde tramita el amparo para "establecer qué se resolvió sobre el fondo del asunto".
En la denuncia, se sostuvo que el convenio para traspasar datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros -publicado en el Boletín Oficial el 25 de julio pasado- violaría "el deber de seguridad inherente a su función específica".
Además, la denunciante afirmó que el convenio "contradice lo establecido en el Decreto Anses 230/2007 que específicamente dispone que los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y, por ende, sensibles, y en la ley de Protección de los Datos Personales 25.326", conocida con el nombre de hábeas data.
La semana pasada, otro fiscal, Guillermo Marijuan, había pedido desestimar por inexistencia de delito una denuncia similar que había sido presentada contra Peña por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
Delgado pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar la legalidad del convenio de traspaso de datos de Anses (y todos sus anexos), según el dictamen al que accedió Télam.
"La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)", evaluó el fiscal.
La denuncia fue presentada por una abogada, Valeria Laura Carreras, luego de conocerse la decisión de usar datos de ciudadanos tomados de la base de Anses para difundir actos de gobierno.
Delgado pidió que esa evaluación de legalidad del convenio sea hecha por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de la Nación y, también, por la Procuración del Tesoro.
Además sugirió convocar a dos expertos más, independientes del Poder Ejecutivo Nacional, para realizar la tarea.
Carreras presentó también un amparo ante el juzgado contencioso administrativo federal 11, a cargo de la jueza María José Sarmiento.
Ante ello, el fiscal pidió además que se envíe ese expediente donde tramita el amparo para "establecer qué se resolvió sobre el fondo del asunto".
En la denuncia, se sostuvo que el convenio para traspasar datos de la Anses a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros -publicado en el Boletín Oficial el 25 de julio pasado- violaría "el deber de seguridad inherente a su función específica".
Además, la denunciante afirmó que el convenio "contradice lo establecido en el Decreto Anses 230/2007 que específicamente dispone que los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y, por ende, sensibles, y en la ley de Protección de los Datos Personales 25.326", conocida con el nombre de hábeas data.
La semana pasada, otro fiscal, Guillermo Marijuan, había pedido desestimar por inexistencia de delito una denuncia similar que había sido presentada contra Peña por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.
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