27 Agosto 2016
José Cano, jefe de la Unidad Plan Belgrano, sugirió que Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, no sólo tuvo la cortesía de recibir en su domicilio al gobernador Juan Manzur; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; al fiscal de Estado, Daniel Leiva, y al abogado Nicanor Rodríguez del Busto. “Este encuentro ocurrió justo un año después de una elección escandalosa, en la que el propio Gandur convalidó serias irregularidades. ¿Habrá sido aquello otro gesto de cortesía para con el oficialismo?”, interrogó Cano mediante una nota de prensa.
El funcionario nacional manifestó que el respeto por las instituciones se impone frente a cualquier cortesía. “La reunión privada entre el presidente de la Corte y las máximas autoridades del poder político es otra cachetada a la democracia tucumana. Vergonzoso”, opinó. Cano llamó a dimensionar la gravedad de lo sucedido: “el presidente del máximo tribunal recibe en su casa a Manzur, quien está siendo investigado por el destino de más de $ 600 millones sacados en bolsos del Banco del Tucumán pocos días después de las elecciones en las que era candidato. Y lo hace para hablar de un caso iniciado al respecto en el que el oficialismo se muestra decidido a correr del medio a cualquier juez o fiscal que decida cumplir con su trabajo e investigar que pasó. Es el alperovichismo en su máxima expresión”.
“Gravísimo”
El 18 de agosto por la mañana y en el ámbito de un juicio iniciado por el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para acceder a información sobre el uso dado a los $ 615,6 millones que gastó la Legislatura en concepto de erogaciones sociales durante 2015, Gandur rechazó una presentación de Leiva, quien quería que le quitara el expediente al camarista Rodolfo Novillo. En paralelo, Gandur desestimó un recurso de atentado articulado por Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, para detener el trámite del caso “Aráoz”, litigio virtualmente paralizado por la recusación con causa de Novillo que dedujeron el Poder Ejecutivo y la Legislatura. El planteo dirigido a obtener el apartamiento de Novillo ha de ser resuelto por los camaristas Carlos Giovanniello y Horacio Castellanos.
El 18 de agosto por la tarde, el vocal Daniel Posse se encontró con Manzur y con Jaldo en la Casa de Gobierno. A posteriori, Gandur, el gobernador, el vicegobernador, Leiva y Rodríguez del Busto -cónyuge de Belén Japaze, relatora del jefe de la Corte- se reunieron en la vivienda del primero. Gandur dijo que las visitas propusieron ir a su morada, y que él las recibió por una cuestión de cortesía y porque ya había resuelto los asuntos de su interés en el caso “Aráoz”. A posteriori de la divulgación de la reunión, Jaldo manifestó que él no iba a los lugares a los que no había sido invitado -el lunes, anunció el fin de los gastos sociales para personas físicas-.
“La reunión implica una gravedad institucional importante”, expresó por teléfono Juan Musi, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital (el titular, Francisco García Posse, dijo que tenía amistad íntima con Rodríguez del Busto y se excusó de hacer comentarios). Musi agregó que no le parecía prudente que el presidente de la Corte recibiese en su domicilio particular a una parte, aún cuando ya había tomado decisiones: “me parece gravísimo que el Gobierno haya ido a presionar a la Justicia para obtener un beneficio que nada más ni nada menos implica remover a un juez aparentemente imparcial. Esto quiebra la división de poderes y la igualdad ante la ley. Y magnifica cuestiones delicadas como el esclarecimiento del uso de los gastos sociales. Así no se puede seguir”.
El funcionario nacional manifestó que el respeto por las instituciones se impone frente a cualquier cortesía. “La reunión privada entre el presidente de la Corte y las máximas autoridades del poder político es otra cachetada a la democracia tucumana. Vergonzoso”, opinó. Cano llamó a dimensionar la gravedad de lo sucedido: “el presidente del máximo tribunal recibe en su casa a Manzur, quien está siendo investigado por el destino de más de $ 600 millones sacados en bolsos del Banco del Tucumán pocos días después de las elecciones en las que era candidato. Y lo hace para hablar de un caso iniciado al respecto en el que el oficialismo se muestra decidido a correr del medio a cualquier juez o fiscal que decida cumplir con su trabajo e investigar que pasó. Es el alperovichismo en su máxima expresión”.
“Gravísimo”
El 18 de agosto por la mañana y en el ámbito de un juicio iniciado por el legislador Eudoro Aráoz (UCR) para acceder a información sobre el uso dado a los $ 615,6 millones que gastó la Legislatura en concepto de erogaciones sociales durante 2015, Gandur rechazó una presentación de Leiva, quien quería que le quitara el expediente al camarista Rodolfo Novillo. En paralelo, Gandur desestimó un recurso de atentado articulado por Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, para detener el trámite del caso “Aráoz”, litigio virtualmente paralizado por la recusación con causa de Novillo que dedujeron el Poder Ejecutivo y la Legislatura. El planteo dirigido a obtener el apartamiento de Novillo ha de ser resuelto por los camaristas Carlos Giovanniello y Horacio Castellanos.
El 18 de agosto por la tarde, el vocal Daniel Posse se encontró con Manzur y con Jaldo en la Casa de Gobierno. A posteriori, Gandur, el gobernador, el vicegobernador, Leiva y Rodríguez del Busto -cónyuge de Belén Japaze, relatora del jefe de la Corte- se reunieron en la vivienda del primero. Gandur dijo que las visitas propusieron ir a su morada, y que él las recibió por una cuestión de cortesía y porque ya había resuelto los asuntos de su interés en el caso “Aráoz”. A posteriori de la divulgación de la reunión, Jaldo manifestó que él no iba a los lugares a los que no había sido invitado -el lunes, anunció el fin de los gastos sociales para personas físicas-.
“La reunión implica una gravedad institucional importante”, expresó por teléfono Juan Musi, vicepresidente del Colegio de Abogados de la Capital (el titular, Francisco García Posse, dijo que tenía amistad íntima con Rodríguez del Busto y se excusó de hacer comentarios). Musi agregó que no le parecía prudente que el presidente de la Corte recibiese en su domicilio particular a una parte, aún cuando ya había tomado decisiones: “me parece gravísimo que el Gobierno haya ido a presionar a la Justicia para obtener un beneficio que nada más ni nada menos implica remover a un juez aparentemente imparcial. Esto quiebra la división de poderes y la igualdad ante la ley. Y magnifica cuestiones delicadas como el esclarecimiento del uso de los gastos sociales. Así no se puede seguir”.
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