Por LA GACETA
25 Agosto 2016
El anuncio formulado por el vicegobernador de la provincia y presidente de la Legislatura, respecto de que el Poder Legislativo de Tucumán se propone eliminar la partida de ayudas sociales viene a dar respuestas al largo reclamo de la opinión pública y de amplios sectores sociales y políticos que rechaza este sistema llamado “gastos sociales”. Mientras se aguardan más precisiones sobre la decisión del cuerpo legislativo, habría que señalar que la medida aún debe acreditar efectividad y la transparencia necesaria sobre los fines y cuestiones que se propone resolver.
El manejo de la partida presupuestaria de los gastos sociales de la Legislatura quedó en medio de un escándalo que llegó a la Justicia, luego de que LA GACETA revelara en noviembre de 2015, con fotos y documentos, la operatoria del dinero destinada a personas en situación de necesidad. Así, se informó que un empleado acudía a una sucursal céntrica del Banco Tucumán-Grupo Macro y retiraba las valijas cargadas con efectivo (en cada una cabían $ 6 millones). El empleado la llevaba a la tesorería del edificio legislativo, donde se entregaba la plata en mano al beneficiado. En 2015 -el año electoral-fueron ejecutados $ 615,6 millones en lo que habrían sido ayudas sociales a personas, monto que significó el 40% del presupuesto de ese año de la Cámara.
Aun antes de ese bochornoso episodio, el asunto ya había sido motivo de fuertes debates legislativos y públicos en los que sectores de la oposición política e instituciones de la sociedad civil le exigían al oficialismo gobernante la anulación, la modificación o directamente sincerar la aplicación y el destino de esos fondos, en razón de que se trataba de un régimen destinado a esconder supuestos pagos en “negro” (o sobresueldos), o incluso, una presunta “pantalla” que podría haber sido el vehículo para concretar un fraude al Estado. Las manifestaciones de un legislador perteneciente bloque del Gobierno provincial que admitió que cobraba $ 150.000 al mes para ayudas sociales y la molestia que expresó el obispo de Concepción, quien había dicho que el sistema de gastos sociales es “perverso”, reactualizaron en las últimas semanas esta trama a todas luces lamentable, oscura y afrentosa para la institución legislativa. Es inaudito que a estas alturas de la democracia no se conozca cabalmente el sueldo final que perciben los legisladores tucumanos, y si ciertamente disponen -como dispusieron por años- de esa partida especial que no se conozca a ciencia cierta quienes son los beneficiados de esos subsidios. Las autoridades de la Legislatura han expresado, además, que “este tipo de concepto ha cumplido su ciclo”, que se mantendrán las ayudas a instituciones y que un nuevo sistema se discutirá cuando el cuerpo analice el presupuesto 2017 y, en el marco de una eventual reforma electoral.
Podría decirse que ese mecanismo controvertido destinado a la ayuda social -viene aplicándose desde hace por lo menos 23 años- había quedado obsoleto y desnaturalizado en su objetivo y que los legisladores acumularon un gran deuda moral y política al negarse a transparentarlo, pero lo que debería quedar fuera de duda es que ningún otro mecanismo de subsidios que entregue la Legislatura podrá superar el rechazo, la polémica o el juicio social si nace amañado y ventajista o lejos de los principios que el propio sistema democrático y republicano dicta como un imperativo legal, legítimo y justo.
El manejo de la partida presupuestaria de los gastos sociales de la Legislatura quedó en medio de un escándalo que llegó a la Justicia, luego de que LA GACETA revelara en noviembre de 2015, con fotos y documentos, la operatoria del dinero destinada a personas en situación de necesidad. Así, se informó que un empleado acudía a una sucursal céntrica del Banco Tucumán-Grupo Macro y retiraba las valijas cargadas con efectivo (en cada una cabían $ 6 millones). El empleado la llevaba a la tesorería del edificio legislativo, donde se entregaba la plata en mano al beneficiado. En 2015 -el año electoral-fueron ejecutados $ 615,6 millones en lo que habrían sido ayudas sociales a personas, monto que significó el 40% del presupuesto de ese año de la Cámara.
Aun antes de ese bochornoso episodio, el asunto ya había sido motivo de fuertes debates legislativos y públicos en los que sectores de la oposición política e instituciones de la sociedad civil le exigían al oficialismo gobernante la anulación, la modificación o directamente sincerar la aplicación y el destino de esos fondos, en razón de que se trataba de un régimen destinado a esconder supuestos pagos en “negro” (o sobresueldos), o incluso, una presunta “pantalla” que podría haber sido el vehículo para concretar un fraude al Estado. Las manifestaciones de un legislador perteneciente bloque del Gobierno provincial que admitió que cobraba $ 150.000 al mes para ayudas sociales y la molestia que expresó el obispo de Concepción, quien había dicho que el sistema de gastos sociales es “perverso”, reactualizaron en las últimas semanas esta trama a todas luces lamentable, oscura y afrentosa para la institución legislativa. Es inaudito que a estas alturas de la democracia no se conozca cabalmente el sueldo final que perciben los legisladores tucumanos, y si ciertamente disponen -como dispusieron por años- de esa partida especial que no se conozca a ciencia cierta quienes son los beneficiados de esos subsidios. Las autoridades de la Legislatura han expresado, además, que “este tipo de concepto ha cumplido su ciclo”, que se mantendrán las ayudas a instituciones y que un nuevo sistema se discutirá cuando el cuerpo analice el presupuesto 2017 y, en el marco de una eventual reforma electoral.
Podría decirse que ese mecanismo controvertido destinado a la ayuda social -viene aplicándose desde hace por lo menos 23 años- había quedado obsoleto y desnaturalizado en su objetivo y que los legisladores acumularon un gran deuda moral y política al negarse a transparentarlo, pero lo que debería quedar fuera de duda es que ningún otro mecanismo de subsidios que entregue la Legislatura podrá superar el rechazo, la polémica o el juicio social si nace amañado y ventajista o lejos de los principios que el propio sistema democrático y republicano dicta como un imperativo legal, legítimo y justo.
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