25 Agosto 2016
Tras cuatro años de debate, el proyecto para reformar el Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) quedó en condiciones de llegar al recinto de la Legislatura.
La iniciativa para reformar la normativa que regula la investigación penal preparatoria obtuvo ayer el dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales (que preside el peronista Marcelo Caponio) y de Seguridad y Justicia (a cargo del oficialista Javier Pucharras).
“Nos vamos a poner a la altura de las provincias que han hecho las últimas modificaciones en esta materia. Es un Código Procesal de avanzada, que ya ha sido discutido y corregido por personalidades del ámbito académico. Significará una transformación enorme para la justicia tucumana”, dijo Caponio.
En la reunión hubo acuerdo con respecto a los más de 400 artículos. Pero el consenso no fue absoluto, ya que los opositores Claudio Viña (Fuerza Republicana) y José Canelada (UCR) rubricaron un dictamen de minoría. Los opositores plantearon la exclusión de jueces y de funcionarios de Ejecutivo del sistema de inmunidades previsto en el proyecto. Además, para los representantes que sí cuentan con fueros (legisladores, defensor del pueblo y constituyentes) propusieron que el proceso judicial sea idéntico al que atraviesa cualquier ciudadano, sin que se disparen mecanismos especiales. “No estamos de acuerdo con lo que propone el oficialismo”, dijo Canelada.
Más allá de la postura de los opositores, Pucharras destacó el acuerdo con respecto a la gran mayoría de los puntos discutidos. “Existe un consenso entre los legisladores en general. Faltan algunos puntos menores que quedaron por resolver, para que definitivamente la próxima sesión pueda ser tratada esta reforma”, afirmó.
Caponio remarcó que el anteproyecto para modificar el CPPT, que rige desde los 90, fue elaborado por un comité especial del que participaron, además de legisladores, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, colegios de abogados, entes profesionales y otros organismos. “Queremos dar un mensaje claro a la sociedad, de que se llevarán adelante procesos transparentes, ágiles y con cercanía a la gente. Si una persona comete un delito, que sea juzgada y, si corresponde, sea condenada”, afirmó Caponio. Y agregó que se apunta “a combatir la impunidad de los hechos delictivos”.
¿Cuáles serán los cambios principales?, se le preguntó. “Se modifica la oralidad del procedimiento. Desaparece el expediente escrito, se divide el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos, de Acusación y de Defensa, cada una con su propia ‘cabeza’. Además, se forman los colegios de fiscales, de jueces, y oficinas de gestión”, anticipó el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. Agregó que se trata de “un nuevo paradigma para la Justicia penal”. “Va a implicar una gran inversión de recursos, no sólo de infraestructura sino en capacitación de operadores, y la idea es que este Código Procesal Penal entre en vigencia en 2017”, aventuró Caponio.
El actual CPPT, vigente desde 1991, debe ser actualizado, según las conclusiones a las que arribaron legisladores, magistrados, letrados y diversos organismos que participaron de la elaboración del anteproyecto.
La reforma se encaró en 2012, cuando un sector del alto tribunal trató de impulsar una prueba piloto con modificaciones parciales sobre el régimen. El oficialismo de la Legislatura salió al cruce de la Corte Suprema de Justicia, alegando que era función del cuerpo parlamentario cualquier cambio normativo, aunque se tratara de una prueba piloto.
La iniciativa para reformar la normativa que regula la investigación penal preparatoria obtuvo ayer el dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales (que preside el peronista Marcelo Caponio) y de Seguridad y Justicia (a cargo del oficialista Javier Pucharras).
“Nos vamos a poner a la altura de las provincias que han hecho las últimas modificaciones en esta materia. Es un Código Procesal de avanzada, que ya ha sido discutido y corregido por personalidades del ámbito académico. Significará una transformación enorme para la justicia tucumana”, dijo Caponio.
En la reunión hubo acuerdo con respecto a los más de 400 artículos. Pero el consenso no fue absoluto, ya que los opositores Claudio Viña (Fuerza Republicana) y José Canelada (UCR) rubricaron un dictamen de minoría. Los opositores plantearon la exclusión de jueces y de funcionarios de Ejecutivo del sistema de inmunidades previsto en el proyecto. Además, para los representantes que sí cuentan con fueros (legisladores, defensor del pueblo y constituyentes) propusieron que el proceso judicial sea idéntico al que atraviesa cualquier ciudadano, sin que se disparen mecanismos especiales. “No estamos de acuerdo con lo que propone el oficialismo”, dijo Canelada.
Más allá de la postura de los opositores, Pucharras destacó el acuerdo con respecto a la gran mayoría de los puntos discutidos. “Existe un consenso entre los legisladores en general. Faltan algunos puntos menores que quedaron por resolver, para que definitivamente la próxima sesión pueda ser tratada esta reforma”, afirmó.
Caponio remarcó que el anteproyecto para modificar el CPPT, que rige desde los 90, fue elaborado por un comité especial del que participaron, además de legisladores, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, colegios de abogados, entes profesionales y otros organismos. “Queremos dar un mensaje claro a la sociedad, de que se llevarán adelante procesos transparentes, ágiles y con cercanía a la gente. Si una persona comete un delito, que sea juzgada y, si corresponde, sea condenada”, afirmó Caponio. Y agregó que se apunta “a combatir la impunidad de los hechos delictivos”.
¿Cuáles serán los cambios principales?, se le preguntó. “Se modifica la oralidad del procedimiento. Desaparece el expediente escrito, se divide el Ministerio Público Fiscal y Pupilar actual en dos, de Acusación y de Defensa, cada una con su propia ‘cabeza’. Además, se forman los colegios de fiscales, de jueces, y oficinas de gestión”, anticipó el titular de la comisión de Asuntos Constitucionales. Agregó que se trata de “un nuevo paradigma para la Justicia penal”. “Va a implicar una gran inversión de recursos, no sólo de infraestructura sino en capacitación de operadores, y la idea es que este Código Procesal Penal entre en vigencia en 2017”, aventuró Caponio.
El actual CPPT, vigente desde 1991, debe ser actualizado, según las conclusiones a las que arribaron legisladores, magistrados, letrados y diversos organismos que participaron de la elaboración del anteproyecto.
La reforma se encaró en 2012, cuando un sector del alto tribunal trató de impulsar una prueba piloto con modificaciones parciales sobre el régimen. El oficialismo de la Legislatura salió al cruce de la Corte Suprema de Justicia, alegando que era función del cuerpo parlamentario cualquier cambio normativo, aunque se tratara de una prueba piloto.
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