Gandur recibió a Manzur y a Jaldo en su casa por los gastos sociales

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Antonio Gandur, recibió en su casa al gobernador Juan Manzur; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; a Daniel Leiva, fiscal de Estado, y al abogado Nicanor Rodríguez del Busto. La reunión acaeció el jueves pasado por la tarde, luego de que el vocal Daniel Posse visitara a las autoridades de los poderes políticos en la Casa de Gobierno. Gandur explicó ayer que los oficialistas le propusieron ir a su residencia y que él aceptó por una cuestión de cortesía. “No podía negarme a atenderlos. Me parecía de mala educación”, manifestó.

El jefe del Poder Judicial comentó que Manzur y compañía asistieron a su domicilio particular (ubicado en las cercanías del parque 9 de Julio) para hablar de las presentaciones que el Poder Ejecutivo había articulado en el ámbito del juicio que promovió el legislador Eudoro Aráoz (UCR). Por medio de ese litigio, el parlamentario opositor pretende acceder a información sobre el destino de los $ 615,6 millones gastados en supuestos subsidios del Poder Legislativo durante 2015. “Al momento de la visita (de Manzur, Jaldo, Leiva y Rodríguez del Busto -cónyuge de Belén Japaze, relatora de Gandur-), ya había firmado las decisiones de su interés”, comentó el juez. Y añadió: “el tema estaba definido. En los casi 25 años que llevo en la Justicia nunca tuve relaciones extraprotocolares con autoridades políticas. Es la primera vez que me sucede que prefieren verme en mi casa y no en mi despacho”.

La misma mañana de ese 18 de agosto, Gandur rechazó dos pretensiones de la Fiscalía de Estado. Por un lado, Leiva le había pedido que le quite el expediente “Aráoz” a Rodolfo Novillo, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, para tomar conocimiento de la grave situación institucional planteada en dicho proceso. “El camarista ha procedido a efectuar un verdadero atropello en contra de la Provincia”, había manifestado Leiva, quien denunció a Novillo por abrir la causa a prueba pese a que el Estado lo había recusado y a que había numerosas impugnaciones pendientes de resolución (más de 15 entre las deducidas por la Provincia y la Legislatura ). Frente a esa denuncia, Gandur decretó: “al surgir de la presentación del fiscal de Estado que para las cuestiones planteadas existen medios procesales previstos por los códigos pertinentes, no corresponde dar curso a la petición”.

En paralelo, Gandur desestimó un recurso de atentado formulado por Leonardo Francisco Debono, abogado de la Fiscalía de Estado, para detener el trámite del juicio “Aráoz” (Debono había esgrimido argumentos semejantes a los de Leiva). Aquel pleito es el que en principio más avance registra de los cinco casos penales y en lo contencioso administrativo iniciados en los Tribunales provinciales luego de que en noviembre este diario revelase que personal de la Legislatura había usado valijas para retirar fondos destinados a presuntos gastos sociales en los momentos previos al recambio de autoridades. Además, hay una causa penal abierta en la Justicia Federal.