21 Agosto 2016
El polémico manejo de los millonarios gastos sociales del Poder Legislativo derivó en la apertura de diversas causas judiciales. Una de ellas está siendo tramitada por la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que integran Horacio Castellanos y Salvador Ruiz. El tribunal dispuso que se les corriera traslado de la demanda -formulada por el peronista disidente Oscar López- a los representantes legales de la Legislatura y del Tribunal de Cuentas (TC). Los organismos tienen plazo hasta esta semana para contestar el planteo, según las cédulas de notificación de la causa N° 687/15.
López concurrió el 18 de diciembre pasado a los tribunales de calle 24 de Septiembre al 600. Allí planteó una acción de inconstitucionalidad, en la que cuestionó el sistema de subsidios que aplica el cuerpo legislativo. López, que fue candidato a una banca por un acople del Acuerdo para el Bicentenario, también apuntó al Tribunal de Cuentas. “Es el organismo constitucional responsable de la legalidad y transparencia en los tres poderes constitucionales”, afirmó.
Según consta en las cédulas de notificación, los oficios fueron recibidos el martes pasado por los responsables de mesa de entradas del TC, ubicado en calle Congreso al 100, y de la Legislatura, situada en Muñecas 951, respectivamente. Como tienen seis días hábiles para contestar la demanda “bajo apercibimiento de ley”, la respuesta debería llegar a los tribunales el jueves de esta semana, indicó López.
El peronista disidente inició otras dos denuncias por los gastos sociales de la Legislatura.
En noviembre de 2015, tras las publicaciones de LA GACETA que revelaban el traslado del dinero de un banco a la sede legislativa en valijas, López concurrió a la sede penal de Tribunales y acusó al ex presidente de la Cámara y actual gobernador, Juan Manzur, entre otros, por presunto fraude a la Administración Pública (su denuncia alcanzaba a toda la composición de la anterior gestión legislativa). El expediente recayó en manos del fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila. López advirtió que el magistrado “ha violentado todos los límites racionales y legales en su investigación”. “No puede ser que un hecho tan grave, como el presunto manejo irregular de $ 615,6 millones en subsidios de la Legislatura, continúe impune. Mientras tanto, a los ladrones de gallinas y de celulares se les aplica todo el peso del Código Penal”, señaló el peronista disidente, en alusión a un caso reciente en el que Navarro Dávila anunció la recuperación de 26 teléfonos de alta gama, tras un operativo en “La Bombilla”. Según López, el funcionario judicial “le garantiza” a su jefe, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, un “poder de negociación sobre la Legislatura en su puja con la Corte Suprema”.
El peronista López también inició la denuncia en el fuero federal por presunta evasión impositiva, causa que investiga el fiscal federal N° de Tucumán, Carlos Brito.
López concurrió el 18 de diciembre pasado a los tribunales de calle 24 de Septiembre al 600. Allí planteó una acción de inconstitucionalidad, en la que cuestionó el sistema de subsidios que aplica el cuerpo legislativo. López, que fue candidato a una banca por un acople del Acuerdo para el Bicentenario, también apuntó al Tribunal de Cuentas. “Es el organismo constitucional responsable de la legalidad y transparencia en los tres poderes constitucionales”, afirmó.
Según consta en las cédulas de notificación, los oficios fueron recibidos el martes pasado por los responsables de mesa de entradas del TC, ubicado en calle Congreso al 100, y de la Legislatura, situada en Muñecas 951, respectivamente. Como tienen seis días hábiles para contestar la demanda “bajo apercibimiento de ley”, la respuesta debería llegar a los tribunales el jueves de esta semana, indicó López.
El peronista disidente inició otras dos denuncias por los gastos sociales de la Legislatura.
En noviembre de 2015, tras las publicaciones de LA GACETA que revelaban el traslado del dinero de un banco a la sede legislativa en valijas, López concurrió a la sede penal de Tribunales y acusó al ex presidente de la Cámara y actual gobernador, Juan Manzur, entre otros, por presunto fraude a la Administración Pública (su denuncia alcanzaba a toda la composición de la anterior gestión legislativa). El expediente recayó en manos del fiscal de Instrucción de la V Nominación, Washington Navarro Dávila. López advirtió que el magistrado “ha violentado todos los límites racionales y legales en su investigación”. “No puede ser que un hecho tan grave, como el presunto manejo irregular de $ 615,6 millones en subsidios de la Legislatura, continúe impune. Mientras tanto, a los ladrones de gallinas y de celulares se les aplica todo el peso del Código Penal”, señaló el peronista disidente, en alusión a un caso reciente en el que Navarro Dávila anunció la recuperación de 26 teléfonos de alta gama, tras un operativo en “La Bombilla”. Según López, el funcionario judicial “le garantiza” a su jefe, el ministro fiscal Edmundo Jiménez, un “poder de negociación sobre la Legislatura en su puja con la Corte Suprema”.
El peronista López también inició la denuncia en el fuero federal por presunta evasión impositiva, causa que investiga el fiscal federal N° de Tucumán, Carlos Brito.
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