18 Agosto 2016
ENFÁTICA. Gils Carbó sostiene que debe haber audiencias públicas. dyn
BUENOS AIRES.- La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó a la Corte Suprema de Justicia ratificar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que suspendió el incremento de tarifas de gas en todo el país, en la víspera de la reunión del máximo tribunal en la que se podría dar un dictamen al respecto.
Pese al dictamen de Gils Carbó, el presidente Mauricio Macri afirmó que se seguirá “en la misma dirección” en materia energética. “Estamos dando los pasos correctos y esperamos seguir en esa dirección, dando un enorme espacio a la inversión, especialmente a la energía renovable”, afirmó el presidente en la ciudad de La Rioja. Añadió que “estamos empeñados en la otra crisis que recibimos, que sumada a la económica hicieron de esto un escenario de partida muy difícil, que es la crisis energética”. “Sin energía no hay futuro, sin energía no se puede crecer”, remarcó el Presidente.
Gils Carbó sostuvo en su dictamen que la no realización de las audiencias públicas restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores. La ley 24.076 y el decreto 1738/92, indicó, disponen “expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria” y a la vez “fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables”.
Sin audiencias previas “se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad” del incremento de la “tarifa final” que, en opinión de Gils Carbó, fue “un aumento extraordinario”. El dictamen de Gils Carbó no es vinculante para la Corte Suprema. Se prevé que hoy el alto tribunal dictará un fallo intermedio entre el rechazo al aumento -con el llamado a una audiencia pública- y la pretensión del Gobierno de un fuerte incremento del 400% por lo menos.
La Procuradora destacó que el propio Gobierno admitió en su recurso ante la Corte Suprema que “la incidencia del aumento es, incluso, más severa para los consumos comerciales o industriales” porque “en algunos casos alcanza el 1.500%”.
“Las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales”, consideró. Para la Procuradora el llamado tarifazo pondría “afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas”, con lo cual se vulnerarían “derechos humanos y fundamentales”, por ejemplo a “la alimentación y vivienda adecuada, a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita”. “El acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de comerciantes, empresas -en especial, las pequeñas y medianas-, fábricas recuperadas y cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”, completó.
A partir del dictamen de Gils Carbó, los secretarios letrados de la Corte Suprema trabajaron a toda máquina para que en la reunión de hoy se pueda emitir una resolución que dé certeza a todos los actores, y en especial sobre si las subas tendrán carácter retroactivo o no. Fuentes del alto tribunal anticiparon que la resolución se ordenará en base reconocer la facultad del Ejecutivo de establecer las políticas tarifarias y que por ende no objetará las variaciones ordenadas en el precio de ingreso del gas al sistema de transporte (PIST).
La posibilidad de que el Gobierno aplique un “plan B” en caso de que la Corte Suprema de Justicia no avale los aumentos tarifarios puso en evidencia las diferencias dentro del PRO, con posturas contrapuestas de los diputados Luciano Laspina y Nicolás Massot. Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se hizo eco de las palabras del ministro de Energía, Juan Aranguren, que a su juicio fue “contundente” al asegurar que el Gobierno tiene una alternativa, pero no la hará pública a la espera del fallo de la Corte. Massot, jefe del bloque del PRO, sostuvo que “el plan B es continuar como antes, continuar con niveles de inflación del 40% al infinito”. Laspina enfatizó que Aranguren “dijo que por supuesto hay un curso alternativo de acción” en el caso de que la Justicia impida los aumentos, pero confió en que el máximo tribunal fallará en base a un “equilibrio prudente”.
Por otro lado, los diputados del Frente para la Victoria-PJ insistirán la próxima semana con el proyecto que busca derogar los aumentos de las tarifas de energía, luego de que el titular de esa bancada, Héctor Recalde, solicitara en las últimas horas a los presidentes de las comisiones que estudian la iniciativa que convoquen a una reunión para poder emitir dictamen. (DyN-Télam)
Pese al dictamen de Gils Carbó, el presidente Mauricio Macri afirmó que se seguirá “en la misma dirección” en materia energética. “Estamos dando los pasos correctos y esperamos seguir en esa dirección, dando un enorme espacio a la inversión, especialmente a la energía renovable”, afirmó el presidente en la ciudad de La Rioja. Añadió que “estamos empeñados en la otra crisis que recibimos, que sumada a la económica hicieron de esto un escenario de partida muy difícil, que es la crisis energética”. “Sin energía no hay futuro, sin energía no se puede crecer”, remarcó el Presidente.
Gils Carbó sostuvo en su dictamen que la no realización de las audiencias públicas restringió los derechos constitucionales de información, consulta y participación de los usuarios y consumidores. La ley 24.076 y el decreto 1738/92, indicó, disponen “expresamente la realización de una audiencia pública en forma previa a la adopción de ciertas decisiones en materia tarifaria” y a la vez “fijan también como objetivo la determinación de tarifas justas y razonables”.
Sin audiencias previas “se recorta el debate sobre la accesibilidad, gradualidad, coherencia, progresividad y previsibilidad” del incremento de la “tarifa final” que, en opinión de Gils Carbó, fue “un aumento extraordinario”. El dictamen de Gils Carbó no es vinculante para la Corte Suprema. Se prevé que hoy el alto tribunal dictará un fallo intermedio entre el rechazo al aumento -con el llamado a una audiencia pública- y la pretensión del Gobierno de un fuerte incremento del 400% por lo menos.
La Procuradora destacó que el propio Gobierno admitió en su recurso ante la Corte Suprema que “la incidencia del aumento es, incluso, más severa para los consumos comerciales o industriales” porque “en algunos casos alcanza el 1.500%”.
“Las resoluciones 28/2016 y 31/2016 impusieron a los usuarios y consumidores un aumento significativo que impacta, de manera inmediata e irreversible, en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales”, consideró. Para la Procuradora el llamado tarifazo pondría “afectar el acceso de usuarios y consumidores al servicio básico de gas”, con lo cual se vulnerarían “derechos humanos y fundamentales”, por ejemplo a “la alimentación y vivienda adecuada, a trabajar, a comerciar y a ejercer toda industria lícita”. “El acceso al servicio básico del gas es indispensable para la continuidad de la actividad económica de comerciantes, empresas -en especial, las pequeñas y medianas-, fábricas recuperadas y cooperativas, de las cuales depende en gran medida la conservación de las fuentes de trabajo”, completó.
A partir del dictamen de Gils Carbó, los secretarios letrados de la Corte Suprema trabajaron a toda máquina para que en la reunión de hoy se pueda emitir una resolución que dé certeza a todos los actores, y en especial sobre si las subas tendrán carácter retroactivo o no. Fuentes del alto tribunal anticiparon que la resolución se ordenará en base reconocer la facultad del Ejecutivo de establecer las políticas tarifarias y que por ende no objetará las variaciones ordenadas en el precio de ingreso del gas al sistema de transporte (PIST).
La posibilidad de que el Gobierno aplique un “plan B” en caso de que la Corte Suprema de Justicia no avale los aumentos tarifarios puso en evidencia las diferencias dentro del PRO, con posturas contrapuestas de los diputados Luciano Laspina y Nicolás Massot. Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se hizo eco de las palabras del ministro de Energía, Juan Aranguren, que a su juicio fue “contundente” al asegurar que el Gobierno tiene una alternativa, pero no la hará pública a la espera del fallo de la Corte. Massot, jefe del bloque del PRO, sostuvo que “el plan B es continuar como antes, continuar con niveles de inflación del 40% al infinito”. Laspina enfatizó que Aranguren “dijo que por supuesto hay un curso alternativo de acción” en el caso de que la Justicia impida los aumentos, pero confió en que el máximo tribunal fallará en base a un “equilibrio prudente”.
Por otro lado, los diputados del Frente para la Victoria-PJ insistirán la próxima semana con el proyecto que busca derogar los aumentos de las tarifas de energía, luego de que el titular de esa bancada, Héctor Recalde, solicitara en las últimas horas a los presidentes de las comisiones que estudian la iniciativa que convoquen a una reunión para poder emitir dictamen. (DyN-Télam)
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