16 Agosto 2016
EN RÍO. Stolbizer fue a alentar a su hijo, el basquetbolista Nicolás Laprovíttola. infobae.com
BUENOS AIRES.- El detenido ex secretario de Obras Públicas, José López, quedó involucrado en las últimas horas en una nueva denuncia, en este caso vinculada con la distribución discrecional de fondos en beneficio de municipios del interior del país conducidos por intendentes del Frente para la Victoria (FpV) a partir de un caso testigo, en la localidad correntina llamada Perugorría, que recibió “24 millones de pesos por obras que nunca se hicieron”.
Se trata de una presentación realizada por la diputada nacional Margarita Stolbizer en un expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, vinculada a ese municipio correntino que -indicó- “puede servir para tomar real magnitud de las maniobras llevadas a cabo durante los últimos años del gobierno anterior” en relación al uso de fondos de obras públicas para “fines electorales”.
En este sentido, la diputada Stolbizer denunció que esa localidad correntina de 8.000 habitantes, ubicada al sur de la provincia, en el departamento de Curuzú Cuatiá y a unos 220 kilómetros de la capital provincial, “se vio beneficiada por múltiples obras desde la secretaría que comandaba López, que asignó un total de $ 24 millones por obras que nunca se hicieron”.
Además de involucrar al ex secretario de Obras Públicas -detenido el 14 de junio pasado cuando intentaba ocultar bolsos con casi U$S 9 millones en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez-, la presentación de la diputada del GEN apunta también contra el ex intendente Jorge Corona, y su pareja y actual jefa comunal, Angelina Lesieux, ambos del Frente para la Victoria.
A todos ellos, en principio los señala como presuntos responsables de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de información que, desde el viernes, analiza el fiscal Gerardo Pollicita, a quien Ramos le delegó la investigación de este expediente, iniciado merced a una denuncia que presentara el fiscal Carlos Stornelli a partir de información incluida en el capítulo “Vivienda” del informe “El estado del Estado”, difundido en junio pasado por el Gobierno nacional.
Presuntos desvíos
De acuerdo con documentación y pruebas recabadas por la diputada Stolbizer, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal asignó un total de $ 13.647.900 para la construcción de 40 viviendas en el marco del Programa Techo Digno I, de las cuales -pese a que, según los registros del gobierno nacional, estas obras aparecen como supuestamente concluidas- “no se avanzó siquiera en los cimientos”.
“Las viviendas de Perugorría no se terminaron nunca; sólo la mitad tiene un avance mínimo y las obras están paradas hace meses, abandonadas cubiertas por pastos?, señala la denuncia presentada el viernes último por Stolbizer, difundida el domingo por el programa televisivo La Cornisa y a la que tuvo acceso Télam.
En este sentido, advierte que “se tratan de serias irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales, que incluye falencias graves en la construcción de estas obras, desvíos millonarios de dinero público y falencias en el control por parte de las autoridades”.
Además, la denuncia afirma que lo ocurrido en Perrugoría “comparte con Sueños Compartidos y Fortalecimiento del Hábitat en Jujuy, la inadecuada rendición de cuentas y el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad de las viviendas sociales, y siempre se perjudica a las personas más vulnerables”. (Télam)
Se trata de una presentación realizada por la diputada nacional Margarita Stolbizer en un expediente que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos e investiga el fiscal Gerardo Pollicita, vinculada a ese municipio correntino que -indicó- “puede servir para tomar real magnitud de las maniobras llevadas a cabo durante los últimos años del gobierno anterior” en relación al uso de fondos de obras públicas para “fines electorales”.
En este sentido, la diputada Stolbizer denunció que esa localidad correntina de 8.000 habitantes, ubicada al sur de la provincia, en el departamento de Curuzú Cuatiá y a unos 220 kilómetros de la capital provincial, “se vio beneficiada por múltiples obras desde la secretaría que comandaba López, que asignó un total de $ 24 millones por obras que nunca se hicieron”.
Además de involucrar al ex secretario de Obras Públicas -detenido el 14 de junio pasado cuando intentaba ocultar bolsos con casi U$S 9 millones en un monasterio de la localidad bonaerense de General Rodríguez-, la presentación de la diputada del GEN apunta también contra el ex intendente Jorge Corona, y su pareja y actual jefa comunal, Angelina Lesieux, ambos del Frente para la Victoria.
A todos ellos, en principio los señala como presuntos responsables de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de información que, desde el viernes, analiza el fiscal Gerardo Pollicita, a quien Ramos le delegó la investigación de este expediente, iniciado merced a una denuncia que presentara el fiscal Carlos Stornelli a partir de información incluida en el capítulo “Vivienda” del informe “El estado del Estado”, difundido en junio pasado por el Gobierno nacional.
Presuntos desvíos
De acuerdo con documentación y pruebas recabadas por la diputada Stolbizer, la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal asignó un total de $ 13.647.900 para la construcción de 40 viviendas en el marco del Programa Techo Digno I, de las cuales -pese a que, según los registros del gobierno nacional, estas obras aparecen como supuestamente concluidas- “no se avanzó siquiera en los cimientos”.
“Las viviendas de Perugorría no se terminaron nunca; sólo la mitad tiene un avance mínimo y las obras están paradas hace meses, abandonadas cubiertas por pastos?, señala la denuncia presentada el viernes último por Stolbizer, difundida el domingo por el programa televisivo La Cornisa y a la que tuvo acceso Télam.
En este sentido, advierte que “se tratan de serias irregularidades en el manejo de fondos públicos destinados a viviendas sociales, que incluye falencias graves en la construcción de estas obras, desvíos millonarios de dinero público y falencias en el control por parte de las autoridades”.
Además, la denuncia afirma que lo ocurrido en Perrugoría “comparte con Sueños Compartidos y Fortalecimiento del Hábitat en Jujuy, la inadecuada rendición de cuentas y el incumplimiento de los estándares mínimos de calidad de las viviendas sociales, y siempre se perjudica a las personas más vulnerables”. (Télam)