Por Álvaro José Aurane
06 Agosto 2016
Durante 2015, el último año del alperovichismo, el presupuesto de la Legislatura pasó de los $ 960 millones previstos inicialmente a $ 1.530 millones. De acuerdo con la documentación oficial a la que pudo acceder este diario, los $ 570 millones de diferencia llegaron, en dos tramos, con una diferencia de 10 días. El 7 de septiembre de ese año, fueron remitidos $ 20 millones al Poder Legislativo. El 16 de ese mes, $ 550 millones más.
Entre esas dos fechas, el 9 de septiembre, la Cámara sesionó y aprobó la ampliación del Presupuesto de la Provincia. Al respecto, dos aclaraciones. La primera: el incremento general para la administración pública fue del 8% de los recursos, y no del 60% como en el caso legislativo. La segunda: una ampliación presupuestaria no es tanto un permiso para incorporar dineros, sino más bien una autorización para blanquear lo que ya se ha gastado.
A la luz de ello, es ineludible reparar en que las partidas del parlamento tucumano fueron reforzadas con el volumen de recursos mensionado 15 días después de las elecciones del 23 de agosto en que Juan Manzur -para esa fecha, presidente de la Legislatura en su condición de vicegobernador- resultó electo gobernador. Exactamente dos semanas después de los comicios que fueron anulados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo (e inmediatamente después convalidados por la Corte provincial), como consecuencia de los multiplicados casos de urnas quemadas y “embarazadas”, precedidas por la entrega de bolsones y el acarreo de votantes.
Léase, también, que estos $ 570 millones “extra” ingresaron a la Legislatura 40 días antes de la votación nacional del 25 de octubre, durante las que el entonces gobernador, José Alperovich, resultó consagrado senador nacional. Con la misma boleta sábana, José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación detenido cuando ingresaba a un convento U$S 9,5 millones (o lo que es igual, un barrio de 130 viviendas), era electo parlamentario del Mercosur.
Pero eso no es todo.
Cuándo
Todo el dinero que amplió el presupuesto legislativo anterior fue remitido íntegramente a la partida 100, mejor conocida como Gastos en Personal.
Los recursos previstos originariamente para el pago de salarios parlamentarios (legisladores, empleados de planta permanente y contratados) sumaban $ 751 millones. De modo que los $ 570 enviados en septiembre representaron un incremento para erogaciones de sueldos del 76%.
Pero eso no es todo.
Dónde
Justamente, sería admisible preguntarse cómo es posible que quienes diseñaron el Presupuesto 2015 de la Cámara se equivocaran por semejante margen de error, si no fuera por un detalle. De todo el dineral que llegó para Gastos de Personal de la Legislatura durante el noveno mes del año pasado, sólo se “quedaron” dentro de la partida $ 92 millones.
Para pasarlo en limpio: en vez de los mencionados $ 751 millones, cuando terminó el año lo ordenado a pagar fue $ 843 millones. Es de decir, un 12% más.
Entonces, ¿qué pasó con los $ 478 millones que ingresaron en la partida de Gastos de Personal de la Legislatura, pero que no se gastaron en sueldos de la Legislatura?
La respuesta a ese interrogante es, por así decirlo, prácticamente todo.
Cómo
Salvo $ 8 millones que fueron a la partida de Servicios No Personales (erogaciones que no son salarios), los otros $ 470 millones fueron sacados de la partida 100, Gastos en Personal, y enviados a la partida 514: Gastos Sociales.
Léase, el 82% del dinero enviado para pagar salarios no fue usado con ese destino, que siempre está documentado en boletas de sueldos y aportes jubilatorios. Por el contrario, fue enviado a los subsidios que la Legislatura y sus miembros otorgan discrecionalmente, y cuya rendición de cuentas es una papeleta impresa al mejor estilo de los recibos Húsares, con la fotocopia de un DNI adjuntada.
El 8 de septiembre (un día después de que llegara el primer refuerzo presupuestario de $ 20 millones a Gastos en Personal), fueron retirados $ 20 millones de esa partida y enviados a la de Gastos Sociales. Usaron para ello el decreto legislativo 869.
El 21 de septiembre, lo transferido de la partida de sueldos para la de subsidios fue de $ 130 millones, según consta en el decreto legislativo 920.
El 14 de octubre hubo una nueva “compensación”, otra vez sacando de los salarios en beneficio de los Gastos Sociales, por $ 20 millones, tal y como establece el decreto legislativo 980.
Finalmente, el 28 de octubre (el día en que terminó la tercera gobernación de Alperovich, 72 horas después de ser electo senador), el decreto legislativo 1.079 (uno de los últimos de la vicegobernación de Manzur) mandó mover $ 100 millones de los documentados Gastos en Personal al “limbo de los papelitos” de los Gastos Sociales.
Para qué
Es revelador radiografiar este último movimiento, a modo de modelo a escala de los demás. De estos $ 100 millones:
• $ 30 millones fueron descontados de la subpartida “Planta Permanente”.
• $ 30 millones más, de la subpartida “Personal Temporario”.
• $ 22 millones, de la subpartida “Asistencia Social” a empleados legislativos.
• $ 10 millones, de la subpartida “Sueldo Anual Complementario”.
• $ 6 millones, la subpartida “Retribuciones Extraordinarias” para los empleados parlamentarios.
• $ 2 millones, de la subpartida “Complementos”, que son sumas abonadas al personal transitorio con carácter de no remunerativas y no bonificables.
Esta disección determina dos opciones: o en Tucumán es perfectamente legal transferir dineros de la partida de sueldos y dejar a empleados permanentes y contratados del Estado sin salarios ni aguinaldos; o el poder político firmó instrumentos oficiales según los cuales enviaba $ 570 millones para pagar sueldos de la Legislatura, aún a sabiendas de que el destino del 82% de esa masa de recursos iba a ser otro.
Lo cual habilita dos interrogantes. El primero, de índole procedimental, refiere a la legalidad de lo realizado. El Presupuesto General de la Provincia es, como se ha dicho, una ley que la Legislatura aprueba y el Ejecutivo promulga. Es decir, ahí están fijados los créditos presupuestarios para cada unidad de organización. Ahora bien, durante el ejercicio surgen necesidades de reforzar los recursos de unas partidas con los recursos de otra. Esas “compensaciones” están previstas por la Ley Complementaria de Presupuesto, que pauta cuáles partidas gozan de esa “flexibilidad”. Al respecto, hay fuentes especializadas del Estado, consultadas por este diario y compelidas a mantener en reserva su identidad por su condición de empleados públicos, que sostienen que las partidas de gastos de personal no gozan de esa flexibilidad.
La segunda cuestión es más bien existencial. Si $ 8 de cada $ 10 que el Gobierno mandó en concepto de sueldos legislativos se iban a emplear en otra cosa, es decir, si la verdad no está en los documentos oficiales, ¿qué es lo que está puesto en ellos?
Es decir, a estas alturas está largamente probado que un político (o muchos de ellos) pueden faltar a la verdad. Pero no estamos hablando de promesas de campaña incumplidas, sino de instrumentos públicos. ¿Puede mentir el Estado? Más aún, ¿el Estado puede mentir y que nada pase? O sea, ¿da lo mismo?
Por qué
Por cierto, los decretos legislativos documentan la transferencia de $ 270 millones. Los $ 200 restantes (que completan los $ 470 destinados a sueldos, pero no usados para ellos) también habrían ido a parar a los Gastos Sociales, teniendo en cuenta la progresión de los montos de esa partida de subsidios.
Lo que aún no aparecen son los instrumentos legales con los cuales esos recursos salieron de la partida de salarios para terminar en la de ayudas políticas. O sea, hasta aquí, están ahí porque sí.
Quién
Huelga decirlo, estamos hablando de dineros directamente vinculados a uno de los escándalos públicos más sonados del alperovichato, revelado y documentado por LA GACETA: el de las “valijas legislativas”. Durante junio, julio y agosto del año pasado, $ 200 millones de las cuentas parlamentarias fueron extraídos físicamente del banco oficial, maletas mediante, y llevados quién sabe dónde en vehículos de la Cámara. Por la fecha de la ampliación presupuestaria, es obvio que de los $ 570 millones girados a la Legislatura en septiembre no salió dinero para los baúles, pero parece cuanto menos factible que con esos recursos sí se compensaron partidas de las cuales sí habían sacado dinero “en rueditas”.
Si no hay certezas al respecto es porque la investigación de las valijas legislativas se encuentra atravesada por las mismas incongruencias que los fondos transferidos a la Legislatura durante el ojo del huracán electoral. Según el Código Procesal Penal de Tucumán, cuando una denuncia que involucra a ciudadanos que gozan de fueros (legisladores) o de inmunidades procesales inherentes al cargo (funcionarios) llega a un fiscal de instrucción (en este caso, Washington Navarro Dávila), este tiene tres días para requerir la investigación jurisdiccional. El abogado Oscar López presentó el 5 de noviembre de 2015 su denuncia para que se investigue qué hizo el poder político con semejante cantidad de plata. Ya han pasado 275 días y sólo acontece una curiosidad: aún en los peores momentos de las polémicas entre la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, nadie se acordó de semejante demora.
Ese silencio es el triunfo de la democracia pavimentadora. Si con los plazos procesales se puede hacer cualquier cosa, ¿por qué no hacer cualquier cosa con las partidas presupuestarias?
El cualquiercosismo está diluviando.
Entre esas dos fechas, el 9 de septiembre, la Cámara sesionó y aprobó la ampliación del Presupuesto de la Provincia. Al respecto, dos aclaraciones. La primera: el incremento general para la administración pública fue del 8% de los recursos, y no del 60% como en el caso legislativo. La segunda: una ampliación presupuestaria no es tanto un permiso para incorporar dineros, sino más bien una autorización para blanquear lo que ya se ha gastado.
A la luz de ello, es ineludible reparar en que las partidas del parlamento tucumano fueron reforzadas con el volumen de recursos mensionado 15 días después de las elecciones del 23 de agosto en que Juan Manzur -para esa fecha, presidente de la Legislatura en su condición de vicegobernador- resultó electo gobernador. Exactamente dos semanas después de los comicios que fueron anulados por la Cámara en lo Contencioso Administrativo (e inmediatamente después convalidados por la Corte provincial), como consecuencia de los multiplicados casos de urnas quemadas y “embarazadas”, precedidas por la entrega de bolsones y el acarreo de votantes.
Léase, también, que estos $ 570 millones “extra” ingresaron a la Legislatura 40 días antes de la votación nacional del 25 de octubre, durante las que el entonces gobernador, José Alperovich, resultó consagrado senador nacional. Con la misma boleta sábana, José López, el ex secretario de Obras Públicas de la Nación detenido cuando ingresaba a un convento U$S 9,5 millones (o lo que es igual, un barrio de 130 viviendas), era electo parlamentario del Mercosur.
Pero eso no es todo.
Cuándo
Todo el dinero que amplió el presupuesto legislativo anterior fue remitido íntegramente a la partida 100, mejor conocida como Gastos en Personal.
Los recursos previstos originariamente para el pago de salarios parlamentarios (legisladores, empleados de planta permanente y contratados) sumaban $ 751 millones. De modo que los $ 570 enviados en septiembre representaron un incremento para erogaciones de sueldos del 76%.
Pero eso no es todo.
Dónde
Justamente, sería admisible preguntarse cómo es posible que quienes diseñaron el Presupuesto 2015 de la Cámara se equivocaran por semejante margen de error, si no fuera por un detalle. De todo el dineral que llegó para Gastos de Personal de la Legislatura durante el noveno mes del año pasado, sólo se “quedaron” dentro de la partida $ 92 millones.
Para pasarlo en limpio: en vez de los mencionados $ 751 millones, cuando terminó el año lo ordenado a pagar fue $ 843 millones. Es de decir, un 12% más.
Entonces, ¿qué pasó con los $ 478 millones que ingresaron en la partida de Gastos de Personal de la Legislatura, pero que no se gastaron en sueldos de la Legislatura?
La respuesta a ese interrogante es, por así decirlo, prácticamente todo.
Cómo
Salvo $ 8 millones que fueron a la partida de Servicios No Personales (erogaciones que no son salarios), los otros $ 470 millones fueron sacados de la partida 100, Gastos en Personal, y enviados a la partida 514: Gastos Sociales.
Léase, el 82% del dinero enviado para pagar salarios no fue usado con ese destino, que siempre está documentado en boletas de sueldos y aportes jubilatorios. Por el contrario, fue enviado a los subsidios que la Legislatura y sus miembros otorgan discrecionalmente, y cuya rendición de cuentas es una papeleta impresa al mejor estilo de los recibos Húsares, con la fotocopia de un DNI adjuntada.
El 8 de septiembre (un día después de que llegara el primer refuerzo presupuestario de $ 20 millones a Gastos en Personal), fueron retirados $ 20 millones de esa partida y enviados a la de Gastos Sociales. Usaron para ello el decreto legislativo 869.
El 21 de septiembre, lo transferido de la partida de sueldos para la de subsidios fue de $ 130 millones, según consta en el decreto legislativo 920.
El 14 de octubre hubo una nueva “compensación”, otra vez sacando de los salarios en beneficio de los Gastos Sociales, por $ 20 millones, tal y como establece el decreto legislativo 980.
Finalmente, el 28 de octubre (el día en que terminó la tercera gobernación de Alperovich, 72 horas después de ser electo senador), el decreto legislativo 1.079 (uno de los últimos de la vicegobernación de Manzur) mandó mover $ 100 millones de los documentados Gastos en Personal al “limbo de los papelitos” de los Gastos Sociales.
Para qué
Es revelador radiografiar este último movimiento, a modo de modelo a escala de los demás. De estos $ 100 millones:
• $ 30 millones fueron descontados de la subpartida “Planta Permanente”.
• $ 30 millones más, de la subpartida “Personal Temporario”.
• $ 22 millones, de la subpartida “Asistencia Social” a empleados legislativos.
• $ 10 millones, de la subpartida “Sueldo Anual Complementario”.
• $ 6 millones, la subpartida “Retribuciones Extraordinarias” para los empleados parlamentarios.
• $ 2 millones, de la subpartida “Complementos”, que son sumas abonadas al personal transitorio con carácter de no remunerativas y no bonificables.
Esta disección determina dos opciones: o en Tucumán es perfectamente legal transferir dineros de la partida de sueldos y dejar a empleados permanentes y contratados del Estado sin salarios ni aguinaldos; o el poder político firmó instrumentos oficiales según los cuales enviaba $ 570 millones para pagar sueldos de la Legislatura, aún a sabiendas de que el destino del 82% de esa masa de recursos iba a ser otro.
Lo cual habilita dos interrogantes. El primero, de índole procedimental, refiere a la legalidad de lo realizado. El Presupuesto General de la Provincia es, como se ha dicho, una ley que la Legislatura aprueba y el Ejecutivo promulga. Es decir, ahí están fijados los créditos presupuestarios para cada unidad de organización. Ahora bien, durante el ejercicio surgen necesidades de reforzar los recursos de unas partidas con los recursos de otra. Esas “compensaciones” están previstas por la Ley Complementaria de Presupuesto, que pauta cuáles partidas gozan de esa “flexibilidad”. Al respecto, hay fuentes especializadas del Estado, consultadas por este diario y compelidas a mantener en reserva su identidad por su condición de empleados públicos, que sostienen que las partidas de gastos de personal no gozan de esa flexibilidad.
La segunda cuestión es más bien existencial. Si $ 8 de cada $ 10 que el Gobierno mandó en concepto de sueldos legislativos se iban a emplear en otra cosa, es decir, si la verdad no está en los documentos oficiales, ¿qué es lo que está puesto en ellos?
Es decir, a estas alturas está largamente probado que un político (o muchos de ellos) pueden faltar a la verdad. Pero no estamos hablando de promesas de campaña incumplidas, sino de instrumentos públicos. ¿Puede mentir el Estado? Más aún, ¿el Estado puede mentir y que nada pase? O sea, ¿da lo mismo?
Por qué
Por cierto, los decretos legislativos documentan la transferencia de $ 270 millones. Los $ 200 restantes (que completan los $ 470 destinados a sueldos, pero no usados para ellos) también habrían ido a parar a los Gastos Sociales, teniendo en cuenta la progresión de los montos de esa partida de subsidios.
Lo que aún no aparecen son los instrumentos legales con los cuales esos recursos salieron de la partida de salarios para terminar en la de ayudas políticas. O sea, hasta aquí, están ahí porque sí.
Quién
Huelga decirlo, estamos hablando de dineros directamente vinculados a uno de los escándalos públicos más sonados del alperovichato, revelado y documentado por LA GACETA: el de las “valijas legislativas”. Durante junio, julio y agosto del año pasado, $ 200 millones de las cuentas parlamentarias fueron extraídos físicamente del banco oficial, maletas mediante, y llevados quién sabe dónde en vehículos de la Cámara. Por la fecha de la ampliación presupuestaria, es obvio que de los $ 570 millones girados a la Legislatura en septiembre no salió dinero para los baúles, pero parece cuanto menos factible que con esos recursos sí se compensaron partidas de las cuales sí habían sacado dinero “en rueditas”.
Si no hay certezas al respecto es porque la investigación de las valijas legislativas se encuentra atravesada por las mismas incongruencias que los fondos transferidos a la Legislatura durante el ojo del huracán electoral. Según el Código Procesal Penal de Tucumán, cuando una denuncia que involucra a ciudadanos que gozan de fueros (legisladores) o de inmunidades procesales inherentes al cargo (funcionarios) llega a un fiscal de instrucción (en este caso, Washington Navarro Dávila), este tiene tres días para requerir la investigación jurisdiccional. El abogado Oscar López presentó el 5 de noviembre de 2015 su denuncia para que se investigue qué hizo el poder político con semejante cantidad de plata. Ya han pasado 275 días y sólo acontece una curiosidad: aún en los peores momentos de las polémicas entre la Corte Suprema de Justicia de la Provincia y el Ministerio Público Fiscal, nadie se acordó de semejante demora.
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