Por LA GACETA
06 Agosto 2016
Es el precepto dictado por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo en consonancia con la justicia y para el bien de los gobernados. Nació como una necesidad de regular la convivencia en una comunidad. La ley es esa norma jurídica que dice cómo debe ser la conducta de los habitantes en una sociedad, y busca zanjar en los conflictos que pudieran presentarse. Su cumplimiento es obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepción, de una nación, porque del acatamiento de las reglas dependerá que un país no termine convertido en una anarquía o caos.
La orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de llevar por la fuerza pública a declarar a Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, involucrada en la causa que investiga supuestos desvíos millonarios en el plan “Sueños compartidos”, destinado a construir viviendas sociales, ocasionó un revuelo a nivel nacional. En dos oportunidades anteriores, ante la requisitoria del magistrado, la titular de Madres se había negado a ir a declarar al juzgado. Ella lo acusó de falta de que no tenía “huevos” y “se las agarra con las Madres, con las indefensas, y no con quien debería”. Agregó: “al juez no lo respeto, porque él no nos respeta a nosotros. A un juez pago por el Estado y por otros, como Clarín, no lo puedo respetar, como mujer del pueblo, como madre de desaparecidos. Uno puede respetar a jueces que hacen sentir que van a implementar justicia, pero a estos tipos, tan débiles, que se someten a la guita que les dan cuando hacen una de estas, no”, dijo.
Finalmente, Bonafini dio marcha atrás en su negativa y accedió ayer a declarar; en consecuencia, el juez levantó la orden de detención, y la declaración se llevaría a cabo el lunes.
Este episodio, que dividió a parte de la opinión pública y generó acciones populares para impedir que la líder de Madres fuese detenida, debe hacernos reflexionar acerca del acatamiento de las normas. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo tanto, estos deben respetarla y obedecerla, cualquiera sea su condición social, profesión o cargo en la función pública o privada.
El artículo 18 de nuestra Constitución establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”, afirma la Carta Magna y en ese caso, una autoridad competente es la que dio la orden.
Declarar en una causa puede servir para colaborar brindando información o demostrar que no se tiene implicancia alguna en el hecho que está siendo investigado. Si cada ciudadano resistiera una inquisitoria judicial, argumentando que no le gusta el magistrado o que la Justicia o parte de ella es corrupta, la sociedad sería un caos; cada uno podría hacer justicia por mano propia o haría lo que quisiere porque no habría sanción, no habría ley y todo estaría permitido. En un estado de derecho ello no puede ser posible, aunque la Justicia sea blanco de críticas. Una democracia no puede existir sin instituciones y sin el debido respeto por ellas. “La ley suprema es el bien del pueblo. Para ser libres hay que ser esclavos de la ley”, afirmaba hace muchos siglos el jurista y filósofo romano Marco Tulio Cicerón (106 aC-43 aC).
La orden del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi de llevar por la fuerza pública a declarar a Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, involucrada en la causa que investiga supuestos desvíos millonarios en el plan “Sueños compartidos”, destinado a construir viviendas sociales, ocasionó un revuelo a nivel nacional. En dos oportunidades anteriores, ante la requisitoria del magistrado, la titular de Madres se había negado a ir a declarar al juzgado. Ella lo acusó de falta de que no tenía “huevos” y “se las agarra con las Madres, con las indefensas, y no con quien debería”. Agregó: “al juez no lo respeto, porque él no nos respeta a nosotros. A un juez pago por el Estado y por otros, como Clarín, no lo puedo respetar, como mujer del pueblo, como madre de desaparecidos. Uno puede respetar a jueces que hacen sentir que van a implementar justicia, pero a estos tipos, tan débiles, que se someten a la guita que les dan cuando hacen una de estas, no”, dijo.
Finalmente, Bonafini dio marcha atrás en su negativa y accedió ayer a declarar; en consecuencia, el juez levantó la orden de detención, y la declaración se llevaría a cabo el lunes.
Este episodio, que dividió a parte de la opinión pública y generó acciones populares para impedir que la líder de Madres fuese detenida, debe hacernos reflexionar acerca del acatamiento de las normas. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, por lo tanto, estos deben respetarla y obedecerla, cualquiera sea su condición social, profesión o cargo en la función pública o privada.
El artículo 18 de nuestra Constitución establece que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. “Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”, afirma la Carta Magna y en ese caso, una autoridad competente es la que dio la orden.
Declarar en una causa puede servir para colaborar brindando información o demostrar que no se tiene implicancia alguna en el hecho que está siendo investigado. Si cada ciudadano resistiera una inquisitoria judicial, argumentando que no le gusta el magistrado o que la Justicia o parte de ella es corrupta, la sociedad sería un caos; cada uno podría hacer justicia por mano propia o haría lo que quisiere porque no habría sanción, no habría ley y todo estaría permitido. En un estado de derecho ello no puede ser posible, aunque la Justicia sea blanco de críticas. Una democracia no puede existir sin instituciones y sin el debido respeto por ellas. “La ley suprema es el bien del pueblo. Para ser libres hay que ser esclavos de la ley”, afirmaba hace muchos siglos el jurista y filósofo romano Marco Tulio Cicerón (106 aC-43 aC).
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