05 Agosto 2016
El testimonio de una de las 271 víctimas de la megacausa “Operativo Independencia” generó ayer un debate sobre los alcances de las preguntas que las partes pueden efectuar a los testigos.
Rodolfo María Ojea Quintana fue el primero de una larga lista de testigos en declarar. El abogado de 70 años relató que en 1975 vivía en San Isidro (Buenos Aires) y que había viajado a Tucumán para pasar las vacaciones. Junto a su esposa y sus hijos se había instalado en una casa de Yerba Buena. Afirmó ser militante del Partido Peronista Auténtico-Montoneros. El 9 de febrero, recordó, dormía cuando unos gritos lo despertaron. “Tenía una pistola en la cabeza. Después me entero que era Albornoz, un comisario, “El Tuerto”. Me vendaron los ojos”, detalló. Dijo haber sido llevado a la delegación de la Policía Federal, donde cree que permaneció algunos días y pudo hablar con otro secuestrado llamado (Guillermo) Díaz Nieto, otra de las víctimas de la causa. “Sufrí torturas con la picana, me estaquearon en una cama y me tiraban agua. Escuché los gritos de mi mujer, a la que estaban torturando. A mí me torturaba un oficial que se llamaba Fischetti”, consignó.
Afirmó que el 12 de febrero le abrieron una causa por asociación ilícita y que lo llevaron a declarar al Juzgado Federal. “Denuncié lo que pasaba. Me llevaron a Villa Urquiza. De allí al penal de Chaco y luego, al de Rawson”, repasó. En 1981 fue liberado.
Una pregunta del defensor Facundo Maggio (defiende a Camilo Orce) desencadenó la polémica. El abogado advirtió que el requerimiento sería para aportar al contexto y preguntó al testigo si tenía una causa penal anterior a los hechos. “Sí. Pero no entiendo la pregunta. Qué tiene que ver con la detención y la tortura”, subrayó Ojea Quintana. La fiscal Julia Vitar objetó la pregunta. “Si vamos a decir si su militancia en Montoneros justifica que fuera secuestrado y torturado, estamos errando el camino”, afirmó el fiscal Pablo Camuña.
“Ellos y nosotros conocemos el pasado del testigo. Estos cuestionamientos se hacen sólo a personas que han tenido determinada militancia en grupos guerrilleros, que han sido delincuentes, que han matado a personas. No se justifica para nada las torturas, pero quiero que quede en claro que preguntaré dentro de la ley a determinados testigos que tuvieron una participación pública”, consignó el defensor Mario Leiva Haro (representa a José Abba). El defensor oficial Adolfo Bertini remarcó que poder preguntar ese tipo de cuestiones era necesario para la veracidad del testigo.
Las afirmaciones de Leiva generaron el repudio de los abogados querellantes y fiscales.
El Tribunal resolvió por mayoría (el juez Juan Carlos Reynaga votó en disidencia) admitir la pregunta y recordó que el testigo puede no responder si entiende que podría autoincriminarse.
Rodolfo María Ojea Quintana fue el primero de una larga lista de testigos en declarar. El abogado de 70 años relató que en 1975 vivía en San Isidro (Buenos Aires) y que había viajado a Tucumán para pasar las vacaciones. Junto a su esposa y sus hijos se había instalado en una casa de Yerba Buena. Afirmó ser militante del Partido Peronista Auténtico-Montoneros. El 9 de febrero, recordó, dormía cuando unos gritos lo despertaron. “Tenía una pistola en la cabeza. Después me entero que era Albornoz, un comisario, “El Tuerto”. Me vendaron los ojos”, detalló. Dijo haber sido llevado a la delegación de la Policía Federal, donde cree que permaneció algunos días y pudo hablar con otro secuestrado llamado (Guillermo) Díaz Nieto, otra de las víctimas de la causa. “Sufrí torturas con la picana, me estaquearon en una cama y me tiraban agua. Escuché los gritos de mi mujer, a la que estaban torturando. A mí me torturaba un oficial que se llamaba Fischetti”, consignó.
Afirmó que el 12 de febrero le abrieron una causa por asociación ilícita y que lo llevaron a declarar al Juzgado Federal. “Denuncié lo que pasaba. Me llevaron a Villa Urquiza. De allí al penal de Chaco y luego, al de Rawson”, repasó. En 1981 fue liberado.
Una pregunta del defensor Facundo Maggio (defiende a Camilo Orce) desencadenó la polémica. El abogado advirtió que el requerimiento sería para aportar al contexto y preguntó al testigo si tenía una causa penal anterior a los hechos. “Sí. Pero no entiendo la pregunta. Qué tiene que ver con la detención y la tortura”, subrayó Ojea Quintana. La fiscal Julia Vitar objetó la pregunta. “Si vamos a decir si su militancia en Montoneros justifica que fuera secuestrado y torturado, estamos errando el camino”, afirmó el fiscal Pablo Camuña.
“Ellos y nosotros conocemos el pasado del testigo. Estos cuestionamientos se hacen sólo a personas que han tenido determinada militancia en grupos guerrilleros, que han sido delincuentes, que han matado a personas. No se justifica para nada las torturas, pero quiero que quede en claro que preguntaré dentro de la ley a determinados testigos que tuvieron una participación pública”, consignó el defensor Mario Leiva Haro (representa a José Abba). El defensor oficial Adolfo Bertini remarcó que poder preguntar ese tipo de cuestiones era necesario para la veracidad del testigo.
Las afirmaciones de Leiva generaron el repudio de los abogados querellantes y fiscales.
El Tribunal resolvió por mayoría (el juez Juan Carlos Reynaga votó en disidencia) admitir la pregunta y recordó que el testigo puede no responder si entiende que podría autoincriminarse.
Lo más popular
