Por LA GACETA
04 Agosto 2016
Si hay una provincia que tiene problemas que se han graduado de crónicos, es la nuestra. Algunos de ellos rozan la ilegalidad o están fuera de la ley, aunque hay casos que, según se afirma, son difíciles de probar como la coima. El plus médico tiene patente tucumana y el único perjudicado es el ciudadano, afiliado a una obra social.
Las principales víctimas de este antiguo cobro ilícito suelen ser los afiliados al Subsidio de Salud. Los médicos que lo cobran, argumentan que los aranceles por la prestación son muy exiguos o que su pago se extiende a los 90 días. De modo que cobran la orden de consulta más una suma de dinero extra, pero no otorgan recibo al paciente, con el cual este podría gestionar el reintegro ante su obra social.
Los lectores suelen escribir con frecuencia sobre el asunto en nuestra sección Cartas. “Plus es una elegante manera de pedir más. Los profesionales de la salud han encontrado la manera práctica de lograrlo, sin paritarias, sin discusiones, sin paros. Aún más: sin aportes a la AFIP, ya que no se hace recibo ni documentación alguna”, dice el lector Darío Albornoz en su carta del 30/3. Y agrega que la justificación de la capacidad adquirida con esfuerzo no tiene asidero porque “tales conocimientos fueron costeados a través de la Universidad por el mismo contribuyente, o sea, el pueblo que hoy acude a él por servicios”.
La situación es muy compleja para los pacientes. Pagan aportes salidos de su sueldo para la obra social cada mes para no tener problemas de dinero llegado el momento de la enfermedad personal o de su núcleo familiar, y cuando le cobran el plus no tiene escapatoria. Está atrapado entre la angustia del problema de salud y la confianza que se le tiene al profesional que se ha elegido para buscar la cura, el cual se ha comprometido previamente mediante contrato con la obra social a brindar esos servicios. En ese contrato no está estipulado el plus. De hecho hay médicos que consideran insuficiente lo que les ofrecen como paga las obras sociales y no entran al sistema. Pero la práctica del plus se da entre los que firman acuerdos con obras sociales y cobran por aparte sumas en negro, por las cuales no tributan al Estado.
El plus médico nació en 1985, cuando la inflación devaluó los aranceles establecidos y estos no se actualizaron. Los médicos recurrieron a cobros adicionales para equilibrar sus honorarios, fisurando el sistema de seguridad social, con el perjuicio del afiliado. Para dar fin a estos excesos, el 19 de noviembre de 1990, se sancionó la ley N° 6.061, conocida como la Ley Fierro, que prescribía la ilegalidad del pago de adicionales en las consultas médicas, sin embargo, no se la hizo cumplir.
En noviembre de 2015, la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de la Seguridad Social informó que los médicos facturaban por mes unos $15 millones en negro, solo por las consultas con órdenes del Subsidio de Salud. La semana pasada, el interventor del Subsidio de Salud, que integró el Siprosa en el gobierno anterior, acordó con los gremios trabajar para erradicar el cobro del plus médico.
La ilegalidad de este asunto ha cumplido 31 años. Se trata de una estafa encubierta en contra de los afiliados y del mismo Estado, que cuenta con la complicidad de las autoridades, ya que no aplican la ley desde 1990.
Las principales víctimas de este antiguo cobro ilícito suelen ser los afiliados al Subsidio de Salud. Los médicos que lo cobran, argumentan que los aranceles por la prestación son muy exiguos o que su pago se extiende a los 90 días. De modo que cobran la orden de consulta más una suma de dinero extra, pero no otorgan recibo al paciente, con el cual este podría gestionar el reintegro ante su obra social.
Los lectores suelen escribir con frecuencia sobre el asunto en nuestra sección Cartas. “Plus es una elegante manera de pedir más. Los profesionales de la salud han encontrado la manera práctica de lograrlo, sin paritarias, sin discusiones, sin paros. Aún más: sin aportes a la AFIP, ya que no se hace recibo ni documentación alguna”, dice el lector Darío Albornoz en su carta del 30/3. Y agrega que la justificación de la capacidad adquirida con esfuerzo no tiene asidero porque “tales conocimientos fueron costeados a través de la Universidad por el mismo contribuyente, o sea, el pueblo que hoy acude a él por servicios”.
La situación es muy compleja para los pacientes. Pagan aportes salidos de su sueldo para la obra social cada mes para no tener problemas de dinero llegado el momento de la enfermedad personal o de su núcleo familiar, y cuando le cobran el plus no tiene escapatoria. Está atrapado entre la angustia del problema de salud y la confianza que se le tiene al profesional que se ha elegido para buscar la cura, el cual se ha comprometido previamente mediante contrato con la obra social a brindar esos servicios. En ese contrato no está estipulado el plus. De hecho hay médicos que consideran insuficiente lo que les ofrecen como paga las obras sociales y no entran al sistema. Pero la práctica del plus se da entre los que firman acuerdos con obras sociales y cobran por aparte sumas en negro, por las cuales no tributan al Estado.
El plus médico nació en 1985, cuando la inflación devaluó los aranceles establecidos y estos no se actualizaron. Los médicos recurrieron a cobros adicionales para equilibrar sus honorarios, fisurando el sistema de seguridad social, con el perjuicio del afiliado. Para dar fin a estos excesos, el 19 de noviembre de 1990, se sancionó la ley N° 6.061, conocida como la Ley Fierro, que prescribía la ilegalidad del pago de adicionales en las consultas médicas, sin embargo, no se la hizo cumplir.
En noviembre de 2015, la Asociación Tucumana de Empleados Previsionales y de la Seguridad Social informó que los médicos facturaban por mes unos $15 millones en negro, solo por las consultas con órdenes del Subsidio de Salud. La semana pasada, el interventor del Subsidio de Salud, que integró el Siprosa en el gobierno anterior, acordó con los gremios trabajar para erradicar el cobro del plus médico.
La ilegalidad de este asunto ha cumplido 31 años. Se trata de una estafa encubierta en contra de los afiliados y del mismo Estado, que cuenta con la complicidad de las autoridades, ya que no aplican la ley desde 1990.
Lo más popular
