02 Agosto 2016
El juez federal N° 10 con sede en Ciudad de Buenos Aires, Julián Ercolini, ordenó una serie de medidas judiciales a los tribunales de esta provincia, en el marco de la causa caratulada “Néstor Kirchner y otros, sobre asociación ilícita”.
El magistrado dispuso el envío de oficios a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de la Justicia provincial, con el objetivo de que remita información sobre la causa “Gustavo Durán - Alfredo Calvo, sobre defraudación en contra de la Administración Pública”. Además, los titulares de los cinco Juzgados de Instrucción de ese fuero y de los dos Juzgados Federales de Tucumán deberán indicarle a Ercolini si llevan adelante pesquisas relacionadas con el manejo de fondos públicos nacionales por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu o IPV), que tiene por interventor a Durán. En caso positivo, deberán girar al despacho del magistrado porteño la documentación vinculada al tema.
Ercolini adoptó estas medidas en el marco de la causa N° 15.734/08, iniciada en 2008 por la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI-Cambiemos).
En ese momento, la hoy aliada al presidente Mauricio Macri denunció, entre otros presuntos hechos, presuntas anomalías en contratos para obras viales y para el Plan Federal de Vivienda, así como supuestas maniobras de lavado de dinero por parte de funcionarios y de contratistas del Estado.
En esta pesquisa quedó involucrado también el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López. El renunciante representante del Parlasur por Tucumán está preso desde junio pasado, acusado de presunto enriquecimiento ilícito, luego de que lo sorprendieran tratando de ocultar bolsos con unos U$S 9 millones en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Este proceso es dirigido por el juez federal porteño Daniel Rafecas.
Tras el escándalo, la senadora nacional por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) se presentó ante Ercolini bajo la figura del amicus curiae (es decir, amigo del juez o del tribunal). La radical le pidió al magistrado que tuviera en cuenta posibles vinculaciones entre obras públicas concretadas en esta provincia y la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Mediante un oficio dictado el 30 de junio, un día antes del inicio de la feria judicial, Ercolini resolvió, entre otras medidas, los pedidos de informes a los tribunales de esta provincia. Uno de los expedientes señalados por Elías de Pérez refiere al megaproyecto habitacional Lomas de Tafí , que tiene unas 5.000 casas. Ese caso, la radical señaló a Durán y al titular de la SAT, Calvo. Ercolini consignó que la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación de la capital deberá indicar la fecha de inicio, objeto procesal, nombres de las personas imputadas y su situación procesal. Además, el fuero provincial y el federal deberán remitir los expedientes vinculados al uso de fondos nacionales para viviendas.
“Existe un denominador común en toda la obra pública en la Argentina de los últimos 12 años: la corrupción. El manejo oscuro de los fondos y el posterior enriquecimiento de los funcionarios nacionales y provinciales. La asociación ilícita que aquí se investiga debe ampliar el espectro con los funcionarios que en las provincias ayudaron a la consumación de los distintos delitos”, señaló Elías de Pérez.
El magistrado dispuso el envío de oficios a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de la Justicia provincial, con el objetivo de que remita información sobre la causa “Gustavo Durán - Alfredo Calvo, sobre defraudación en contra de la Administración Pública”. Además, los titulares de los cinco Juzgados de Instrucción de ese fuero y de los dos Juzgados Federales de Tucumán deberán indicarle a Ercolini si llevan adelante pesquisas relacionadas con el manejo de fondos públicos nacionales por parte del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvydu o IPV), que tiene por interventor a Durán. En caso positivo, deberán girar al despacho del magistrado porteño la documentación vinculada al tema.
Ercolini adoptó estas medidas en el marco de la causa N° 15.734/08, iniciada en 2008 por la denuncia de la diputada nacional Elisa Carrió (CC-ARI-Cambiemos).
En ese momento, la hoy aliada al presidente Mauricio Macri denunció, entre otros presuntos hechos, presuntas anomalías en contratos para obras viales y para el Plan Federal de Vivienda, así como supuestas maniobras de lavado de dinero por parte de funcionarios y de contratistas del Estado.
En esta pesquisa quedó involucrado también el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José Francisco López. El renunciante representante del Parlasur por Tucumán está preso desde junio pasado, acusado de presunto enriquecimiento ilícito, luego de que lo sorprendieran tratando de ocultar bolsos con unos U$S 9 millones en un convento de la localidad bonaerense de General Rodríguez. Este proceso es dirigido por el juez federal porteño Daniel Rafecas.
Tras el escándalo, la senadora nacional por Tucumán Silvia Elías de Pérez (UCR-Cambiemos) se presentó ante Ercolini bajo la figura del amicus curiae (es decir, amigo del juez o del tribunal). La radical le pidió al magistrado que tuviera en cuenta posibles vinculaciones entre obras públicas concretadas en esta provincia y la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Mediante un oficio dictado el 30 de junio, un día antes del inicio de la feria judicial, Ercolini resolvió, entre otras medidas, los pedidos de informes a los tribunales de esta provincia. Uno de los expedientes señalados por Elías de Pérez refiere al megaproyecto habitacional Lomas de Tafí , que tiene unas 5.000 casas. Ese caso, la radical señaló a Durán y al titular de la SAT, Calvo. Ercolini consignó que la Fiscalía de Instrucción de la II Nominación de la capital deberá indicar la fecha de inicio, objeto procesal, nombres de las personas imputadas y su situación procesal. Además, el fuero provincial y el federal deberán remitir los expedientes vinculados al uso de fondos nacionales para viviendas.
“Existe un denominador común en toda la obra pública en la Argentina de los últimos 12 años: la corrupción. El manejo oscuro de los fondos y el posterior enriquecimiento de los funcionarios nacionales y provinciales. La asociación ilícita que aquí se investiga debe ampliar el espectro con los funcionarios que en las provincias ayudaron a la consumación de los distintos delitos”, señaló Elías de Pérez.
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