Por LA GACETA
22 Julio 2016
Es una historia de nunca acabar. Una o más veces al año es noticia y no precisamente positiva. El servicio de taxis sigue mostrando falencias y últimamente ha sido asociado con el delito. Se han registrado en estos siete meses, 15 denuncias en dependencias policiales, de las cuales cinco se efectuaron en la semana que pasó, de acuerdo con lo informado por el Departamento de Operaciones Policiales. En la madrugada de ayer la Policía comenzó a buscar a los ocupantes de taxi, con licencia de San Miguel de Tucumán, empleado para cometer un robo en la calles Jujuy al 2.400.
En nuestra edición del domingo dedicamos un amplio espacio sobre el asunto.
El titular del Sindicato de Peones de Taxis afirmó que uno de los principales problemas es que los propietarios, por no blanquear a los choferes, alquilan los autos a desconocidos sin tomar precaución alguna y denunció en ese sentido falta de controles del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa). Un directivo de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat) sostuvo que los choferes que cometen delitos son los que manejan autos de otros municipios o ‘truchos’. “Y eso se debe a la anarquía que existe en el servicio por la falta de control”, dijo. Descartó que se haya producido un incremento de alquiler de vehículos y denunció que personas que están gozando de permisos extramuros son conductores de taxis. “Supuestamente la Municipalidad les debería exigir certificados de buena conducta”, dijo.
El subdirector del Sutrappa dijo que para poder conducir unauto de alquiler, además de la licencia especial, los choferes tienen que portar el carnet del organismo que se expide solo si presentan el certificado de buena conducta.“No sólo somos exigentes pidiéndoles el certificado de buena conducta, sino que es una documentación que debe ser renovada”, afirmó y admitió que por “problemas técnicos” se dejó de controlar que las unidades tengan el cartel donde se informan los datos de su conductor.
El 11 abril de 2006, la ordenanza N° 3.714 creó el Sutrappa, que nació ya entonces rengo. En ese momento, se dijo que el sistema era incompatible con la Ley Nacional de Tránsito, que establece 10 años de antigüedad para el transporte de pasajeros. Transcurrieron pocos meses para que se confirmara esa observación. En la sesión del 3 de agosto de ese año, el Concejo aprobó una norma que concedía mayores facilidades a los taxistas y remiseros ilegales para poder ingresar en el Sutrappa. El organismo creció salpicado por denuncias de irregularidades. Por ejemplo, nada se sabe de la corrupción de los “taxis mellizos”, denunciada en julio de 2012 por una edil de la UCR. En la denuncia se señalaban los delitos de adulteración de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y asociación ilícita que se habrían cometido en el organismo. Las denuncias por irregularidades en el servicio son frecuentes y, al parecer, la falta de soluciones que deben provenir de la autoridad ha desembocado en una actividad delictiva que pone en vilo a la sociedad. Da la impresión de que el usuario que debe ser el protagonista del servicio porque mantiene a los taxistas con su dinero y a los empleados municipales pagando los impuestos, es el que menos interesa. Mientras las imputaciones de corrupción y de falta de transparencia institucional sigan existiendo, las aguas seguirán bajando turbias para desgracia del ciudadano.
En nuestra edición del domingo dedicamos un amplio espacio sobre el asunto.
El titular del Sindicato de Peones de Taxis afirmó que uno de los principales problemas es que los propietarios, por no blanquear a los choferes, alquilan los autos a desconocidos sin tomar precaución alguna y denunció en ese sentido falta de controles del Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa). Un directivo de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat) sostuvo que los choferes que cometen delitos son los que manejan autos de otros municipios o ‘truchos’. “Y eso se debe a la anarquía que existe en el servicio por la falta de control”, dijo. Descartó que se haya producido un incremento de alquiler de vehículos y denunció que personas que están gozando de permisos extramuros son conductores de taxis. “Supuestamente la Municipalidad les debería exigir certificados de buena conducta”, dijo.
El subdirector del Sutrappa dijo que para poder conducir unauto de alquiler, además de la licencia especial, los choferes tienen que portar el carnet del organismo que se expide solo si presentan el certificado de buena conducta.“No sólo somos exigentes pidiéndoles el certificado de buena conducta, sino que es una documentación que debe ser renovada”, afirmó y admitió que por “problemas técnicos” se dejó de controlar que las unidades tengan el cartel donde se informan los datos de su conductor.
El 11 abril de 2006, la ordenanza N° 3.714 creó el Sutrappa, que nació ya entonces rengo. En ese momento, se dijo que el sistema era incompatible con la Ley Nacional de Tránsito, que establece 10 años de antigüedad para el transporte de pasajeros. Transcurrieron pocos meses para que se confirmara esa observación. En la sesión del 3 de agosto de ese año, el Concejo aprobó una norma que concedía mayores facilidades a los taxistas y remiseros ilegales para poder ingresar en el Sutrappa. El organismo creció salpicado por denuncias de irregularidades. Por ejemplo, nada se sabe de la corrupción de los “taxis mellizos”, denunciada en julio de 2012 por una edil de la UCR. En la denuncia se señalaban los delitos de adulteración de documento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y asociación ilícita que se habrían cometido en el organismo. Las denuncias por irregularidades en el servicio son frecuentes y, al parecer, la falta de soluciones que deben provenir de la autoridad ha desembocado en una actividad delictiva que pone en vilo a la sociedad. Da la impresión de que el usuario que debe ser el protagonista del servicio porque mantiene a los taxistas con su dinero y a los empleados municipales pagando los impuestos, es el que menos interesa. Mientras las imputaciones de corrupción y de falta de transparencia institucional sigan existiendo, las aguas seguirán bajando turbias para desgracia del ciudadano.
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