El usos de taxis para delinquir, una modalidad que creció en los últimos meses, de acuerdo a los datos oficiales, provocó la reacción de algunos concejales de esta capital debido a que en la mayoría de los casos se trataba de vehículos con licencia de San Miguel de Tucumán.
Esta mañana se reunió la comisión de Hacienda y Presupuesto del cuerpo y al terminar el tratamiento de varios temas, algunos ediles fueron consultados por la prensa sobre la situación del sistema de otorgamiento de las licencias para trabajar en los taxis.
David Mizrahi, vicepresidente del bloque Tucumán Crece (integrado por siete concejales), recordó que su espacio presentó un proyecto sobre los derechos laborales de los choferes que fue girado a la Facultad de Derecho para su estudio.
"Sabemos que ya retornó y se tratará, nuestra inicitiva se propone colaborar con el sistema de solicitud de los requisitos para los conductores porque es imperioso que se conozcan los antecedentes de las personas que manejarán un taxi, ya sea dueño, chofer o familiar del propietario. El pasajero debe tener todas las garantías", dijo.
Roberto Ávila, del PRO y hoy presidente del cuerpo, señaló que el municipio debe hacer un control más eficiente. "Venimos de 12 años de abandono del sistema y queremos dialogar con el intendente Germán Alfaro para insitir en que se haga una acción más coordinada entre el Servicio Único de Transporte Público de Pasajeros en Automóvil (Sutrappa) y Tránsito. La acción de los inspectores es clave porque ellos están en la calle", dijo.
Consultado acerca de si las personas con causas policiales y judiciales abiertas deberían manejar un taxi, Ávila sostuvo: "no deberían pero todo puede pasar porque venimos de años de desidia que Alfaro quiere revertir. Es imprescindible adaptar el sistema a los nuevos tiempos, por ejemplo, informatizarlo para que se sepa en tiempo real la geolocalización del taxi y los antecedentes de quién lo maneja".