Caso Lebbos: falta de reglamentación de una ley clave llega a la Justicia

Tucumán tiene, desde 2006, una ley que protege a los testigos de hechos ilícitos cuya vida e integridad corran peligro. Pero esa norma nunca fue aplicada porque el Poder Ejecutivo (PE) omitió reglamentarla. La cuestión forma parte del núcleo histórico de reclamos de Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos y líder de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad, quien desde hace años también exige la reglamentación de las leyes de de Asistencia a las Víctimas de Delitos y de Asistencia a Adictos. El 7 de julio, los legisladores radicales Adela Terraf, José María Canelada y Eudoro Aráoz acudieron a la Justicia para lograr, al menos, la aplicación de la Ley de Protección de Testigos.

Acompañados por Lebbos, los parlamentarios interpusieron una acción de amparo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Según la demanda, la falta de reglamentación vulnera la independencia de poderes y supone una manera de burlar la voluntad de los representantes del pueblo. “No se trata de un accionar aislado u ocasional (relativo a las normas de interés de Lebbos), sino que se trata de un modus operandi instaurado en el Gobierno”, dice el amparo. Los opositores afirmaron que había más de 55 leyes vigentes que no eran aplicadas por la falta de reglamentación.

La Ley de Protección de Testigos sancionada el 26 de diciembre de 2006, a instancias de Lebbos, creó un departamento en el ámbito del Ministerio de Seguridad Ciudadana. Este órgano tiene como finalidad la adopción de medidas especiales para la tutela de la vida y de la integridad física de los testigos que colaboren con investigaciones judiciales complejas o aberrantes. La protección -que procura evitar represalias por parte de los perjudicados por la declaración testimonial- tendrá vigencia desde que fuera solicitada y mientras dure el proceso. En cada caso, el Poder Ejecutivo procederá a confeccionar un legajo de trámite secreto.

La Ley de Protección de Testigos debía ser reglamentada dentro de los 90 días de su promulgación. “Se trata de un plazo razonable que está vencido con creces. Se ha privado a los ciudadanos de obtener esta especial protección prevista por la ley en pos de la búsqueda de la verdad material de hechos delictivos aberrantes, que con frecuencia quedan impunes”, dijeron Terraf, Canelada y Aráoz.

“El denominador común de los casos que integran la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad es que hay testigos que han visto lo que ha pasado, pero que tienen miedo de hablar. La ley es un derecho humano básico, es muy triste que se llegue a este amparo”, expresó Lebbos en Tribunales.

Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron ayer que el gobernador Juan Manzur dio la orden de complacer al papá de Paulina. Los borradores de las reglamentaciones de las leyes que tutelan a testigos, adictos y víctimas estarían circulando por las distintas dependencias. Si el Gobierno confecciona los decretos, el juicio de los parlamentarios radicales devendrá abstracto. En junio, el ministro nacional Germán Garavano se comprometió a gestionar el asunto. El 1 de julio y luego de que Lebbos exigiese justicia a los magistrados argentinos congregados en la Casa Histórica por el Bicentenario, Manzur manifestó a este diario que estaba dispuesto a saldar la “deuda” de reglamentaciones que heredó del ex mandatario José Alperovich.