13 Julio 2016
EL PADRE. Lebbos reclama justicia a los magistrados en la Casa Histórica. la gaceta / foto de analía jaramillo
Alberto Lebbos responsabilizó a Edmundo Jiménez, titular del Ministerio Público, por las supuestas irregularidades detectadas en el trámite de reemplazo de Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. “Con gran temor observo que en la causa del homicidio impune de mi hija Paulina, como ya sucedió con la delictiva intervención del ex fiscal Carlos Albaca, se pretende vaciarla de sus fiscales naturales y direccionarla para seguir estableciendo un esquema brutal de encubrimiento favorable a la impunidad de los imputados”, dijo Lebbos a Jiménez. Frente a este planteo, el jefe de los fiscales dio marcha atrás con la asignación del caso a Ernesto Salas López, fiscal correccional N°1, y repuso a Carlos Sale, fiscal de Cámara N°1. Este ha de dictaminar sobre los recursos deducidos contra la elevación a juicio del expediente, decisión adoptada en septiembre de 2015.
Noguera se excusó por haber sido el primer fiscal de Instrucción de la causa -su entonces jefe, Luis De Mitri, lo separó luego de que una fotografía publicada en este diario revelara que había ido a la residencia del ex gobernador José Alperovich-. Lebbos dijo que entonces comenzó la ronda de inhibiciones usual en los casos de interés institucional. “En forma contraria a la ley, con total arbitrariedad y con afectación del orden público, usted desplazó a Sale y a Daniel Marranzino (N°4) sin observar siquiera que este último había actuado en el incidente del cese de prisión preventiva (promovido por el imputado Roberto Luis Gómez)”, expresó el querellante a Jiménez. Y le achacó que hubiese girado el expediente a Salas López a sabiendas de que este no podía intervenir en el proceso.
“Bien sabe usted que (Salas López) fue director del Servicio Penitenciario y subalterno directo de Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad e imputado como uno de los principales responsables de las maniobras de encubrimiento (del crimen de Paulina)”, reprochó Lebbos. Y expresó que Jiménez no podía desconocer esta circunstancia por haber sido ministro de Gobierno y Justicia mientras Di Lella era funcionario: “es decir, compartieron el gabinete de Alperovich durante sus tres períodos” (el ex gobernador nombró a Jiménez en agosto de 2014, en reemplazo de De Mitri).
El querellante advirtió, por medio de su abogado, Emilio Mrad, que Salas López había aceptado subrogar a Noguera, pese a las razones señaladas y a que, cuando se desempeñó como subsecretario general de la Gobernación, contrató a otro de los acusados de encubrimiento: Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía. “Realmente causa estupor ver cómo se designaron y aceptaron inhibiciones para que, en definitiva, se haga cargo un fiscal correccional -nombrado por Alperovich en 2015, previo concurso- que sí está sospechado de parcialidad manifiesta (...). Señor ministro público, usted es responsable de controlar esta situación (...). Es muy fundado mi temor de que los homicidas y sus encubridores dilaten los procesos hasta lograr la prescripción”, dijo Lebbos.
El 14 de junio, Jiménez admitió que la sucesión de inhibiciones de los potenciales reemplazantes de Noguera había acarreado dilaciones en el proceso. El jefe de los fiscales comentó que a esta situación coadyuvaba el hecho de que la Fiscalía de Cámara N°6 estaba acéfala y que la fiscala de Cámara N°3, Juana Prieto, gozaba de una licencia por enfermedad. “Dada la naturaleza del caso, el tiempo transcurrido desde el inicio de este y las dilaciones suscitadas, considero necesario asignárselo al fiscal de Cámara N°1 (Sale)”, resolvió.
Desde entonces no hubo avances en el expediente principal iniciado en 2006, que involucra a Gómez -único imputado en prisión preventiva desde hace dos años y medio-; al ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; a Barrera; al ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; a Di Lella y al policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. Los planteos ligados al reemplazo de Noguera suscitaron, en paralelo, tensiones entre Jiménez y el camarista Enrique Pedicone, quien reclamó en forma reiterada la devolución de las actuaciones para abocarse al control de la elevación a juicio (se informa por separado). Por fin en el último día hábil antes del inicio de la feria de julio, Jiménez entregó los papeles requeridos para la continuidad del trámite.
Noguera se excusó por haber sido el primer fiscal de Instrucción de la causa -su entonces jefe, Luis De Mitri, lo separó luego de que una fotografía publicada en este diario revelara que había ido a la residencia del ex gobernador José Alperovich-. Lebbos dijo que entonces comenzó la ronda de inhibiciones usual en los casos de interés institucional. “En forma contraria a la ley, con total arbitrariedad y con afectación del orden público, usted desplazó a Sale y a Daniel Marranzino (N°4) sin observar siquiera que este último había actuado en el incidente del cese de prisión preventiva (promovido por el imputado Roberto Luis Gómez)”, expresó el querellante a Jiménez. Y le achacó que hubiese girado el expediente a Salas López a sabiendas de que este no podía intervenir en el proceso.
“Bien sabe usted que (Salas López) fue director del Servicio Penitenciario y subalterno directo de Eduardo Di Lella, ex secretario de Seguridad e imputado como uno de los principales responsables de las maniobras de encubrimiento (del crimen de Paulina)”, reprochó Lebbos. Y expresó que Jiménez no podía desconocer esta circunstancia por haber sido ministro de Gobierno y Justicia mientras Di Lella era funcionario: “es decir, compartieron el gabinete de Alperovich durante sus tres períodos” (el ex gobernador nombró a Jiménez en agosto de 2014, en reemplazo de De Mitri).
El querellante advirtió, por medio de su abogado, Emilio Mrad, que Salas López había aceptado subrogar a Noguera, pese a las razones señaladas y a que, cuando se desempeñó como subsecretario general de la Gobernación, contrató a otro de los acusados de encubrimiento: Nicolás Barrera, ex subjefe de Policía. “Realmente causa estupor ver cómo se designaron y aceptaron inhibiciones para que, en definitiva, se haga cargo un fiscal correccional -nombrado por Alperovich en 2015, previo concurso- que sí está sospechado de parcialidad manifiesta (...). Señor ministro público, usted es responsable de controlar esta situación (...). Es muy fundado mi temor de que los homicidas y sus encubridores dilaten los procesos hasta lograr la prescripción”, dijo Lebbos.
El 14 de junio, Jiménez admitió que la sucesión de inhibiciones de los potenciales reemplazantes de Noguera había acarreado dilaciones en el proceso. El jefe de los fiscales comentó que a esta situación coadyuvaba el hecho de que la Fiscalía de Cámara N°6 estaba acéfala y que la fiscala de Cámara N°3, Juana Prieto, gozaba de una licencia por enfermedad. “Dada la naturaleza del caso, el tiempo transcurrido desde el inicio de este y las dilaciones suscitadas, considero necesario asignárselo al fiscal de Cámara N°1 (Sale)”, resolvió.
Desde entonces no hubo avances en el expediente principal iniciado en 2006, que involucra a Gómez -único imputado en prisión preventiva desde hace dos años y medio-; al ex jefe de Policía, Hugo Raúl Sánchez; a Barrera; al ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito; a Di Lella y al policía retirado Hugo Waldino Rodríguez. Los planteos ligados al reemplazo de Noguera suscitaron, en paralelo, tensiones entre Jiménez y el camarista Enrique Pedicone, quien reclamó en forma reiterada la devolución de las actuaciones para abocarse al control de la elevación a juicio (se informa por separado). Por fin en el último día hábil antes del inicio de la feria de julio, Jiménez entregó los papeles requeridos para la continuidad del trámite.
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