Una auditoría ordenada por Bardón revela el uso discrecional de las viviendas universitarias

“De la documentación surge que existen 36 viviendas en el predio de Horco Molle (...) se observa que 16 de ellas se encuentran adjudicadas a personas o reparticiones que no abonan ningún tipo de canon por su uso (...) el mantenimiento de estas viviendas es abonado con presupuesto de la UNT”, señala parte del apartado 7.4 (Inexistencia de pago en concepto de uso de las viviendas de Horco Molle, pagina 29) que integra la auditoría que en 2014 mandó a hacer la rectora, Alicia Bardón, cuando asumió al frente de la Universidad Nacional de Tucumán.

El texto tiene 68 páginas más anexos, que detallan el estado en que se encuentra tanto la Residencia Universitaria, como las viviendas de Horco Molle. Lleva la firma de Adriana Alvillos, directora de la Unidad de Auditoría Interna de la UNT; de Rubens Ernesto Maldonado, supervisor de la UAI; y de dos auditoras contables. El informe es de 2014 y entre las consideraciones finales, los auditores dejan en claro que las irregularidades detectadas deben ser informadas a la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Sin embargo, fuentes de la UNT confirmaron que este paso no se cumplió todavía y que recién se instruyó el sumario administrativo.

En su edición de ayer LA GACETA publicó que al menos la mitad de las viviendas que la UNT tiene en Horco Molle están ocupadas por personas que no pagan. Se trata de un complejo de 36 casas (dos están inhabilitadas por el deterioro) que se construyeron a mediados de 1950. Iban a formar parte de la Ciudad hospital que también preveía la construcción de un hospital de Clínicas. El proyecto quedó trunco con el derrocamiento de Juan Domingo Perón en el año 55.

Las 36 viviendas

En cuanto a las viviendas de Horco Molle, los auditores señalaron que no se pudo justificar la cesión de algunas casas debido a que no se firmaron contratos. “No se puso a disposición de esta auditoría la totalidad de las actas acuerdo comprendidas en el período bajo análisis”, sostiene. Por lo tanto, calificaron el descargo de la Dirección de Residencias Universitarias (DGRU) de “insuficiente y carente de respaldo de documentación adecuada”.

También dejaron constancia que un gran número de viviendas está en total abandono y destrucción.

Entre los argumentos en defensa que esgrimió el director de esa dependencia, Ricardo Krebs, fue que la repartición no cuenta con fondos y que hay “notas aprobadas que nunca se hicieron efectivas. En diversas notas se advierte a la autoridad universitaria sobre el riesgo que corre la operatividad de la residencia. “La falta de fondos para mantenimiento afecta al edificio de la Residencia, a la caminería e iluminación del predio”, explicó Krebs.

El informe no solo involucra a él como responsable directo, ya que está en ese cargo desde 2001, sino a quienes fueron secretarios de Bienestar Universitario (área que tiene el control de la DGRU) en el período del ex rector Juan Cerisola, Ramiro Moreno y Mauricio Argiró. Con la asunción de Bardón, esta secretaría pasó a depender de Gustavo Vitulli.

Fiestas “gratuitas”

La auditoría también determinó que las instalaciones de la residencia (que funciona como hotel) fueron usadas para realizar eventos y fiestas. “Se pudo verificar que se realizan eventos sin cargo, o sea gratuitos, sin que se cuente con la correspondiente resolución rectoral”, señalaron.

Además, explicaron que el procedimiento se daba “a través de notas informales firmadas por autoridades de distinto rango (...) y en otros casos mediante llamadas telefónicas”. Esto quiere decir que cualquier funcionario con solo llamar podía usar las instalaciones. “El procedimiento es totalmente discrecional y carente de todo tipo de control”, agregaron en el informe.

Los profesionales dejaron constancia que no pudieron acceder a sectores de la residencia porque se encontraban bajo llave. “Se pudo verificar que un sector (oficina) en el predio de la residencia de Horco Molle es utilizado de forma exclusiva por la empresa proveedora de servicios La Copa”. Según informaron, la llave la tenía un encargado de esa empresa que presta servicios de lunch. Esto los auditores lo calificaron como de “alto impacto”, ya que implica deficiencia en la gestión de los recursos, “los cuales son utilizados de manera inconveniente, antieconómica, e ineficiente”.

En otro de los apartados se refirieron al estado de mantenimiento y limpieza del lugar. Especialmente un salón llamado “La Rosadita”. A la irregularidad en el contrato de servicios de los empleados y la falta de control de las asistencias. Los profesionales también concluyeron que las tareas desarrolladas en el marco de una auditoría “por cambio de gestión rectoral” se advirtieron falencias operativas que afectan la efectividad de dicho control. En lo que respecta al área Económico Financiera de la DGRU, explicaron que no se realizaron controles que permitan la transparencia de los procedimientos, no se cumple con la normativa sobre compras y contrataciones, ni se realizan retenciones de ley.