24 Junio 2016
EFEDRINA PROCESADOS.- El juez federal Ariel Lijo procesó ayer al ex superintendente de Servicios de Salud y recaudador de la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, Héctor Capaccioli, por supuesto “lavado de activos”. Según el magistrado, los aportes por parte de droguerías se habrían originado en el tráfico de efedrina o la denominada “mafia de los medicamentos”. En un fallo de 146 carillas, el magistrado procesó además al ex legislador porteño Sebastián Gramajo y a los responsables de droguerías Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, según reprodujo la agencia de noticias Télam.
SOSPECHAS.- En opinión del juez federal Ariel Lijo, Capaccioli administró los fondos recibidos “a sabiendas de su origen ilicito” y buena parte de ese dinero lo habría recibido en su propio despacho de funcionario. Capaccioli ejercía su cargo y, al mismo tiempo, era responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y recaudador de la campaña electoral que, en el 2007, llevó a la presidencia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner y a la vicepresidencia a Julio Cobos. Gramajo era el responsable político de esa alianza electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas en varias causas judiciales, entre ellas la llamada “mafia de los medicamentos” y causas penales por tráfico de efedrina. Para el magistrado, está probado que el dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las droguerías “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Seacamp” -un total de $ 886.000- tenía “origen ilícito”, y se entregó “a los fines de disimular la fuente real y obtener apariencia de licitud”.
INVESTIGACIÓN.- Los procesamientos se dictaron a ocho años de iniciada la investigación (la denuncia fue de los entonces diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui). En la demanda, se aludía a la necesidad de investigar los aportes financieros de droguerías a la campaña electoral del Frente para la Victoria del 2007, luego de constatar que un 35,6% del total de aportes declarados por esa fuerza provenían de ese rubro, que tenía “vinculación directa” con Capaccioli por sus funciones.
ECOS DE LA PROPUESTA OFICIAL.- El presidente de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado bonaerense del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, consideró que la reforma electoral propuesta por Cambiemos es “una reforma cosmética”. “Estamos a favor de terminar con las listas colectoras, y todas las artimañas que complican a los ciudadanos a la hora de elegir, pero el problema más profundo que tiene nuestro sistema político, que es la crisis por la que atraviesan los partidos políticos, no la estamos atacando de manera directa”, indicó. “Si bien acompañamos la necesidad de modernizar el sistema de votación, la Boleta Única Electrónica (BUE), tiene serios problemas en la privacidad, en el secreto del voto. Hay que ser cuidadosos y estar atentos al tipo de tecnología que se use, sobre todo si van a usar el sistema RFI. También tiene problemas en la seguridad, en cuanto a la inviolabilidad del sistema”, alertó.
SOSPECHAS.- En opinión del juez federal Ariel Lijo, Capaccioli administró los fondos recibidos “a sabiendas de su origen ilicito” y buena parte de ese dinero lo habría recibido en su propio despacho de funcionario. Capaccioli ejercía su cargo y, al mismo tiempo, era responsable de la Mesa Ejecutiva del Frente para la Victoria y recaudador de la campaña electoral que, en el 2007, llevó a la presidencia de la Nación a Cristina Fernández de Kirchner y a la vicepresidencia a Julio Cobos. Gramajo era el responsable político de esa alianza electoral y los demás empresarios ligados a droguerías que fueron cuestionadas en varias causas judiciales, entre ellas la llamada “mafia de los medicamentos” y causas penales por tráfico de efedrina. Para el magistrado, está probado que el dinero aportado por ellos a la campaña del kirchnerismo a través de las droguerías “Multipharma”, “Global Pharmacy” y “Seacamp” -un total de $ 886.000- tenía “origen ilícito”, y se entregó “a los fines de disimular la fuente real y obtener apariencia de licitud”.
INVESTIGACIÓN.- Los procesamientos se dictaron a ocho años de iniciada la investigación (la denuncia fue de los entonces diputados Fernando Sánchez y Sebastián Cinquerrui). En la demanda, se aludía a la necesidad de investigar los aportes financieros de droguerías a la campaña electoral del Frente para la Victoria del 2007, luego de constatar que un 35,6% del total de aportes declarados por esa fuerza provenían de ese rubro, que tenía “vinculación directa” con Capaccioli por sus funciones.
ECOS DE LA PROPUESTA OFICIAL.- El presidente de la Comisión de Reforma Política y Régimen Electoral del Senado bonaerense del Frente Renovador, Sebastián Galmarini, consideró que la reforma electoral propuesta por Cambiemos es “una reforma cosmética”. “Estamos a favor de terminar con las listas colectoras, y todas las artimañas que complican a los ciudadanos a la hora de elegir, pero el problema más profundo que tiene nuestro sistema político, que es la crisis por la que atraviesan los partidos políticos, no la estamos atacando de manera directa”, indicó. “Si bien acompañamos la necesidad de modernizar el sistema de votación, la Boleta Única Electrónica (BUE), tiene serios problemas en la privacidad, en el secreto del voto. Hay que ser cuidadosos y estar atentos al tipo de tecnología que se use, sobre todo si van a usar el sistema RFI. También tiene problemas en la seguridad, en cuanto a la inviolabilidad del sistema”, alertó.
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