23 Junio 2016
COBOS, CRISTINA Y NÉSTOR. La imagen corresponde al día de la asunción de Cristina a su primera presidencia. ARCHIVO
BUENOS AIRES.- El juez federal Ariel Lijo procesó a varios ex funcionarios y empresarios. Los acusa de haber blanqueado dinero de origen ilegal mediante aportes a la campaña electoral que llevó a Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia en 2007.
En una resolución contenida en casi 150 páginas, Lijo dispuso el procesamiento del ex superintendente de Servicios de la Salud y principal recaudador para la campaña del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Capaccioli.
También incluyó al ex legislador Sebastián Gramajo, a los empresarios vinculados con la actividad farmacéutica Néstor Lorenzo, Carlos Torres y Gabriel Brito, y a Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Según su resolución, Lijo entendió que en los aportes efectuados por las empresas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp para la campaña del Frente para la Victoria (FPV) se pusieron en circulación $ 886.000 que provenían de estafas con medicamentos.
Las droguerías, determinó el juez, entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente ; en las fechas de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo. Lijo verificó que estas empresas no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que registraron.
En una resolución contenida en casi 150 páginas, Lijo dispuso el procesamiento del ex superintendente de Servicios de la Salud y principal recaudador para la campaña del Frente para la Victoria (FPV), Héctor Capaccioli.
También incluyó al ex legislador Sebastián Gramajo, a los empresarios vinculados con la actividad farmacéutica Néstor Lorenzo, Carlos Torres y Gabriel Brito, y a Solange Bellone, viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.
Según su resolución, Lijo entendió que en los aportes efectuados por las empresas Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp para la campaña del Frente para la Victoria (FPV) se pusieron en circulación $ 886.000 que provenían de estafas con medicamentos.
Las droguerías, determinó el juez, entregaban a los responsables de la campaña electoral un cheque con el aporte correspondiente ; en las fechas de cobro, las libranzas eran cubiertas con depósitos de dinero en efectivo. Lijo verificó que estas empresas no contaban con capacidad económica suficiente para hacer frente a los aportes que registraron.
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