Revés judicial para el intendente tafinisto

La pretensión de anular una peritación contable desfavorable al intendente Jorge Yapura Astorga no encontró cabida en la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción. A mediados de este mes, ese tribunal desestimó el recurso que el jefe municipal de Tafí del Valle había interpuesto contra un decreto de Mario Velázquez, juez de Instrucción y de Menores de Monteros. Los camaristas Eudoro Albo (preopinante), Enrique Pedicone y Liliana Vitar resolvieron que el recurso había sido mal concedido y, en consecuencia, lo rechazaron. La resolución recayó en una pesquisa de supuesto enriquecimiento ilícito que involucra al funcionario público; a su esposa, Nerina Julieta Mustafá, y al hijo de ambos, Jorge Yapura Astorga (h).

La Cámara de Apelaciones sostuvo que la cuestión planteada no causaba un daño irreparable a la defensa de Yapura Astorga y que este podía reeditarla más adelante. El intendente había solicitado la nulidad de un informe técnico contable de Patricia Elena Ladetto, perito de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, con el argumento de que esta profesional no estaba habilitada para intervenir en el proceso puesto que carece de matrícula activa en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas. El funcionario imputado también reprochó el hecho de que no había podido nombrar un perito de parte. Los jueces Albo, Pedicone y Vitar expresaron que el abogado defensor de Yapura Astorga, Ricardo Scheuermann, ya había intentado intentado antes anular la peritación de Ladetto; que este pedido había sido rechazado por Velázquez y que tal decisión había quedado firme.

El nuevo revés judicial deja a Yapura Astorga en una situación delicada puesto que el informe de Ladetto podría ser usado como fundamento para elevar el caso a juicio oral. La causa comenzó en mayo de 2015, cuando Daniel Arnedo y Sebastián Luna, del partido Valles Calchaquíes (asesorados por el abogado Oscar López), denunciaron al dirigente de extracción radical aliado al alperovichismo. A lo largo de la investigación jurisdiccional a cargo de Velázquez (interviene el juez porque Yapura Astorga tiene fueros en razón de la función que ejerce) habría sido acreditado que el jefe municipal hizo compras directas a “Floppy III”, negocio de propiedad de su pareja. Según consta en el expediente, el patrimonio de los Yapura Astorga habría registrado un incremento injustificado que rondaba los $ 3,1 millones con posterioridad a la llegada del intendente a un cargo que ejerce desde 2011 (fue reelegido en 2015). En las ocasiones en que compareció ante Velázquez, el dirigente tafinisto negó las imputaciones. La última vez que dialogó con LA GACETA, el funcionario sostuvo que las compras realizadas al local de su pareja se ajustaban a las ordenanzas municipales.

La de Yapura Astorga tal vez sea la primera causa por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en el fuero penal provincial, donde también ingresaron denuncias por los incrementos advertidos en los patrimonios de otros funcionarios de la gestión anterior -en los últimos años, la fiscala Mariana Rivadeneira (Nº1) recibió al menos otras dos presentaciones por el mismo delito-. El caso del intendente tafinisto y la impugnación que este articuló contra Ladetto generó polémica entre las entidades encargadas de controlar la matrícula de los profesionales. Tanto Patricia Manso como Abelardo García, respectivos presidentes de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) y del Colegio de Graduados, exigieron la matriculación obligatoria de los colegas que prestan servicios en el sector público.