Piden que llegue a juicio una causa de mala praxis de hace 15 años

María Rosa Villa ingresó al quirófano el 15 de noviembre del 2001 por una intervención quirúrgica de vesícula. 50 minutos después de que le pusieran la anestesia, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Como en el quirófano no había un cardiólogo, llamaron de urgencia a Antonio Torpoco Zapata, especialista que estaba en otra operación. Zapata revivió a Villa, pero el cuerpo de la mujer ya había sufrido daños irreversibles por la falta de oxígeno. 15 días después, murió. Por este caso, están acusados de mala praxis Rubén Nicolás Miranda (cirujano principal), José Castillo Olaya (anestesista), Pablo Marengo y Marcelo Venecia (médicos cirujanos ayudantes).

En 2009, ocho años después de la muerte de Villa, el fiscal Carlos Sale solicitó la elevación a juicio. Sin embargo, desde ese momento los defensores de los acusados presentaron recursos casatorios por los que recibirán un “llamado de atención”, según solicitó el Ministerio Fiscal en un dictamen que será enviado a la Corte Suprema de la Provincia.

Miranda y Olaya ya desistieron de realizar pedidos para suspender el juicio y deberán afrontar a un tribunal. Sin embargo, Marengo y Venecia decidieron recurrir al tribunal supremo de la provincia, luego de que el juez Víctor Manuel Rougés rechazara la propuesta de evitar el juicio con la condición de abonar una suma de dinero.

En esta instancia el ministerio fiscal, a cargo de Edmundo Jiménez, resolvió “no hacer lugar a los pedidos” al considerar que “no sólo son insuficientes, sino desacertados los argumentos esgrimidos”. El jefe de los fiscales incluso decidió ir más allá y solicitó “un llamado de atención a los letrados defensores por el uso abusivo del derecho de defensa que delata el curso del normal proceso, teniendo en cuenta la proximidad de la prescripción de la acción penal”. Es decir, que considera que los letrados apuestan a la casación con la idea de que pase el tiempo y la causa quede sin efecto.

Sobre este recurso y tras el dictamen del Ministerio Fiscal, la última palabra la tendrá la Corte Suprema. En este caso particular, fueron recusados los ministros Antonio Gandur, Antonio Estofán y Daniel Posse, por lo que la Corte se integrará con el juez René Goane -quien hizo lugar a las recusaciones presentadas- como preopinante y con los camaristas Fabián Fradejas y Alfonso Zóttoli.

15 años de dolor

Del otro lado de los expedientes, dictámenes y recursos casatorios, está la dolida familia de la víctima. “Mi hija tenía 29 años, era maestra jardinera. Entró plenamente lúcida a la sala de operaciones para someterse a una operación de vesícula. Salió descerebrada. Mi familia vive desde hace 15 años un calvario no sólo por el dolor de esa pérdida absurda, sino especialmente porque los médicos jamás se acercaron a darnos una explicación. Por eso queremos que se sustancie el juicio oral: para que cuando estén frente a los magistrados expliquen qué paso y por qué mi hija ya no está con nosotros”, clamó María del Carmen Ortega, la madre de la víctima.

“A mi hermana le negaron, inclusive, el derecho a una muerte digna. Y esa situación sigue prolongándose en la medida en que no se sustancia el juicio. Es inconcebible que hayan transcurrido 14 años desde que se produjo la muerte de María Rosa y que todo esté en la nada. En ese lapso, no solamente no se hizo justicia, sino que comenzaron a morir algunos de los testigos que nosotros aportamos, como el doctor Augusto González. Sencillamente no podemos creer todo los que nos pasa. Mi hermana ha sido víctima de un procedimiento que sigue impune, y en esta década y media en que se nos niega justicia, nosotros, su familia, somos nuevas víctimas”, relató por otro lado Mónica Villa, hermana de María Rosa y abogada que lleva adelante el caso.