10 Junio 2016
El juez Julián Ercolini rechazó unificar la causa Hotesur con la investigación de la sociedad Los Sauces SA, a cargo de su par Claudio Bonadio, y desestimó así un planteo de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La decisión de Ercolini fue apelada ayer ante la Cámara Federal porteña por el abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi. Según Télam, Ercolini tiene a cargo la causa Hotesur y había recibido un planteo de Beraldi, quien aludió a la “conexidad” entre ambas causas al solicitar concentrarlas en su juzgado.
El letrado defiende a la ex Presidenta y, también, en el caso puntual de Hotesur, a la sobrina de la ex mandataria, Romina Mercado, imputada en la causa.
Ercolini rechazó el planteo por entender que se trata de objetos de investigación diferentes y que la unificación atentaría contra la celeridad de las investigaciones, que, ya de por sí, son “complejas”, según fuentes judiciales.
Por otra parte, al mediodía de ayer el juez Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo encabezaron un allanamiento en las oficinas del Grupo Indalo, propiedad del empresario, Cristóbal López. Se dio en el marco de la investigación de la causa Los Sauces SA, cuyos accionistas son Florencia, Máximo y la ex presidenta.
Esta investigación comenzó por una denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer contra esa sociedad. Hasta el momento se sabe que la empresa tiene al menos nueve propiedades en Capital Federal y en Santa Cruz, que alquila a empresas de Cristóbal López y de Lázaro Báez. En el caso del dueño del Grupo Indalo, las sociedades involucradas son Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S, informó Clarín.
Después del procedimiento se conoció la versión del empresario a través de sus voceros: “es todo legal y está declarado, se alquilaba a valor de mercado y en algunos casos más baratos”, le dijo López al diario porteño.
El allanamiento fue en las oficinas de la avenida Córdoba que, según manifestaron desde el entorno de López, “están casi sin uso hace tiempo, incluso sin personal”. Semanas atrás Bonadio había ordenado allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la ex presidenta, entre ellos un departamento en el emblemático edificio Madero Center, en Puerto Madero.
Este expediente tiene en la mira los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner a través de la firma Los Sauces SA, donde los principales inquilinos fueron Lázaro Báez (hoy detenido por la causa por lavado o “ruta de dinero K”) y López (imputado por maniobras con el impuesto a los combustibles).
El juez pidió hace unos días a la AFIP que le entregue la información fiscal que posee de Los Sauces SA, así como de otras siete compañías atribuidas a Báez, López y a Osvaldo Sanfelice.
El fiscal había requerido que se investigue si la ex presidenta y su hijo habrían perpetrado los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y cohecho. En tanto, en la causa Los Sauces SA, Cristina y Báez y López fueron imputados por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público.
En la Patagonia
Mientras tanto, en El Calafate continúan los allanamientos por la causa denominada “ruta del dinero K” que investiga a Lázaro Báez. Ayer por la madrugada, la Policía Federal secuestró cajas y muebles de un galpón de Báez. De acuerdo al rótulo que tenían pegada las cajas, correspondían al hotel Alto Calafate, Las Dunas y al restaurante La Usina. En el interior de las cajas abiertas había documentación de los hoteles de la familia Kirchner, transcendió.
No fue el único allanamiento. El fiscal Guillermo Marijuan ya había pasado varios días coordinando otros operativos.
Ayer, el abogado Báez, Jorge Chueco -detenido- solicitó habló con los magistrados de la Cámara Federal para pedir su excarcelación. Está acusado de una supuesta maniobra de lavado de U$S 33 millones repatriados desde Suiza a cuentas bancarias de Austral Construcciones, la empresa de los Báez.
La decisión de Ercolini fue apelada ayer ante la Cámara Federal porteña por el abogado de la ex presidenta Carlos Beraldi. Según Télam, Ercolini tiene a cargo la causa Hotesur y había recibido un planteo de Beraldi, quien aludió a la “conexidad” entre ambas causas al solicitar concentrarlas en su juzgado.
El letrado defiende a la ex Presidenta y, también, en el caso puntual de Hotesur, a la sobrina de la ex mandataria, Romina Mercado, imputada en la causa.
Ercolini rechazó el planteo por entender que se trata de objetos de investigación diferentes y que la unificación atentaría contra la celeridad de las investigaciones, que, ya de por sí, son “complejas”, según fuentes judiciales.
Por otra parte, al mediodía de ayer el juez Bonadio y el fiscal Carlos Rívolo encabezaron un allanamiento en las oficinas del Grupo Indalo, propiedad del empresario, Cristóbal López. Se dio en el marco de la investigación de la causa Los Sauces SA, cuyos accionistas son Florencia, Máximo y la ex presidenta.
Esta investigación comenzó por una denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer contra esa sociedad. Hasta el momento se sabe que la empresa tiene al menos nueve propiedades en Capital Federal y en Santa Cruz, que alquila a empresas de Cristóbal López y de Lázaro Báez. En el caso del dueño del Grupo Indalo, las sociedades involucradas son Alcalis de la Patagonia e Inversora M&S, informó Clarín.
Después del procedimiento se conoció la versión del empresario a través de sus voceros: “es todo legal y está declarado, se alquilaba a valor de mercado y en algunos casos más baratos”, le dijo López al diario porteño.
El allanamiento fue en las oficinas de la avenida Córdoba que, según manifestaron desde el entorno de López, “están casi sin uso hace tiempo, incluso sin personal”. Semanas atrás Bonadio había ordenado allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la ex presidenta, entre ellos un departamento en el emblemático edificio Madero Center, en Puerto Madero.
Este expediente tiene en la mira los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner a través de la firma Los Sauces SA, donde los principales inquilinos fueron Lázaro Báez (hoy detenido por la causa por lavado o “ruta de dinero K”) y López (imputado por maniobras con el impuesto a los combustibles).
El juez pidió hace unos días a la AFIP que le entregue la información fiscal que posee de Los Sauces SA, así como de otras siete compañías atribuidas a Báez, López y a Osvaldo Sanfelice.
El fiscal había requerido que se investigue si la ex presidenta y su hijo habrían perpetrado los delitos de enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y cohecho. En tanto, en la causa Los Sauces SA, Cristina y Báez y López fueron imputados por enriquecimiento ilícito y falsificación de documento público.
En la Patagonia
Mientras tanto, en El Calafate continúan los allanamientos por la causa denominada “ruta del dinero K” que investiga a Lázaro Báez. Ayer por la madrugada, la Policía Federal secuestró cajas y muebles de un galpón de Báez. De acuerdo al rótulo que tenían pegada las cajas, correspondían al hotel Alto Calafate, Las Dunas y al restaurante La Usina. En el interior de las cajas abiertas había documentación de los hoteles de la familia Kirchner, transcendió.
No fue el único allanamiento. El fiscal Guillermo Marijuan ya había pasado varios días coordinando otros operativos.
Ayer, el abogado Báez, Jorge Chueco -detenido- solicitó habló con los magistrados de la Cámara Federal para pedir su excarcelación. Está acusado de una supuesta maniobra de lavado de U$S 33 millones repatriados desde Suiza a cuentas bancarias de Austral Construcciones, la empresa de los Báez.
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