Militares dejaron registros, según una antropóloga

Hubo oficiales que participaron del Operativo Independencia que dejaron constancias oficiales de que sufrieron problemas psicológicos tras haber participado de interrogatorios y de torturas. También hubo aquellos que dejaron sentado que su tarea era “desaparecer los cuerpos” de detenidos. Así lo manifestó ayer la antropóloga Verónica Almada, que trabajó para el área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa de la Nación. Junto a otros profesionales, relevó documentación del Ejército y elaboró un informe sobre lo sucedido en Tucumán durante el Operativo Independencia. Las tareas, explicó, surgieron de un convenio firmado en 2010 entre la Procuración General de la Nación y Defensa.

La especialista en archivos y derechos humanos declaró como testigo en el juicio por la megacausa por delitos de lesa humanidad “Operativo Independencia”, que se celebra en el Tribunal Oral Federal (TOF).

Tal como acordaron las partes antes del inicio del debate, primero pasarán por delante de los jueces Gabriel Casas (presidente), Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga todos los testigos que aportarán al contexto histórico de los hechos.

Almada afirmó que la información que brindó surgió de escudriñar papeles administrativos que van desde legajos de miembros de la fuerza y sumarios disciplinarios hasta reclamos por ascensos. También se revisó la normativa que encuadró la incursión militar. Se refirió, en primer lugar, al decreto de la ex presidenta María Estela Martínez de Perón que puso en marcha el Operativo, en febrero de 1975. Aseguró que después hubo directivas complementarias. Una de ellas es un reglamento sobre las operaciones contra “elementos subversivos” que tuvo dos versiones (1975 y 1977). “El del 75 recoge cuestiones que se venían plasmando en reglamentos desde finales de los 60 y principios de los 70. También se ve en los documentos intercambios con militares de Francia en relación a Argelia, Indochina y Vietnam”, afirmó en cuanto a la doctrina adoptada.

Advirtió que entre los datos que le llamaron la atención está que se habría enviado a Tucumán en comisión a personal para desarrollar cursos sobre interrogatorios, en el contexto de las tareas de inteligencia. Además, desde el Operativo apareció en los documentos, según dijo, el concepto de “fuerzas de tareas”. Hizo hincapié en los detalles recabados de reclamos relacionados con ascensos. Explicó que había funciones de mando que no estaban asentadas en los legajos, pero de las que los militares daban cuenta en sus pedidos de ascensos.

“¿De los documentos surge la aplicación de torturas, ejecuciones y desapariciones de cuerpos?”, inquirió el fiscal Pablo Camuña. “Sí. En un reclamo de un oficial de apellido Puig Domenech habla de interrogatorios no reglamentarios y los caracteriza como torturas. Otro oficial del Operativo, de apellido Sarmiento, afirma textualmente que su participación había sido ‘desaparecer cuerpos por izquierda’”, respondió. Explicó que los oficiales dieron cuenta de ello en el contexto de notificar sus problemas psicológicos.

Luis Garay, del Instituto Espacio de la Memoria de Santiago del Estero, declaró acerca de cómo se inició la represión en la vecina provincia y respecto del traslado de detenidos-desaparecidos entre ambos distritos. En la megacausa hay víctimas santiagueñas. Aseguró que las tareas de inteligencia sobre disidentes políticos comenzaron en 1972, con el reflote de un área específica en la Policía. Esta tuvo un papel clave, afirmó, en “preparar el terreno” para la represión, que comenzó a desencadenarse en 1974. Afirmó que el Ejército trabajó en conjunto con la Policía. Enumeró, además, casos de desaparecidos en Santiago cuyos restos fueron encontrados en Tucumán y viceversa.

Entre los testigos estuvo también la arqueóloga Pilar Gómez Sánchez, perito en el ex centro clandestino de detención y exterminio del Arsenal. Tras explicar su tesis sobre el trabajo en ese predio y el hallazgo de la fosa común de la que se rescataron restos de desaparecidos, comparó fotos satelitales del área de 1968 y 1976. “Podemos inferir por lo espacial y temporal que es necesario un tiempo especifico para tener en funcionamiento un lugar así”, afirmó. Por ello, dijo, podría inferirse que el predio comenzó a utilizarse antes del 24 de marzo de 1976.

Próxima audiencia

El juicio por la megacausa denominada “Operativo Independencia” se reanudará el jueves próximo, a las 9. Para presenciar esa y las demás audiencias, se debe concurrir a la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, ubicada en la esquina de calles Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. La persona debe presentarse con el Documento Nacional de Identidad para poder acceder a un lugar en el salón de debates.