02 Junio 2016
Un hombre llevó a su hija de ocho años al hospital Avellaneda, el martes a la noche, porque la niña sentía dolores al orinar. Una simple consulta derivó en la noticia más terrible: la nena había sido víctima de un abuso sexual. Una situación similar vivió esa misma noche una mamá de Simoca, quien se acercó desesperada a la comisaría para denunciar que su padrastro había violado a su hija, una niña de 12 años.
Ambos casos pertenecen a la inmensa cantidad de ataques sexuales que se denuncian a diario en la provincia. La fiscala Adriana Giannoni dio a conocer una cifra alarmante tras finalizar el turno de la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación, que subroga actualmente. Entre el 13 y el 29 de mayo, Giannoni debió atender 26 denuncias de abusos sexuales: más de una por día, solo en el Centro Judicial Capital.
El panorama empeora todavía más si se toma en cuenta que el 73% de los casos tuvo como víctimas a menores de edad y que en casi la mitad de los hechos existió acceso carnal.
“El abuso es una de las expresiones de la violencia y vivimos en una sociedad violenta”, observó Giannoni. “La mayoría de los casos son intrafamiliares. Y hay hasta una cuestión social porque muchas familias viven hacinadas en un solo hogar”, agregó. En ese sentido, la fiscala remarcó que la mayoría de las denuncias provienen de clases sociales medias-bajas, aunque aclaró que eso no significa que no se produzcan ataques sexuales en los sectores más altos donde -dijo- hay una tendencia a ocultarlos.
Sobre cantidad de abusos sexuales denunciados, la fiscala Adriana Reinoso Cuello, sostuvo que el número de denuncias creció porque las víctimas y sus familiares están más informadas sobre el tema que hasta hace un tiempo atrás. “La Justicia también cuenta con más herramientas para investigar estos casos. La cámara Gessel y las entrevistas que se realizan con psicólogos son fundamentales para desarrollar la investigación”, remarcó Reinoso Cuello.
“Sí son muchos los casos de abusos sexuales, pero esto no es algo nuevo sino que se denuncia más que antes”, comentó Natalia Fernández, especialista en psicología forense y penitenciaría, que trabaja en el Centro Judicial Monteros. Sobre ese punto, aclaró que no siempre las denuncias llegan por parte de la víctima o sus familiares.
“Muchas veces la denuncia llega a través del sistema de salud, porque la niña llegó al hospital con alguna afección, o mediante el sistema educativo, cuando los gabinetes psicológicos de las escuelas detectan algún problema de conducta, por ejemplo”, aclaró la profesional.
Al igual que lo expuso Giannoni, la psicóloga también remarcó que la mayoría de los casos de abuso sexual se dan en ámbitos intrafamiliares. “En algunas situaciones se da que el abusador es la pareja de la madre, los abuelos, los tíos o los padres mismos. Sí recibimos casos donde los abusadores son personas desconocidas, pero son raros”, agregó Fernández.
La psicóloga hizo hincapié en la situación de indefensión de las víctimas. En primer lugar, porque las denuncias suelen llegar a la Justicia cuando los abusos ya se han repetido varias veces. Según explicó Fernández, esto tiene que ver con situaciones de violencia de género que dominan a la familia.
“En algunos casos hay situaciones económicas y sociales muy precarias donde el hombre (abusador) es el jefe de la familia y tiene un dominio sobre los demás, con madres maltratadas. También hay casos donde, cuando las víctimas son adolescentes, las madres creen que son ellas las que le están presumiendo (al abusador). Y siempre están las amenazas”, graficó la psicóloga.
Desde su punto de vista, las víctimas quedan muy desprotegidas e incluso muchas veces deben continuar conviviendo con el abusador después de haberlo denunciado.
“Son situaciones que alarman. Algunas niñas llegan a tener a su bebé. Son situaciones que alarman. No hay un sistema de asistencia a la víctima”, expuso Fernández.
Tambiénestacó la importancia de que la familia acompañe a la víctima en este proceso para ayudarle a superar el momento vivido. “Si se trata a tiempo y hay una contención familiar y terapéutica, se puede llevar el evento traumático”, aseguró.
El protocolo
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán creó un protocolo interinstitucional para la atención de menores de edad víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia. “El objetivo es evitar la revictimización de niños, niñas o adolescentes que sufrieron abusos sexuales o violencia; pero también y al mismo tiempo, garantizar el pleno y efectivo goce del derecho de defensa por parte de los acusados”, fundamentaron en aquel momento los miembros de la Corte.
Ese protocolo fue elaborado por una comisión integrada por representantes del Poder Judicial y de distintos organismos del Poder Ejecutivo. Según se indica en el protocolo, lo que se busca es “reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesan los niños, niñas y adolescentes, desde la primera exteriorización hasta la finalización del juicio, evitando la ”. También se intenta que en la investigación penal se obtengan pruebas válidas, confiables y de calidad.
De la misma manera, se establece que los distintos actores que tomen conocimiento de una situación de abuso sexual o de maltrato infantil, tienen la obligación de derivar inmediatamente los casos a la Justicia y no pueden entrevistar a los menores. Este punto incluye a docentes, médicos y policías.
Ambos casos pertenecen a la inmensa cantidad de ataques sexuales que se denuncian a diario en la provincia. La fiscala Adriana Giannoni dio a conocer una cifra alarmante tras finalizar el turno de la Fiscalía de Instrucción de la II° Nominación, que subroga actualmente. Entre el 13 y el 29 de mayo, Giannoni debió atender 26 denuncias de abusos sexuales: más de una por día, solo en el Centro Judicial Capital.
El panorama empeora todavía más si se toma en cuenta que el 73% de los casos tuvo como víctimas a menores de edad y que en casi la mitad de los hechos existió acceso carnal.
“El abuso es una de las expresiones de la violencia y vivimos en una sociedad violenta”, observó Giannoni. “La mayoría de los casos son intrafamiliares. Y hay hasta una cuestión social porque muchas familias viven hacinadas en un solo hogar”, agregó. En ese sentido, la fiscala remarcó que la mayoría de las denuncias provienen de clases sociales medias-bajas, aunque aclaró que eso no significa que no se produzcan ataques sexuales en los sectores más altos donde -dijo- hay una tendencia a ocultarlos.
Sobre cantidad de abusos sexuales denunciados, la fiscala Adriana Reinoso Cuello, sostuvo que el número de denuncias creció porque las víctimas y sus familiares están más informadas sobre el tema que hasta hace un tiempo atrás. “La Justicia también cuenta con más herramientas para investigar estos casos. La cámara Gessel y las entrevistas que se realizan con psicólogos son fundamentales para desarrollar la investigación”, remarcó Reinoso Cuello.
“Sí son muchos los casos de abusos sexuales, pero esto no es algo nuevo sino que se denuncia más que antes”, comentó Natalia Fernández, especialista en psicología forense y penitenciaría, que trabaja en el Centro Judicial Monteros. Sobre ese punto, aclaró que no siempre las denuncias llegan por parte de la víctima o sus familiares.
“Muchas veces la denuncia llega a través del sistema de salud, porque la niña llegó al hospital con alguna afección, o mediante el sistema educativo, cuando los gabinetes psicológicos de las escuelas detectan algún problema de conducta, por ejemplo”, aclaró la profesional.
Al igual que lo expuso Giannoni, la psicóloga también remarcó que la mayoría de los casos de abuso sexual se dan en ámbitos intrafamiliares. “En algunas situaciones se da que el abusador es la pareja de la madre, los abuelos, los tíos o los padres mismos. Sí recibimos casos donde los abusadores son personas desconocidas, pero son raros”, agregó Fernández.
La psicóloga hizo hincapié en la situación de indefensión de las víctimas. En primer lugar, porque las denuncias suelen llegar a la Justicia cuando los abusos ya se han repetido varias veces. Según explicó Fernández, esto tiene que ver con situaciones de violencia de género que dominan a la familia.
“En algunos casos hay situaciones económicas y sociales muy precarias donde el hombre (abusador) es el jefe de la familia y tiene un dominio sobre los demás, con madres maltratadas. También hay casos donde, cuando las víctimas son adolescentes, las madres creen que son ellas las que le están presumiendo (al abusador). Y siempre están las amenazas”, graficó la psicóloga.
Desde su punto de vista, las víctimas quedan muy desprotegidas e incluso muchas veces deben continuar conviviendo con el abusador después de haberlo denunciado.
“Son situaciones que alarman. Algunas niñas llegan a tener a su bebé. Son situaciones que alarman. No hay un sistema de asistencia a la víctima”, expuso Fernández.
Tambiénestacó la importancia de que la familia acompañe a la víctima en este proceso para ayudarle a superar el momento vivido. “Si se trata a tiempo y hay una contención familiar y terapéutica, se puede llevar el evento traumático”, aseguró.
El protocolo
El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán creó un protocolo interinstitucional para la atención de menores de edad víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia. “El objetivo es evitar la revictimización de niños, niñas o adolescentes que sufrieron abusos sexuales o violencia; pero también y al mismo tiempo, garantizar el pleno y efectivo goce del derecho de defensa por parte de los acusados”, fundamentaron en aquel momento los miembros de la Corte.
Ese protocolo fue elaborado por una comisión integrada por representantes del Poder Judicial y de distintos organismos del Poder Ejecutivo. Según se indica en el protocolo, lo que se busca es “reducir tanto como sea posible el estrés que atraviesan los niños, niñas y adolescentes, desde la primera exteriorización hasta la finalización del juicio, evitando la ”. También se intenta que en la investigación penal se obtengan pruebas válidas, confiables y de calidad.
De la misma manera, se establece que los distintos actores que tomen conocimiento de una situación de abuso sexual o de maltrato infantil, tienen la obligación de derivar inmediatamente los casos a la Justicia y no pueden entrevistar a los menores. Este punto incluye a docentes, médicos y policías.
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