Tratan de preservar a las PyME del “tarifazo”

Una PyME de San Pablo pasó de pagar $ 10.000 a $ 100.000 por el servicio de gas. Una empresa multinacional que comercializa frutilla congelada ya consumió la mitad de su presupuesto de este año debido, en gran parte, a los ajustes tarifarios. Estas son algunas de las dificultades que la Provincia expondrá hoy ante el Gobierno nacional, en una reunión organizada para evaluar alternativas que reviertan los efectos negativos de los aumentos en la luz y el gas en el sector industrial y productivo. Incluirán a los organismos públicos.

En el encuentro participarán los mandatarios del NOA y los ministros nacionales Rogelio Frigerio (Interior) y Juan José Aranguren (Energía). El ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, representará al gobernador Juan Manzur en la reunión.

En el Gobierno dijeron que se presentarán propuestas orientadas a lograr “un normal desenvolvimiento” de las PyME locales, en el actual escenario económico.

“Hay empresas que están al borde del colapso en Tucumán. Pasaron de pagar entre $ 10.000 $ 12.000 a $ 100.000 por el servicio del gas. Sin entrar en la discusión técnica y jurídica sobre la jurisdicción nacional, la proporción del incremento perjudica a las empresas, a las industrias. Si el Gobierno nacional tiene como meta darle agregado de valor a la producción, con esta medida la está contrayendo. Hay firmas que pensaban invertir, pero ahora están viendo cómo hacer para pagar la factura de la luz y del gas”, describió Santiago Yanotti, quien es vocal del Ente de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y participará en la reunión de la jornada de hoy.

En el Poder Ejecutivo (PE) han considerado también que la medida del Ministerio de Energía, que dispone tarifas diferentes para las empresas de la Patagonia, lleva a una desigual competencia “entre las empresas y entre las regiones”. En esa línea, los representantes del Gobierno esperan una oferta por parte de la Nación para poder revertir la actual situación.

A mediados del mes pasado, la Casa Rosada dispuso que el aumento de tarifas residenciales de gas tenga un límite del 400% en las provincias del sur: Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, incluyendo a La Pampa. También confirmó la decisión de que las PyME, comercios y pequeñas y medianas empresas turísticas pagarán el 50% del aumento y la diferencia en los dos veranos siguientes.

No habrá acción legal

Sin embargo, el Gobierno local no definió aún si realizará una presentación judicial por el impacto de los ajustes en los servicios públicos, en especial, en las pequeñas y medianas empresas tucumanas.

“Todavía no estamos evaluando acudir a la justicia”, dijo el titular de Desarrollo Productivo local, al ser consultado por LA GACETA sobre si la Provincia seguiría los pasos de algunos gobiernos patagónicos y de cuyo, así como de organizaciones ciudadanas en distintas ciudades argentinas.

En los últimos días se conocieron fallos de jueces de distintas jurisdicciones del país que suspendieron los incrementos en los servicios de gas y electricidad. En esas sentencias se argumentó que las modificaciones de los cuadros tarifarios sin que se haya efectuado audiencia pública antes de la aplicación de la medida.

El presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Pedro Omodeo, dijo ayer se incrementaron las quejas de las empresas por los incrementos del gas, entre otros servicios. Por ello, la entidad acordó con la empresa de distribución Gasnor atender los casos de forma particular, ya que los porcentajes de aumentos fueron dispares en el sector privado.

“El problema es complejo, pero no se puede analizar de forma genérica el impacto de la medida”, remarcó el directivo, quien agregó que las variaciones en la facturación en las empresas fueron efectos de las subas reales o problemas de “encuadramiento tarifario”.

Omodeo consideró que los ajustes en los servicios atentan contra la política de inversión del NOA, región que requiere acciones de fomento sustentables.