18 Mayo 2016
Hace poco más de un mes, el juez de Instrucción de Monteros, Mario Velázquez, le tomó una segunda declaración indagatoria al intendente de Tafí del Valle, Jorge Yapura Astorga (FpV), a quien imputó por su supuesto enriquecimiento ilícito. El magistrado además acusó a la pareja del jefe municipal, Nerina Julieta Mustafá, y al hijo de ambos, Jorge Yapura Astorga (h), pues sospecha que ambos actuaron como “pantalla” para tratar de disimular el incremento de los bienes del dirigente tafinisto.
Pero Ricardo Scheuermann, defensor de Yapura Astorga y de sus parientes, presentó un escrito mediante el cual busca echar por tierra con un elemento clave de la pesquisa: el informe elaborado por la perito contable de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Patricia Ladetto. “Hemos planteado la nulidad de esa medida. La contadora no aparece en los registros del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Por lo tanto, no está habilitada para efectuar un informe con las características del que consta en la causa”, afirmó el letrado.
Hace una semana, el juez Velázquez visitó el edificio de la Legislatura para exponer como representante de una comisión que había viajado a Sucre, Bolivia, para realizar un homenaje al prócer Bernardo de Monteagudo. LA GACETA le consultó en esa ocasión por el avance de la investigación que involucra a Yapura Astorga.
“Hace poco tiempo (el 13, 14 y 15 de abril), el señor intendente y parte de su grupo familiar se presentaron otra vez a indagatoria. Hay planteos de nulidad que estoy resolviendo. La causa se está tramitando como cualquier otra. Esta tiene connotaciones particulares, pero se tramita en el marco del proceso legal, respetando el derecho de defensa enjuicio de los ciudadanos y del intendente, que tiene privilegios constitucionales”, relató el magistrado. Y agregó: “espero concluir (la investigación) a la mayor brevedad posible, en el marco que indica el Código Procesal Penal (de la Provincia)”.
Apertura
La causa fue abierta en mayo de 2015, a raíz de una denuncia del edil tafinisto Daniel Arnedo y de Sebastián Luna, del partido Valles Calchaquíes (ambos asesorados por el abogado Oscar López).
Velázquez, sobre la base de un informe contable, de declaraciones testimoniales y de diversa documentación remitida por reparticiones municipales, llegó a la hipótesis de que el intendente habría realizado compras directas a “Floppy III”, un negocio propiedad de su pareja.
Según consta en la investigación, la familia del jefe municipal habría registrado un incremento patrimonial injustificado que rondaba los $ 3,1 millones. Velázquez pidió una serie de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a Rentas y otras oficinas estatales. Así, puso la lupa sobre tierras y vehículos que habían adquirido Mustafá y Yapura Astorga (h) con posterioridad a la llegada del intendente a su cargo.
El abogado Scheuermann, quien representa a los tres imputados, también pidió la nulidad del informe contable porque -según argumentó- no tuvo ocasión de proponer un perito de parte.
Yapura Astorga fue electo en 2011 y reelecto en 2015 -fue el único jefe municipal de la provincia que logró renovar el mandato en los comicios pasados-. En las ocasiones en que fue indagado por Velázquez, el dirigente tafinisto negó las imputaciones. La última vez que dialogó con LA GACETA sostuvo que las compras realizadas al local de su pareja estaban en línea con las ordenanzas municipales.
Pero Ricardo Scheuermann, defensor de Yapura Astorga y de sus parientes, presentó un escrito mediante el cual busca echar por tierra con un elemento clave de la pesquisa: el informe elaborado por la perito contable de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Patricia Ladetto. “Hemos planteado la nulidad de esa medida. La contadora no aparece en los registros del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán. Por lo tanto, no está habilitada para efectuar un informe con las características del que consta en la causa”, afirmó el letrado.
Hace una semana, el juez Velázquez visitó el edificio de la Legislatura para exponer como representante de una comisión que había viajado a Sucre, Bolivia, para realizar un homenaje al prócer Bernardo de Monteagudo. LA GACETA le consultó en esa ocasión por el avance de la investigación que involucra a Yapura Astorga.
“Hace poco tiempo (el 13, 14 y 15 de abril), el señor intendente y parte de su grupo familiar se presentaron otra vez a indagatoria. Hay planteos de nulidad que estoy resolviendo. La causa se está tramitando como cualquier otra. Esta tiene connotaciones particulares, pero se tramita en el marco del proceso legal, respetando el derecho de defensa enjuicio de los ciudadanos y del intendente, que tiene privilegios constitucionales”, relató el magistrado. Y agregó: “espero concluir (la investigación) a la mayor brevedad posible, en el marco que indica el Código Procesal Penal (de la Provincia)”.
Apertura
La causa fue abierta en mayo de 2015, a raíz de una denuncia del edil tafinisto Daniel Arnedo y de Sebastián Luna, del partido Valles Calchaquíes (ambos asesorados por el abogado Oscar López).
Velázquez, sobre la base de un informe contable, de declaraciones testimoniales y de diversa documentación remitida por reparticiones municipales, llegó a la hipótesis de que el intendente habría realizado compras directas a “Floppy III”, un negocio propiedad de su pareja.
Según consta en la investigación, la familia del jefe municipal habría registrado un incremento patrimonial injustificado que rondaba los $ 3,1 millones. Velázquez pidió una serie de informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a Rentas y otras oficinas estatales. Así, puso la lupa sobre tierras y vehículos que habían adquirido Mustafá y Yapura Astorga (h) con posterioridad a la llegada del intendente a su cargo.
El abogado Scheuermann, quien representa a los tres imputados, también pidió la nulidad del informe contable porque -según argumentó- no tuvo ocasión de proponer un perito de parte.
Yapura Astorga fue electo en 2011 y reelecto en 2015 -fue el único jefe municipal de la provincia que logró renovar el mandato en los comicios pasados-. En las ocasiones en que fue indagado por Velázquez, el dirigente tafinisto negó las imputaciones. La última vez que dialogó con LA GACETA sostuvo que las compras realizadas al local de su pareja estaban en línea con las ordenanzas municipales.
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