14 Mayo 2016
Una reforma legal atrae a más de 40 “civilistas”
Caponio, titular del comité, convocó “a no tener miedo” en la búsqueda del mejor código para Tucumán. “Los jueces no podemos ser fugitivos de la realidad”, dijo Sbdar Vocales de la Corte, legisladores, el fiscal de Estado adjunto, litigantes y académicos se reunieron ayer para fijar las pautas de trabajo
LLENO. Legisladores, jueces y letrados ”coparon” la Cámara para la reunión de la comisión para el proceso civil. fotos de prensa legislatura
Por espacio de una hora y pico, el Poder Legislativo cobijó ayer a un número significativo de interesados en participar de la reforma del proceso civil. Legisladores, funcionarios, jueces, abogados litigantes y académicos llenaron el salón del octavo piso para tomar nota de las pautas de un trabajo que comenzará por la revisión del Código Procesal Civil y Comercial, y terminará, si todo sale como está previsto, con la confección de un régimen legal para la Justicia de Paz.
Más de 40 “civilistas” quieren intervenir en la tarea de preparar los anteproyectos que luego han de ser tratados y, eventualmente, aprobados en el recinto. Con la intención de ordenar la tarea, las autoridades de la comisión especial constituida a tal efecto decidieron formar subgrupos y empezar por el estudio de las novedades que presentan los proyectos de reforma formulados recientemente en otras jurisdicciones (se informa por separado).
“Esta comisión está tomando forma: es impresionante el interés que ha generado”, evaluó a modo de bienvenida Marcelo Caponio, legislador oficialista y presidente del comité. El parlamentario recordó la experiencia del comité especial para la reforma del Código Procesal Penal, que concluyó su labor en octubre del año pasado, y dijo que este era el punto de partida para reformular las reglas atinentes al proceso civil. “Hemos tomado la decisión política de modificar las reglas procesales. El anteproyecto para la parte penal hoy está siendo analizado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad. En 15 o 30 días más, la provincia tendrá un Código Procesal Penal a la altura de los mejores del país”, anunció.
Según Caponio, los “civilistas” deben seguir el camino que ya transitaron los legisladores, jueces y letrados que actualizaron el proceso penal. “Nuestro desafío pasa por reformar todo el sistema judicial. Y es el Poder Legislativo quien debe brindar las herramientas que permitan generar procesos ágiles, eficientes, públicos, transparentes, eficaces… De esta mesa saldrá el mejor código para beneficio de la sociedad: no tengamos miedo de emprender esta búsqueda”, añadió.
En la cabecera de la mesa gigantesca se ubicaron el titular del comité; el vicepresidente Alberto Colombres Garmendia (Cambiemos); Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y Federico Nazur, fiscal de Estado adjunto y el funcionario de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo presente en la sala. Al fondo y al costado se sentaron los integrantes que no cupieron alrededor del mesón. Todos ellos recibieron las instrucciones para poner manos a la obra que desarrolló Sbdar con la asistencia del secretario Marcelo Zelarayán (las pautas incluyeron hasta el detalle del tamaño de la letra que deben observar los redactores).
“Son pocas provincias las que han dado el paso que pretendemos”, explicó la vocal. Comentó que había consenso para considerar el trabajo reformador como una política pública. “Nuestro objetivo es modernizar las reglas de trámite de los pleitos no penales”, resumió Sbdar, que confesó que, en virtud del interés que el asunto despertaba en los magistrados, la Corte había acudido al mecanismo del sorteo para integrar la comisión. La jueza invitó a ser “ambiciosos”: “la realidad demanda un proceso ágil, y que podamos tener una sentencia en tiempo y forma, que logremos ejecutar. Y como decía mi maestro, (el procesalista) Augusto Morello, los jueces no podemos ser fugitivos de la realidad”.
LA PRIMERA VEZ.- El Poder Legislativo de Tucumán debutó en la organización de comisiones para reformas procesales en 2013, cuando se abocó al estudio de las reglas que rigen el proceso penal. Al cabo de 834 días corridos, aquella comisión interpoderes entregó un anteproyecto de reforma a las autoridades de la Legislatura. El legislador oficialista Marcelo Caponio presidió ese comité -luego fue relevado por su ex par Ramiro González Navarro- del mismo modo que en el presente encabeza el equipo formado para actualizar la normativa aplicable a los casos civiles (según informó Caponio ayer, el nuevo Código Procesal Penal será sancionado próximamente). La comisión de los civilistas pretende elaborar una propuesta para todas las áreas no penales (fueros civil y comercial, laboral y contencioso administrativo) e incluso abordar el régimen de la Justicia de Paz.
Más de 40 “civilistas” quieren intervenir en la tarea de preparar los anteproyectos que luego han de ser tratados y, eventualmente, aprobados en el recinto. Con la intención de ordenar la tarea, las autoridades de la comisión especial constituida a tal efecto decidieron formar subgrupos y empezar por el estudio de las novedades que presentan los proyectos de reforma formulados recientemente en otras jurisdicciones (se informa por separado).
“Esta comisión está tomando forma: es impresionante el interés que ha generado”, evaluó a modo de bienvenida Marcelo Caponio, legislador oficialista y presidente del comité. El parlamentario recordó la experiencia del comité especial para la reforma del Código Procesal Penal, que concluyó su labor en octubre del año pasado, y dijo que este era el punto de partida para reformular las reglas atinentes al proceso civil. “Hemos tomado la decisión política de modificar las reglas procesales. El anteproyecto para la parte penal hoy está siendo analizado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Seguridad. En 15 o 30 días más, la provincia tendrá un Código Procesal Penal a la altura de los mejores del país”, anunció.
Según Caponio, los “civilistas” deben seguir el camino que ya transitaron los legisladores, jueces y letrados que actualizaron el proceso penal. “Nuestro desafío pasa por reformar todo el sistema judicial. Y es el Poder Legislativo quien debe brindar las herramientas que permitan generar procesos ágiles, eficientes, públicos, transparentes, eficaces… De esta mesa saldrá el mejor código para beneficio de la sociedad: no tengamos miedo de emprender esta búsqueda”, añadió.
En la cabecera de la mesa gigantesca se ubicaron el titular del comité; el vicepresidente Alberto Colombres Garmendia (Cambiemos); Antonio Estofán, Claudia Sbdar y Daniel Posse, vocales de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y Federico Nazur, fiscal de Estado adjunto y el funcionario de mayor jerarquía del Poder Ejecutivo presente en la sala. Al fondo y al costado se sentaron los integrantes que no cupieron alrededor del mesón. Todos ellos recibieron las instrucciones para poner manos a la obra que desarrolló Sbdar con la asistencia del secretario Marcelo Zelarayán (las pautas incluyeron hasta el detalle del tamaño de la letra que deben observar los redactores).
“Son pocas provincias las que han dado el paso que pretendemos”, explicó la vocal. Comentó que había consenso para considerar el trabajo reformador como una política pública. “Nuestro objetivo es modernizar las reglas de trámite de los pleitos no penales”, resumió Sbdar, que confesó que, en virtud del interés que el asunto despertaba en los magistrados, la Corte había acudido al mecanismo del sorteo para integrar la comisión. La jueza invitó a ser “ambiciosos”: “la realidad demanda un proceso ágil, y que podamos tener una sentencia en tiempo y forma, que logremos ejecutar. Y como decía mi maestro, (el procesalista) Augusto Morello, los jueces no podemos ser fugitivos de la realidad”.
LA PRIMERA VEZ.- El Poder Legislativo de Tucumán debutó en la organización de comisiones para reformas procesales en 2013, cuando se abocó al estudio de las reglas que rigen el proceso penal. Al cabo de 834 días corridos, aquella comisión interpoderes entregó un anteproyecto de reforma a las autoridades de la Legislatura. El legislador oficialista Marcelo Caponio presidió ese comité -luego fue relevado por su ex par Ramiro González Navarro- del mismo modo que en el presente encabeza el equipo formado para actualizar la normativa aplicable a los casos civiles (según informó Caponio ayer, el nuevo Código Procesal Penal será sancionado próximamente). La comisión de los civilistas pretende elaborar una propuesta para todas las áreas no penales (fueros civil y comercial, laboral y contencioso administrativo) e incluso abordar el régimen de la Justicia de Paz.
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