14 Mayo 2016
En un gesto de inocultable contenido político, el gobierno español levantó el veto a las importaciones de biodiesel argentino, que había impuesto cuatro años atrás como represalia por la estatización compulsiva de las acciones de YPF que tenía la petrolera Repsol. La medida puede significar un impulso vital para una industria en crisis: hasta aquel conflicto, España era el principal destino para el biocombustible argentino elaborado a base de soja, con ventas que rondaban los U$S 1.000 millones/año.
El cierre de su mayor mercado, sumado a la aplicación simultánea de aranceles extraordinarios por la Unión Europea, provocó una caída dramática de la producción. El sector había crecido exponencialmente desde 2007 hasta convertirse en líder mundial; hoy tiene una capacidad ociosa del 60%.
Sin estridencias y en tiempo récord, el gobierno de Mariano Rajoy accedió al pedido del nuevo embajador, Ramón Puerta, le transmitió el jueves de la semana pasada al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Allí se sostenía que “la producción argentina de biodiesel es eficiente, sostenible y contribuye a la seguridad energética y alimentaria”. Y pedía que se adoptaran las medidas para levantar las barreras.
Esta semana, el Ministerio de Industria resolvió no prorrogar los cupos fijados para la provisión del biodiesel que, por ley, se usa para mezclar con los combustibles fósiles, con el fin de reducir el daño en el medio ambiente. De esa lista habían sido excluidas, en 2013, todas las empresas argentinas.
Puerta celebró la decisión y la encuadró en la “afinidad” reestablecida entre los dos países desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada: “Es una clara muestra de confianza que se explica en el cambio del marco político”.
Retirada la prohibición, el mercado español se reabre para los productores argentinos de biodiesel. Pero todavía queda por resolver el litigio con la UE por las tasas antidumping del 24%, promedio, que se establecieron en 2013, en sintonía con el contraataque por el caso YPF.
El cierre de su mayor mercado, sumado a la aplicación simultánea de aranceles extraordinarios por la Unión Europea, provocó una caída dramática de la producción. El sector había crecido exponencialmente desde 2007 hasta convertirse en líder mundial; hoy tiene una capacidad ociosa del 60%.
Sin estridencias y en tiempo récord, el gobierno de Mariano Rajoy accedió al pedido del nuevo embajador, Ramón Puerta, le transmitió el jueves de la semana pasada al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Allí se sostenía que “la producción argentina de biodiesel es eficiente, sostenible y contribuye a la seguridad energética y alimentaria”. Y pedía que se adoptaran las medidas para levantar las barreras.
Esta semana, el Ministerio de Industria resolvió no prorrogar los cupos fijados para la provisión del biodiesel que, por ley, se usa para mezclar con los combustibles fósiles, con el fin de reducir el daño en el medio ambiente. De esa lista habían sido excluidas, en 2013, todas las empresas argentinas.
Puerta celebró la decisión y la encuadró en la “afinidad” reestablecida entre los dos países desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada: “Es una clara muestra de confianza que se explica en el cambio del marco político”.
Retirada la prohibición, el mercado español se reabre para los productores argentinos de biodiesel. Pero todavía queda por resolver el litigio con la UE por las tasas antidumping del 24%, promedio, que se establecieron en 2013, en sintonía con el contraataque por el caso YPF.
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