13 Mayo 2016
El temor a la posible falta de imparcialidad de los jueces fue el argumento principal. El equipo de defensores oficiales y de la mayoría de las defensas particulares de los imputados en la megacausa “Operativo Independencia” esgrimieron esos conceptos al recusar ayer a los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF). En la tercera audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad, representantes de 18 de los 19 acusados requirieron a Gabriel Casas, Carlos Jiménez Montilla y Juan Carlos Reynaga que se aparten del juicio.
Se controvirtió también la situación de la ex presidenta María Estela “Isabel” Martínez de Perón: no está citada como testigo ni como imputada, pese a los reiterados pedidos de fiscales y de defensores. Martínez firmó el decreto que, en 1975, puso en marcha la incursión militar que da nombre a la causa. La Defensa oficial hizo otra docena de planteos que van desde la suspensión del juicio y el apartamiento del fiscal Agustín Chit hasta la separación del multicondenado Roberto “El Tuerto” Albornoz.
“Cierta parcialidad”
Los abogados del Estado representan a 15 de los 19 imputados. El defensor Adolfo Bertini expresó que ellos le manifestaron su preocupación ante la sospecha de “cierta parcialidad” de los magistrados. “Este Tribunal en la causa ‘Arsenales II- Jefatura II’ se pronunció sobre el período en el que se habrían producido los hechos que se investigan. En la sentencia, concluyó que hubo una sistematicidad en el accionar del terrorismo de Estado, que no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino antes. Si el Tribunal se pronunció sobre la existencia de un plan sistemático, ¿qué seguridad tienen nuestros defendidos de obtener una resolución diferente en este debate? Consideramos que ninguna”, justificó.
Bertini, junto con Vanessa Lucero y Martín Galliano, llevan adelante las defensas de Albornoz, Miguel Moreno, Ramón Jodar, Ricardo Sánchez, Alberto Svendsen, Luis De Cándido, Julio Meroi, Manuel Vila, Jorge Capitán, José Del Pino, Néstor Castelli, Pedro López, Jorge Lazarte, Omar Parada y Casiano Burtnik.
Los abogados de los imputados Francisco Orce (Nadia Orce y Facundo Maggio) y de Luis Figueroa y José Cuestas (Julieta Jorrat y Atilio Mollerach) adhirieron al reclamo. El único que se mantuvo al margen fue Mario Leiva Haro, que defiende a José Roberto Abba.
Bertini también pidió que se suspenda el juicio porque, dentro del marco de la megacausa y del mismo contexto histórico, hay otro grupo de acusados que no llegó a juicio. “El problema es que los acusados que están hoy no podrán ejercer eficazmente su defensa porque hay otros que están en instrucción y que están produciendo pruebas que ellos no podrán usar”, lanzó. Consideró que Chit, fiscal ad hoc, no debería participar del juicio porque se desempeñó como abogado de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto implicaría que podría actuar con falta de “objetividad”, según Bertini.
Lucero explicó que Albornoz, debería quedar fuera del juicio porque ya cuenta con cuatro condenas a perpetua –dos de ellas firmes-. Especificó que, al condenarlo, no se cumplirían con los objetivos de una pena, como el servir de disuasión para que alguien repita sus conductas o bien, para rehabilitarlo y reinsertarlo en la sociedad. Luego, planteó que se evalúe la salud de De Cándido, Castelli, Parada y Moreno, dado que consignó que no se encontrarían en condiciones de permanecer en el proceso oral.
Hoy será el turno de los fiscales Pablo Camuña y Chit y de las querellas para efectuar planteos.
Se controvirtió también la situación de la ex presidenta María Estela “Isabel” Martínez de Perón: no está citada como testigo ni como imputada, pese a los reiterados pedidos de fiscales y de defensores. Martínez firmó el decreto que, en 1975, puso en marcha la incursión militar que da nombre a la causa. La Defensa oficial hizo otra docena de planteos que van desde la suspensión del juicio y el apartamiento del fiscal Agustín Chit hasta la separación del multicondenado Roberto “El Tuerto” Albornoz.
“Cierta parcialidad”
Los abogados del Estado representan a 15 de los 19 imputados. El defensor Adolfo Bertini expresó que ellos le manifestaron su preocupación ante la sospecha de “cierta parcialidad” de los magistrados. “Este Tribunal en la causa ‘Arsenales II- Jefatura II’ se pronunció sobre el período en el que se habrían producido los hechos que se investigan. En la sentencia, concluyó que hubo una sistematicidad en el accionar del terrorismo de Estado, que no comenzó el 24 de marzo de 1976, sino antes. Si el Tribunal se pronunció sobre la existencia de un plan sistemático, ¿qué seguridad tienen nuestros defendidos de obtener una resolución diferente en este debate? Consideramos que ninguna”, justificó.
Bertini, junto con Vanessa Lucero y Martín Galliano, llevan adelante las defensas de Albornoz, Miguel Moreno, Ramón Jodar, Ricardo Sánchez, Alberto Svendsen, Luis De Cándido, Julio Meroi, Manuel Vila, Jorge Capitán, José Del Pino, Néstor Castelli, Pedro López, Jorge Lazarte, Omar Parada y Casiano Burtnik.
Los abogados de los imputados Francisco Orce (Nadia Orce y Facundo Maggio) y de Luis Figueroa y José Cuestas (Julieta Jorrat y Atilio Mollerach) adhirieron al reclamo. El único que se mantuvo al margen fue Mario Leiva Haro, que defiende a José Roberto Abba.
Bertini también pidió que se suspenda el juicio porque, dentro del marco de la megacausa y del mismo contexto histórico, hay otro grupo de acusados que no llegó a juicio. “El problema es que los acusados que están hoy no podrán ejercer eficazmente su defensa porque hay otros que están en instrucción y que están produciendo pruebas que ellos no podrán usar”, lanzó. Consideró que Chit, fiscal ad hoc, no debería participar del juicio porque se desempeñó como abogado de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Esto implicaría que podría actuar con falta de “objetividad”, según Bertini.
Lucero explicó que Albornoz, debería quedar fuera del juicio porque ya cuenta con cuatro condenas a perpetua –dos de ellas firmes-. Especificó que, al condenarlo, no se cumplirían con los objetivos de una pena, como el servir de disuasión para que alguien repita sus conductas o bien, para rehabilitarlo y reinsertarlo en la sociedad. Luego, planteó que se evalúe la salud de De Cándido, Castelli, Parada y Moreno, dado que consignó que no se encontrarían en condiciones de permanecer en el proceso oral.
Hoy será el turno de los fiscales Pablo Camuña y Chit y de las querellas para efectuar planteos.
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