De acuerdo con la presentación de la Fiscalía, a cargo de Pablo Camuña, el Operativo Independencia funcionó como un dispositivo de ocupación militar que afectó a toda la provincia, pero que tuvo su centro en el sudoeste tucumano desde San Pablo hasta Juan Bautista Alberdi y desde la zona de pedemonte hasta las sierras del Aconquija. Tuvo como característica que se actuó sobre la población, a la que se sometió a todo tipo de vejaciones, desde controles y "censos" arbitrarios hasta secuestros, con torturas y ejecuciones sumarias, todo ello un año antes de que se produjera el golpe cívico militar que llevó al país a una dictadura hasta 1983.
El juicio pondrá en discusión una de las etapas más crueles y controvertidas de la historia argentina y sacará a la luz, una vez más la teoría "de los dos demonios"; expuesta en el primer informe de la Comisión Nacional sobre las Desapariciones y en el libro "Nunca Más", de que la represión fue desatada como respuesta a la violencia de la guerrilla. Frente a esta postura, la fiscalía, los organismos de derechos humanos, los expertos que investigaron en la causa y la mayoría de las organizaciones políticas sostienen que se trató de un accionar represivo planificado para aterrorizar a toda la población, romper los lazos sociales y de solidaridad entre todos aquellos que se resistían a ser sometidos. Ese mismo plan que se aplicó, en Tucumán, a partir del 9 de febrero de 1975, se extendió al resto del país en marzo de 1976.
