23 Abril 2016
La actualización de los haberes de jueces, funcionarios y empleados de la Justicia provincial se manifestará con el sueldo de abril, aunque todavía sean inciertos los porcentajes de la suba y la forma de pago. Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, confirmó ayer que el aumento impactará en la próxima boleta, pero prefirió no detallar montos ni cómo será instrumentada la liquidación, aunque dijo que era muy probable que la Provincia partiese el incremento en dos partes, y que aplicase la más gruesa al comienzo y el saldo en septiembre.
Durante toda la semana circularon distintas versiones sobre los alcances del aumento. La cuestión fue manejada con extremada discreción por parte de la Corte luego de que en marzo se filtrara un proyecto de actualización que generó polémica entre los distintos estamentos y el traslado de personal en la Secretaría Administrativa a cargo de Gustavo Ahmad -la planilla extraoficial fijaba un plus de $ 5.000 mensuales para las autoridades-. Por teléfono, Gandur comentó que el alto tribunal publicará una acordada relativa a la actualización de los haberes.
En el entorno de la Corte ratificaron que el aumento será escalonado y que beneficiará más a los que ganan menos (ordenanzas, encargados auxiliares y ayudantes judiciales). En principio, se habla de un 35% para la judicatura (incluidos miembros de la Corte y cabeza del Ministerio Público) y el funcionariado; de un 37% para las categorías iniciales de empleados y del 40% para los ordenanzas.
Este esquema implicaría que la retribución más baja (ordenanza) pase de $ 8.984 a $ 12.577; que los ayudantes judiciales perciban $ 14.567 y $ 24.943 un encargado mayor. El salario de un secretario de Corte de máxima jerarquía y de un vocal de Cámara tendría como base los $ 65.803, y el punto de partida del de un relator de Corte oscilaría entre los $ 64.694 y los $ 59.544. Un miembro del alto tribunal recibiría un haber básico de $ 71.899; un juez de primera instancia, $ 60.561 y un juez de Paz, $ 38.834.
Los porcentajes globales mencionados son ligeramente superiores a los aumentos otorgados en los últimos cuatro años y cubrirían la inflación calculada para 2016. En 2012, la Corte concedió un incremento del 35%; en 2013, del 28,6%; en 2014, del 30% y en 2015, del 32%. Se trata de las retribuciones oficiales más altas de la administración pública -en función de la antigüedad y del título, el básico constituye entre el 40 y el 80% del sueldo de bolsillo-.
Sumas negras vedadas
El criterio de recomposición salarial escalonada había sido rechazado por la Asociación de Magistrados de Tucumán que preside el defensor oficial Roberto Paz, quien en su momento lo consideró discriminatorio y riesgoso para la “garantía de intangibilidad, que hace a la independencia judicial y a la esencia del sistema republicano”.
No obstante los porcentajes barajados en la cúpula de los Tribunales, el dirigente gremial sureño Omar Maldonado expresó que, según la información que manejaba, era factible que hubiese un incremento general e “igualitario” del orden del 31,7%, con un 8% retroactivo a marzo, y la posibilidad de revisar el asunto en agosto o septiembre. “No está tan claro que los jueces no hayan logrado el objetivo de evitar un aumento diferenciado”, advirtió.
Otros sectores de la Justicia manipulaban datos distintos. En reserva, una dirigente dijo que el aumento para los haberes más bajos llegaría al 45% y que los jueces no cobrarían menos del 37%, pero que el Gobierno había pedido que ello no trascendiese para evitar los reclamos de los gremios que se conformaron con menos (los docentes, por ejemplo, lograron en febrero una suba promedio del 30% y acordaron que el haber básico ascienda a $ 4.943 en agosto).
“Recién nos enteraremos qué pasó cuando cobremos”, zanjó la gremialista. En línea con ese rumor, una fuente recordó que los Tribunales no podían pactar montos en negro, como sí lo hacen otras áreas del Estado, porque se trata de la institución que, en el ámbito de los procesos laborales, ordena blanquear las retribuciones que no están en regla.
Durante toda la semana circularon distintas versiones sobre los alcances del aumento. La cuestión fue manejada con extremada discreción por parte de la Corte luego de que en marzo se filtrara un proyecto de actualización que generó polémica entre los distintos estamentos y el traslado de personal en la Secretaría Administrativa a cargo de Gustavo Ahmad -la planilla extraoficial fijaba un plus de $ 5.000 mensuales para las autoridades-. Por teléfono, Gandur comentó que el alto tribunal publicará una acordada relativa a la actualización de los haberes.
En el entorno de la Corte ratificaron que el aumento será escalonado y que beneficiará más a los que ganan menos (ordenanzas, encargados auxiliares y ayudantes judiciales). En principio, se habla de un 35% para la judicatura (incluidos miembros de la Corte y cabeza del Ministerio Público) y el funcionariado; de un 37% para las categorías iniciales de empleados y del 40% para los ordenanzas.
Este esquema implicaría que la retribución más baja (ordenanza) pase de $ 8.984 a $ 12.577; que los ayudantes judiciales perciban $ 14.567 y $ 24.943 un encargado mayor. El salario de un secretario de Corte de máxima jerarquía y de un vocal de Cámara tendría como base los $ 65.803, y el punto de partida del de un relator de Corte oscilaría entre los $ 64.694 y los $ 59.544. Un miembro del alto tribunal recibiría un haber básico de $ 71.899; un juez de primera instancia, $ 60.561 y un juez de Paz, $ 38.834.
Los porcentajes globales mencionados son ligeramente superiores a los aumentos otorgados en los últimos cuatro años y cubrirían la inflación calculada para 2016. En 2012, la Corte concedió un incremento del 35%; en 2013, del 28,6%; en 2014, del 30% y en 2015, del 32%. Se trata de las retribuciones oficiales más altas de la administración pública -en función de la antigüedad y del título, el básico constituye entre el 40 y el 80% del sueldo de bolsillo-.
Sumas negras vedadas
El criterio de recomposición salarial escalonada había sido rechazado por la Asociación de Magistrados de Tucumán que preside el defensor oficial Roberto Paz, quien en su momento lo consideró discriminatorio y riesgoso para la “garantía de intangibilidad, que hace a la independencia judicial y a la esencia del sistema republicano”.
No obstante los porcentajes barajados en la cúpula de los Tribunales, el dirigente gremial sureño Omar Maldonado expresó que, según la información que manejaba, era factible que hubiese un incremento general e “igualitario” del orden del 31,7%, con un 8% retroactivo a marzo, y la posibilidad de revisar el asunto en agosto o septiembre. “No está tan claro que los jueces no hayan logrado el objetivo de evitar un aumento diferenciado”, advirtió.
Otros sectores de la Justicia manipulaban datos distintos. En reserva, una dirigente dijo que el aumento para los haberes más bajos llegaría al 45% y que los jueces no cobrarían menos del 37%, pero que el Gobierno había pedido que ello no trascendiese para evitar los reclamos de los gremios que se conformaron con menos (los docentes, por ejemplo, lograron en febrero una suba promedio del 30% y acordaron que el haber básico ascienda a $ 4.943 en agosto).
“Recién nos enteraremos qué pasó cuando cobremos”, zanjó la gremialista. En línea con ese rumor, una fuente recordó que los Tribunales no podían pactar montos en negro, como sí lo hacen otras áreas del Estado, porque se trata de la institución que, en el ámbito de los procesos laborales, ordena blanquear las retribuciones que no están en regla.
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