Por Marcelo Aguaysol
22 Abril 2016
ALFONSO PRAT-GAY. El ministro fue el artífice del acuerdo con los holdóuts. ARCHIVO
La Argentina está a punto de salir del default, luego de 14 años de incumplimientos, desde que en diciembre de 2001 se anunciara el cese de pago a acreedores. Pero los efectos de la vuelta al mercado internacional de créditos serán graduales y la reconstrucción de la reputación como pagador, por parte del país, también demandará años.
En general, no basta con que las calificadoras de riesgo mejoren la nota. Los inversores más fuertes buscan países calificados como "investment grade" (de grado de inversión), algo que a la Argentina le llevará su tiempo. No obstante, el Gobierno nacional considera que el hecho de haber cuadriplicado la oferta de créditos respecto de la emisión de bonos lanzadas el martes pasado (unos U$S 16.500 millones), es un fuerte indicio de que se ha restituido la confianza en el país.
¿Cuál puede ser el escenario que se le presentará a la Argentina tras la regularización del pago a los acreedores?
1- La posibilidad de que la gestión del presidente Mauricio Macri no recurra sólo a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. Un financiamiento externo descomprime esa situación y oxigena la administración de la economía del país, de tal manera de no sumar presiones inflacionarias tanto a empresarios como a asalariados. Sin embargo, nada garantiza que el Gobierno deje de apelar a los fondos de la Anses y del Banco Central para cubrir sus baches fiscales, aunque más chicos que a principios de año.
2- La reducción de tasas de los préstamos. Regularizar los compromisos puede implicar, en el mediano plazo, que el mercado le reduzca el interés que le cobra al país por prestarle dinero a largo plazo. Esto también dependerá de la conducta de la gestión y de no tentarse a gastar más de la cuenta.
3- El efecto derrame. Un acceso más fluido de capitales debería ser distinado más a financiar obras e infraestructura, pública y privada, que a cubrir necesidades financieras del Estado. De hecho, ese sería un escenario esperado para que el endeudamiento valga la pena. Más infraestructura implicará mejorar la senda para el crecimiento económico nacional, lo que -a su vez- significará sostener o incrementar el nivel de empleo y el poder adquisitivo del asalariado.
4- Beneficios colaterales. Una mejora en la nota de la Argentina despeja el riesgo de crisis económica. Por lo tanto, como ya han resuelto varias calificadoras, mejora la condición de bancos y de provincias que pueden también a salir a emitir títulos públicos para colocarlos en el exterior. El camino al financiamiento que se reinicia hoy es una de las metas que preveía el Gobierno para el primer semestre. Para la segunda mitad del año quedan algunas materias pendientes. Sin default a la vista, existe el criterio oficial de desacelerar cualquier intento de reajuste de tarifas. Ahora, el equipo económico deberá trabajar para estabilizar el tipo de cambio (los argentinos deben dejar de pensar en dólares); seguir bajando el ritmo de emisión de pesos y, por ende, reducir drásticamente las presiones inflacionarias. Paralelamente, deberá trabajar para reducir el déficit fiscal que hoy representa entre 5 y 6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), con ayuda del financiamiento internacional. En otros términos, menos ajustes internos y más reingeniería financiera externa.
En general, no basta con que las calificadoras de riesgo mejoren la nota. Los inversores más fuertes buscan países calificados como "investment grade" (de grado de inversión), algo que a la Argentina le llevará su tiempo. No obstante, el Gobierno nacional considera que el hecho de haber cuadriplicado la oferta de créditos respecto de la emisión de bonos lanzadas el martes pasado (unos U$S 16.500 millones), es un fuerte indicio de que se ha restituido la confianza en el país.
¿Cuál puede ser el escenario que se le presentará a la Argentina tras la regularización del pago a los acreedores?
1- La posibilidad de que la gestión del presidente Mauricio Macri no recurra sólo a la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal. Un financiamiento externo descomprime esa situación y oxigena la administración de la economía del país, de tal manera de no sumar presiones inflacionarias tanto a empresarios como a asalariados. Sin embargo, nada garantiza que el Gobierno deje de apelar a los fondos de la Anses y del Banco Central para cubrir sus baches fiscales, aunque más chicos que a principios de año.
2- La reducción de tasas de los préstamos. Regularizar los compromisos puede implicar, en el mediano plazo, que el mercado le reduzca el interés que le cobra al país por prestarle dinero a largo plazo. Esto también dependerá de la conducta de la gestión y de no tentarse a gastar más de la cuenta.
3- El efecto derrame. Un acceso más fluido de capitales debería ser distinado más a financiar obras e infraestructura, pública y privada, que a cubrir necesidades financieras del Estado. De hecho, ese sería un escenario esperado para que el endeudamiento valga la pena. Más infraestructura implicará mejorar la senda para el crecimiento económico nacional, lo que -a su vez- significará sostener o incrementar el nivel de empleo y el poder adquisitivo del asalariado.
4- Beneficios colaterales. Una mejora en la nota de la Argentina despeja el riesgo de crisis económica. Por lo tanto, como ya han resuelto varias calificadoras, mejora la condición de bancos y de provincias que pueden también a salir a emitir títulos públicos para colocarlos en el exterior. El camino al financiamiento que se reinicia hoy es una de las metas que preveía el Gobierno para el primer semestre. Para la segunda mitad del año quedan algunas materias pendientes. Sin default a la vista, existe el criterio oficial de desacelerar cualquier intento de reajuste de tarifas. Ahora, el equipo económico deberá trabajar para estabilizar el tipo de cambio (los argentinos deben dejar de pensar en dólares); seguir bajando el ritmo de emisión de pesos y, por ende, reducir drásticamente las presiones inflacionarias. Paralelamente, deberá trabajar para reducir el déficit fiscal que hoy representa entre 5 y 6 puntos del Producto Bruto Interno (PBI), con ayuda del financiamiento internacional. En otros términos, menos ajustes internos y más reingeniería financiera externa.
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