Las vacaciones deberán ser tomadas y no cobradas

“Dispónese que las autoridades superiores de la administración pública provincial centralizada, descentralizada y organismos autárquicos, gozarán de un régimen de licencia por vacación anual, consistente en el otorgamiento de 15 días hábiles por año calendario, con goce íntegro de haberes licencia que será otorgada en función de las necesidades de organización y servicio de la administración pública, debiendo evaluar la oportunidad de su concesión el funcionario jerárquico competente”. Es lo que reza el artículo 1 del decreto 1.231/1 del Poder Ejecutivo, que justifica la organización en atención a que “la administración pública no cuenta con un régimen de vacaciones anuales para los funcionarios que se desempeñan en niveles de conducción, exceptuados de la aplicación de la ley 5.473 (Estatuto del Personal de la Administración Pública)”.

En su artículo 2, dicha norma exceptuaba de sus alcances al gobernador, ministros, secretario general de la Gobernación, secretarios y subsecretarios de Estado. El decreto tiene fecha 20 de abril y está firmado por el gobernador, Juan Manzur, y por el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Regino Amado.

La nueva resolución fija que la licencia es obligatoria durante el período en la que se conceda y su goce no será acumulable a otro periodo. “Cuando por razones particulares el funcionario no hiciere uso de la licencia por vacación o la interrumpiere, se perderá el derecho al goce por el año respectivo o a los días no utilizados, según correspondiere”, añade.

Además, establece que las licencias por vacaciones que se devenguen al 31 de diciembre de cada año serán proporcionales al tiempo efectivamente prestado desde la fecha de designación del funcionario y deberán ser gozadas indefectiblemente en el año posterior a que se devenguen; caso contrario, caducan.

La licencia -prosigue- no podrá ser compensada por otro beneficio. “Únicamente en el caso de cese de funciones -agrega-, el funcionario tendrá derecho a que se le retribuya la parte proporcional devengada de ese año calendario.

Vacío legal

En el decreto se remarca que se adoptan estas decisiones ante “la existencia de un vacío legal respecto del régimen de licencias por vacaciones de los funcionarios de niveles de conducción”.

Hace 12 días, LA GACETA reveló en una nota que entre 17 ex funcionarios de la gestión de José Alperovich reclamaban un monto global de $ 5,4 millones por vacaciones no gozadas durante los períodos 2013, 2014 y 2015. Muchos de los solicitantes se desempeñan ahora en la administración de Manzur, como el actual ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, el titular del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina, el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer. También requirieron el pago de la licencia anual obligatoria no tomada la hoy senadora oficialista Beatriz Mirkin (fue ministra de Desarrollo Social) y el legislador manzurista Marcelo Caponio (se desempeñaba como secretario de Gobierno y Justicia).

Los requerimientos de pago fueron realizados sobre la base del decreto 185/3 del 1 de febrero de 2016. Allí se reconocía el pago a aquellos funcionarios que presentaran el instrumento que acreditaba la suspensión de las vacaciones emitido por un superior jerárquico.

Rechazados.- Los pedidos para cobrar las vacaciones no gozadas que efectúan los funcionarios del Poder Ejecutivo no figuran en el Boletín Oficial, sí en los registros oficiales del Tribunal de Cuentas. Algunos superan los controles; otros, no. En este último grupo están el jefe de Policía, Dante Bustamante, y el subjefe, Mario Rojas. El primero tramitó el cobro de $ 27.000, pero recibió un rechazo del ente de contralor porque se trataba de períodos vencidos (2010 y 2011) según lo dispuesto por la normativa. Idéntico caso es el de Rojas, quien solicitaba $ 33.000 (por 2010 y 2011).

Autorizados.- Algunos funcionarios obtuvieron el visto bueno del TC en las últimas semanas para cobrar las vacaciones no gozadas. Graciela Sare de García, ex secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, recibió el aval para percibir $ 346.000; Daniel Esteban Sosa Piñero, del IPLA, por $ 267.000; el ex ministro de Desarrollo Productivo, Jorge Luis Feijóo, por $ 216.000; el interventor del Instituto de la Vivienda, Gustavo Durán, por $ 433.000, y la subinterventora, Noemí Ferrioli, por $ 381.000. Además, el TC les pidió nueva documentación a Adrián Cúneo Vergés (Sepapys), Juan Andrés Villagra (de Desarrollo Productivo) y Salvador Díaz (Ente Cultural), entre otros.