13 Abril 2016
“Todo el dinero que salió, volvió; de las cientas y tantas operaciones, no falló ninguna. Yo calculo que el beneficio que tuvo la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) por haber hecho este tipo de operaciones ha sido muy importante y no podría estar tranquilo como funcionario público si no hacemos lo mejor para conservar el poder adquisitivo del dinero de la institución”, señaló Luis Sacca, ex funcionario de la UNT, luego de declarar ante del juez federal, Fernando Poviña.
El también ex diputado nacional de la UCR compareció ayer en el ámbito de la investigación de las supuestas irregularidades detectadas en el manejo de las utilidades mineras que Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) envió a la UNT. Según la Justicia Federal, son más de $ 353 millones los recibidos en el período que se investiga, 2006-2009. Durante esa época, Sacca se desempeñaba como subsecretario de Políticas Administrativas.
Según manifestó, en la indagatoria se le preguntó acerca del depósito de fondos en entidades bancarias. En el pedido de indagatoria del fiscal federal Carlos Brito consta que los intereses producidos por el capital aportado por YMAD suman más de $ 56 millones y no es claro el destino que se les dio. Además, parte de esos fondos se habrían colocado en entidades financieras de tercera y cuarta línea (popularizadas como “cuevas”) que no habrían estado reconocidas oficialmente.
“Logramos aclarar las versiones de que había un movimiento oscuro. Explicamos que todas las entidades con las que operó la UNT habían sido autorizadas por el Banco Central, y estaban aprobadas y ajustadas en la Ley de Entidades Financieras”, manifestó Sacca, quien no descartó aportar más pruebas. Pero afirmó que estaba tranquilo. “Me dieron la posibilidad de explicar lo que muchas veces el imaginario colectivo o las malas intenciones distorsionan. Por eso vamos a seguir aportando (información). Porque cuantas más luces ponga, más claridad tendrá el proceso. Vamos a pedir nuevas pruebas, que se llame a nuevos testigos; todo lo que se tenga que hacer para que una vez finalizado el proceso y logrando el sobreseimiento, esto sea muy claro”, finalizó. El ex diputado Sacca estuvo acompañado por su abogado, Carlos Seidán.
A diferencia de las anteriores indagatorias concretadas en la misma causa, la prensa no tuvo acceso libre al edificio de la Justicia Federal (antes declararon Juan Carlos Reimundín, Olga Cudmani, Horacio Alfredo Lobo y Osvaldo Venturino). Según consignaron los policías, la orden de restricción había sido impartida por el prosecretario de Poviña, Ignacio López Bustos. Otro dato llamativo fue que hasta las 12 -tres horas después de iniciada la indagatoria- no había fiscal presente. Recién cerca del mediodía, ingresó a la audiencia Pablo Camuña, fiscal federal N°2. Camuña asistió en reemplazo de Brito, quien se encontraba de viaje desde el lunes por la tarde. El responsable de nombrar un subrogante era el fiscal federal, Antonio Gómez, pero su decisión se hizo esperar.
Hoy se cierra la ronda de indagatorias con la declaración del ex rector, Juan Alberto Cerisola. A partir de mañana, Poviña quedará habilitado para definir la situación procesal de los seis imputados: Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Reimundín, ex secretario administrativo; Lobo, arquitecto e inspector de obra; Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; Cerisola y Sacca.
El también ex diputado nacional de la UCR compareció ayer en el ámbito de la investigación de las supuestas irregularidades detectadas en el manejo de las utilidades mineras que Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) envió a la UNT. Según la Justicia Federal, son más de $ 353 millones los recibidos en el período que se investiga, 2006-2009. Durante esa época, Sacca se desempeñaba como subsecretario de Políticas Administrativas.
Según manifestó, en la indagatoria se le preguntó acerca del depósito de fondos en entidades bancarias. En el pedido de indagatoria del fiscal federal Carlos Brito consta que los intereses producidos por el capital aportado por YMAD suman más de $ 56 millones y no es claro el destino que se les dio. Además, parte de esos fondos se habrían colocado en entidades financieras de tercera y cuarta línea (popularizadas como “cuevas”) que no habrían estado reconocidas oficialmente.
“Logramos aclarar las versiones de que había un movimiento oscuro. Explicamos que todas las entidades con las que operó la UNT habían sido autorizadas por el Banco Central, y estaban aprobadas y ajustadas en la Ley de Entidades Financieras”, manifestó Sacca, quien no descartó aportar más pruebas. Pero afirmó que estaba tranquilo. “Me dieron la posibilidad de explicar lo que muchas veces el imaginario colectivo o las malas intenciones distorsionan. Por eso vamos a seguir aportando (información). Porque cuantas más luces ponga, más claridad tendrá el proceso. Vamos a pedir nuevas pruebas, que se llame a nuevos testigos; todo lo que se tenga que hacer para que una vez finalizado el proceso y logrando el sobreseimiento, esto sea muy claro”, finalizó. El ex diputado Sacca estuvo acompañado por su abogado, Carlos Seidán.
A diferencia de las anteriores indagatorias concretadas en la misma causa, la prensa no tuvo acceso libre al edificio de la Justicia Federal (antes declararon Juan Carlos Reimundín, Olga Cudmani, Horacio Alfredo Lobo y Osvaldo Venturino). Según consignaron los policías, la orden de restricción había sido impartida por el prosecretario de Poviña, Ignacio López Bustos. Otro dato llamativo fue que hasta las 12 -tres horas después de iniciada la indagatoria- no había fiscal presente. Recién cerca del mediodía, ingresó a la audiencia Pablo Camuña, fiscal federal N°2. Camuña asistió en reemplazo de Brito, quien se encontraba de viaje desde el lunes por la tarde. El responsable de nombrar un subrogante era el fiscal federal, Antonio Gómez, pero su decisión se hizo esperar.
Hoy se cierra la ronda de indagatorias con la declaración del ex rector, Juan Alberto Cerisola. A partir de mañana, Poviña quedará habilitado para definir la situación procesal de los seis imputados: Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias; Reimundín, ex secretario administrativo; Lobo, arquitecto e inspector de obra; Venturino, director de Inversiones y Contrataciones; Cerisola y Sacca.
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