10 Abril 2016
La Justicia federal investiga irregularidades en el manejo de fondos provenientes de la empresa interestatal YMAD. El período que se investiga es desde 2006 y 2009, durante el cual la UNT recibió más de $ 353 millones en concepto de utilidades mineras.
Según la ley que creó YMAD, la UNT recibía un 40% de estas utilidades debía destinarlo a la construcción de la Ciudad Universitaria. En enero de 2008, mediante un convenio firmado entre el rector Juan Alberto Cerisola y las autoridades de YMAD, se dio por concluida la Ciudad Universitaria. Esto produjo que, automáticamente, la UNT comenzara a recibir la mitad de ese 40%. Pero, esta vez, el dinero era de libre disponibilidad.
Cuando este hecho salió a la luz la justificación fue que la población universitaria y las necesidades que tenía no estaban contenidas en el proyecto de la Ciudad Universitaria de San Javier porque databa mediados del siglo XX. En su lugar se lo reemplazó por varias obras en distintas unidades académicas.
La primera denuncia en la Justicia federal ingresa en 2009, la causa “Eudal”, luego la Sindicatura General de la Nación (Sigen) inicia otra cuando concluye su auditoría. Con el tiempo, ambas causas se acumularon en una sola, la causa “Sigen”.
Entre los datos que reveló el pedido de indagatoria del fiscal federal, Carlos Brito, se enumeran: sobreprecios en los montos de las contrataciones de las obras, colocación de parte de los fondos en entidades bancarias de tercera y cuarta línea (conocidas como “cuevas”), incumplimiento de la Ley de Obras Públicas, y otra serie de irregularidades.
Según la ley que creó YMAD, la UNT recibía un 40% de estas utilidades debía destinarlo a la construcción de la Ciudad Universitaria. En enero de 2008, mediante un convenio firmado entre el rector Juan Alberto Cerisola y las autoridades de YMAD, se dio por concluida la Ciudad Universitaria. Esto produjo que, automáticamente, la UNT comenzara a recibir la mitad de ese 40%. Pero, esta vez, el dinero era de libre disponibilidad.
Cuando este hecho salió a la luz la justificación fue que la población universitaria y las necesidades que tenía no estaban contenidas en el proyecto de la Ciudad Universitaria de San Javier porque databa mediados del siglo XX. En su lugar se lo reemplazó por varias obras en distintas unidades académicas.
La primera denuncia en la Justicia federal ingresa en 2009, la causa “Eudal”, luego la Sindicatura General de la Nación (Sigen) inicia otra cuando concluye su auditoría. Con el tiempo, ambas causas se acumularon en una sola, la causa “Sigen”.
Entre los datos que reveló el pedido de indagatoria del fiscal federal, Carlos Brito, se enumeran: sobreprecios en los montos de las contrataciones de las obras, colocación de parte de los fondos en entidades bancarias de tercera y cuarta línea (conocidas como “cuevas”), incumplimiento de la Ley de Obras Públicas, y otra serie de irregularidades.
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