Ser querellante en “YMAD” será costoso para la UNT

¿Cuánto le saldrá a la UNT participar como querellante en la causa YMAD? En lo inmediato, eso es lo que los funcionarios del gabinete del Rectorado deberán definir. Se trata de una causa compleja que, en octubre de 2015, reunía unos ocho cuerpos (de 200 fojas cada uno), más biblioratos con la documentación de las 20 obras investigadas por la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Carpetas que incluyen llamados a licitación, adjudicación, anticipos financieros, actas de recepción de obras, entre otros papeles.

El martes, durante la sesión extraordinaria del Consejo Superior en la que se definió actuar como querellante, la rectora, Alicia Bardón, leyó una nota del director de Asuntos Jurídicos de la UNT, Augusto González Navarro. Recomendaba el nombre de un abogado penalista de Tucumán, pero además que la contratación “se efectúe por un término específico y por un monto de honorarios prefijables”.

La causa está en etapa de instrucción en el juzgado federal N°2 del Fernando Poviña y esta semana se completará la ronda de las indagatorias a los seis imputados. No es un dato menor, ya que algunos opinan que a estas alturas es muy poco lo que la UNT puede hacer, pero es mucho dinero lo que deberá pagar por involucrarse en el expediente judicial.

Según el artículo 534 del Código Procesal Penal de la Nación, “los honorarios de los abogados y procuradores se determinarán de conformidad a la ley de arancel. En su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido”.

Fuentes judiciales explicaron que en una causa en la que se investiga el manejo de más de $ 353 millones, si sólo se regulara el 1% de honorarios, serían más $ 3,5 millones.

Candidatos

Hasta el momento son cuatro los candidatos para asumir como patrocinantes de la UNT. Tres letrados de Buenos Aires, del mismo estudio jurídico que realizó el informe en el que en octubre recomendaban a la Universidad presentarse como querellante: Pablo Ezequiel Lanusse, Fernando Díaz Cantón y Joaquín Pedro da Rocha. El tercero es el tucumano Diego Ernesto Lammoglia, profesor de la cátedra de Derecho Penal II en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Su nombre revolotea desde hace un par de meses, cuando ya se barajaba la posibilidad de involucrarse en la causa penal. Pero todavía el Consejo no ha definido quién actuará.

Se sabe que los penalistas de Buenos Aires enviaron sus pretensiones dinerarias a fines del año pasado. Cifras que rondaban los $ 1.500 la hora más IVA y viáticos (viajes y estadía en Tucumán).

Otra opción sería que los propios abogados de la UNT representen a la institución. Como pertenecen al plantel y cobran un sueldo, no significaría una erogación extra. Todo esto deberá definirse en los próximos días.

El proceso

Mientras tanto, desde el lunes hasta el miércoles deberán presentarse en el juzgado de Poviña: Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas y ex diputado nacional por la UCR; y Juan Alberto Cerisola, ex rector de la UNT entre 2006 y 2014.

Con ellos se completarán las indagatorias y, a partir del jueves, correrán los 10 días hábiles para que Poviña defina la situación de los imputados.

La causa YMAD

La justicia federal investiga irregularidades en el manejo de fondos provenientes de la empresa interestatal YMAD. El período que se investiga es desde 2006 hasta 2014, durante el cual la UNT recibió más de $353 millones en concepto de utilidades mineras.

Según la ley que creó YMAD, la UNT recibía un 40% de estas utilidades debía destinarlo a la construcción de la Ciudad Universitaria. En enero de 2008, mediante un convenio firmado entre el rector Juan Alberto Cerisola y las autoridades de YMAD, se dio por concluida la Ciudad Universitaria. Esto produjo que, automáticamente, la UNT comenzara a recibir la mitad de ese 40%. Pero, esta vez, el dinero era de libre disponibilidad.

Cuando este hecho salió a la luz la justificación fue que la población universitaria y las necesidades que tenía no estaban contenidas en el proyecto de la Ciudad Universitaria de San Javier porque databa mediados del siglo XX. En su lugar se lo reemplazó por varias obras en distintas unidades académicas.

La primera denuncia en la justicia federal ingresa en 2009, la causa “Eudal”, luego la Sindicatura General de la Nación (Sigen) inicia otra cuando concluye su auditoría. Con el tiempo, ambas causas se acumularon en una sola, la causa “Sigen”.

Entre los datos que reveló el pedido de indagatoria del fiscal federal, Carlos Brito, se enumeran: sobreprecios en los montos de las contrataciones de las obras, colocación de parte de los fondos en entidades bancarias de tercera y cuarta línea (conocidas como “cuevas”), incumplimiento de la Ley de Obras Públicas, y otra serie de irregularidades.

La etapa de investigación dio como resultado la imputación de seis ex funcionarios: Juan Alberto Cerisola, ex rector; Luis Sacca, ex subsecretario de Políticas Administrativas; Olga Cudmani, ex directora de la Dirección General de Construcciones Universitarias (hoy continua en la UNT, pero en Extensión Universitaria); Juan Carlos Reimundín, ex secretario administrativo; Horacio Alfredo Lobo, arquitecto y ex inspector de obra y Osvaldo Venturino, ex director de Inversiones y Contrataciones. Se les atribuyen los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación y malversación de fondos, según el grado de participación de cada uno.