Por Irene Benito
09 Abril 2016
La causa “Teves” (o “Teves-Albarracín”) contiene una bomba de papel que no termina de detonar. Antes de que el Colegio de Abogados de la Capital lo citara como ejemplo del “posible proceder extorsivo de la Justicia penal provincial”, este caso ya era mencionado en los mentideros del poder. Entre fines de 2009 y comienzos de 2011, el ex fiscal Guillermo Herrera avanzó contra Roxana Teves y tres de sus familiares, y Miguel Albarracín, dueño de una carpintería. Todos habían sido sindicados como autores y partícipes del supuesto secuestro del empresario Augusto Severini por la heredera Carolina Severini, quien actuó con la asistencia de los hermanos Edmundo Javier y Ana Lucía Jiménez. Los Jiménez, hijos del entonces ministro de Gobierno y Justicia alperovichista, y hoy jefe de los fiscales y defensores oficiales, debutaban en la profesión con changüí: encabezaba la Fiscalía N°10 un amigo público de su padre, que no sólo no veía razones para inhibirse sino que también accedía “con una celeridad inusitada” a lo que le pedían, según indica la auditoría practicada por funcionarios de la Corte Suprema local.
La denuncia incoada a posteriori de la muerte del titular de un patrimonio que ascendía a $ 20 millones (siete años atrás) avanzó tan rápido que, en cuestión de meses, los acusados fueron detenidos. Antes de ello y en su desesperación, Teves, que era pareja de Severini, ventiló las presiones a las que estaba siendo sometida en cartas documento remitidas a Jiménez padre; al ex gobernador-contador; al ex ministro público Luis De Mitri y al vocal Antonio Estofán, entonces titular del alto tribunal. Todo esfuerzo resultó vano: con el concurso de la extinta jueza Emma de Nucci, Herrera logró la prisión preventiva de la imputada y de sus familiares. En cautiverio, Teves cambió la versión que había sostenido y se autoincriminó. En el mismo acto, renunció a los juicios que había iniciado para disolver la sociedad de hecho con Severini y cobrar el 50% de un plazo fijo en dólares de alrededor de $ 6 millones, procesos civiles en los que había logrado medidas cautelares a su favor.
La rendición incondicional incluyó el compromiso de no reclamar nada en concepto de indemnización laboral: de concubina y socia, Teves había pasado, dos meses de prisión mediante, a mera empleada no registrada de Severini sin derecho a exigir sus remuneraciones. Recién entonces, Herrera y De Nucci excarcelaron a la imputada, a sus hijos y a una nuera. Sin pedir el sobreseimiento de ninguno, el ex fiscal se concentró entonces en lograr que Edmundo Jiménez (h) cobrara en dólares -estando ya vigente el cepo- el plazo fijo que Teves había liberado. Para ese fin y tal cual consta en la auditoría del alto tribunal, llegó incluso a solicitar la detención del gerente de un banco que se ajustaba a las restricciones cambiarias dispuestas por el kirchnerismo. Alcanzada la meta económica, Herrera se puso en “modo off”, y el expediente quedó a merced del olvido y de la prescripción.
Pero la bomba de papel estaba activa. A caballo de la denuncia del Colegio de Abogados -presentación que algunos tildan de oportunista-, la causa “Teves-Albarracín” saltó la valla del hermetismo, y encendió la discordia entre Jiménez y su Ministerio Público, y Antonio Gandur y su Corte reunificada. A resultas de ello, una auditoría resistida en forma inaudita por el jefe de los fiscales detectó abundantes anomalías en el trámite de “Teves-Albarracín”, que luego fueron corroboradas por la investigación administrativa de la fiscala Juana Prieto. A continuación y en sede judicial, el fiscal Diego López Ávila concluyó que Herrera habría cometido delitos en ese y otros casos objetados por el Colegio, y giró a su par, Adriana Giannoni, un testimonio de Teves prestado bajo juramento. En esta declaración, que coincide con la versión inicial de las cartas documento, la acusada indica que fue víctima de una red de magistrados y de abogados influyentes, que comprende a los hermanos Jiménez, a Alfredo Falú y a René Goane, hijo del homónimo vocal decano de la Corte. La causa-bomba de papel había ingresado a la esfera de Giannoni por orden discrecional del jefe del Ministerio Público. A coro, los príncipes del foro interpretaron entonces que Jiménez ponía sus intereses más preciados al cuidado de una fiscala de su círculo íntimo nombrada al mismo tiempo y por el mismo método (sin concurso) que Herrera.
A contrapelo de Prieto y de López Ávila, Giannoni sostuvo la acusación de su ex par -dimitió en septiembre para jubilarse con el beneficio del 82% móvil- y requirió la elevación a juicio oral de la causa de Teves. Al pasar, el dictamen consideró un “dispendio jurisdiccional” -léase “innecesario”- la investigación de la trama de influencias que expuso Teves, a quien atribuyó la mera intención de defenderse. En su requerimiento, Giannoni mencionó a Falú -hoy subsecretario de la Unidad Ejecutora que encabeza el siempre ultraoficialista Sisto Terán- y a Goane “junior”, y guardó silencio respecto de los letrados que son hijos de su superior. No sorprendió, en cambio, que la fiscala que cultiva el perfil alto firmase el requerimiento pese -otra vez- a su amistad de décadas con Jiménez. Ninguno de los cuatro jueces que subrogan el Juzgado Nº2 -Alejandro Tomas, Víctor Manuel Pérez, Juan Francisco Pisa y Mirta Lenis de Vera- controló aún la actuación de Giannoni, pese a que Teves subió la apuesta, y dijo -textualmente- que quiere ir a juicio de inmediato para ventilar el “ignominioso” proceso que la despojó en forma arbitraria de la libertad y de sus bienes a ella y a sus parientes.
Más de seis meses han transcurrido desde los dictámenes -en principio- contrapuestos de Giannoni y de López Ávila: en ese plazo, el Poder Judicial de Tucumán se ha convertido en un polvorín. Las causas de Teves y de Herrera no avanzan, y arrecian las denuncias; las amenazas; los pedidos de destitución, y las especulaciones de descabezamiento del Poder Judicial, y de intervención federal parcial o total. En ese clima de guerra de guerrillas con tretas a la orden del día se inscribe la audiencia que Alberto Lebbos y Teves sostuvieron 21 de marzo con el ministro nacional Germán Garavano, en compañía de José Cano, opositor en el pago chico y oficialista en el rodeo de Cambiemos. El encuentro descolocó a Giannoni: a diferencia de ella, Garavano trató a Teves como víctima del sistema judicial tucumano y enmarcó su historia en la gesta contra la impunidad que lidera Lebbos. Por quinta vez, el ministro de Mauricio Macri prometió el envío de un veedor para monitorear el trámite de los expedientes candentes y, ¿casualidad?, en la mesa reapareció el nombre de Bernardo Lobo Bugeau, quien en 2013 destapó los desaguisados del ex fiscal Carlos Albaca en el caso “Lebbos”. Pero por razones que nadie alcanza a desentrañar (las conjeturas -¡ay!- abarcan desde negociaciones en las altas cumbres de la política y desinterés hasta la búsqueda de un caos institucional que justifique la intromisión de la Nación), pasan los días y el enviado de Garavano sigue sin apersonarse. Mientras tanto, en la escena judicial vernácula impactan sin tregua las municiones que expele la bomba “Teves”.
La denuncia incoada a posteriori de la muerte del titular de un patrimonio que ascendía a $ 20 millones (siete años atrás) avanzó tan rápido que, en cuestión de meses, los acusados fueron detenidos. Antes de ello y en su desesperación, Teves, que era pareja de Severini, ventiló las presiones a las que estaba siendo sometida en cartas documento remitidas a Jiménez padre; al ex gobernador-contador; al ex ministro público Luis De Mitri y al vocal Antonio Estofán, entonces titular del alto tribunal. Todo esfuerzo resultó vano: con el concurso de la extinta jueza Emma de Nucci, Herrera logró la prisión preventiva de la imputada y de sus familiares. En cautiverio, Teves cambió la versión que había sostenido y se autoincriminó. En el mismo acto, renunció a los juicios que había iniciado para disolver la sociedad de hecho con Severini y cobrar el 50% de un plazo fijo en dólares de alrededor de $ 6 millones, procesos civiles en los que había logrado medidas cautelares a su favor.
La rendición incondicional incluyó el compromiso de no reclamar nada en concepto de indemnización laboral: de concubina y socia, Teves había pasado, dos meses de prisión mediante, a mera empleada no registrada de Severini sin derecho a exigir sus remuneraciones. Recién entonces, Herrera y De Nucci excarcelaron a la imputada, a sus hijos y a una nuera. Sin pedir el sobreseimiento de ninguno, el ex fiscal se concentró entonces en lograr que Edmundo Jiménez (h) cobrara en dólares -estando ya vigente el cepo- el plazo fijo que Teves había liberado. Para ese fin y tal cual consta en la auditoría del alto tribunal, llegó incluso a solicitar la detención del gerente de un banco que se ajustaba a las restricciones cambiarias dispuestas por el kirchnerismo. Alcanzada la meta económica, Herrera se puso en “modo off”, y el expediente quedó a merced del olvido y de la prescripción.
Pero la bomba de papel estaba activa. A caballo de la denuncia del Colegio de Abogados -presentación que algunos tildan de oportunista-, la causa “Teves-Albarracín” saltó la valla del hermetismo, y encendió la discordia entre Jiménez y su Ministerio Público, y Antonio Gandur y su Corte reunificada. A resultas de ello, una auditoría resistida en forma inaudita por el jefe de los fiscales detectó abundantes anomalías en el trámite de “Teves-Albarracín”, que luego fueron corroboradas por la investigación administrativa de la fiscala Juana Prieto. A continuación y en sede judicial, el fiscal Diego López Ávila concluyó que Herrera habría cometido delitos en ese y otros casos objetados por el Colegio, y giró a su par, Adriana Giannoni, un testimonio de Teves prestado bajo juramento. En esta declaración, que coincide con la versión inicial de las cartas documento, la acusada indica que fue víctima de una red de magistrados y de abogados influyentes, que comprende a los hermanos Jiménez, a Alfredo Falú y a René Goane, hijo del homónimo vocal decano de la Corte. La causa-bomba de papel había ingresado a la esfera de Giannoni por orden discrecional del jefe del Ministerio Público. A coro, los príncipes del foro interpretaron entonces que Jiménez ponía sus intereses más preciados al cuidado de una fiscala de su círculo íntimo nombrada al mismo tiempo y por el mismo método (sin concurso) que Herrera.
A contrapelo de Prieto y de López Ávila, Giannoni sostuvo la acusación de su ex par -dimitió en septiembre para jubilarse con el beneficio del 82% móvil- y requirió la elevación a juicio oral de la causa de Teves. Al pasar, el dictamen consideró un “dispendio jurisdiccional” -léase “innecesario”- la investigación de la trama de influencias que expuso Teves, a quien atribuyó la mera intención de defenderse. En su requerimiento, Giannoni mencionó a Falú -hoy subsecretario de la Unidad Ejecutora que encabeza el siempre ultraoficialista Sisto Terán- y a Goane “junior”, y guardó silencio respecto de los letrados que son hijos de su superior. No sorprendió, en cambio, que la fiscala que cultiva el perfil alto firmase el requerimiento pese -otra vez- a su amistad de décadas con Jiménez. Ninguno de los cuatro jueces que subrogan el Juzgado Nº2 -Alejandro Tomas, Víctor Manuel Pérez, Juan Francisco Pisa y Mirta Lenis de Vera- controló aún la actuación de Giannoni, pese a que Teves subió la apuesta, y dijo -textualmente- que quiere ir a juicio de inmediato para ventilar el “ignominioso” proceso que la despojó en forma arbitraria de la libertad y de sus bienes a ella y a sus parientes.
Más de seis meses han transcurrido desde los dictámenes -en principio- contrapuestos de Giannoni y de López Ávila: en ese plazo, el Poder Judicial de Tucumán se ha convertido en un polvorín. Las causas de Teves y de Herrera no avanzan, y arrecian las denuncias; las amenazas; los pedidos de destitución, y las especulaciones de descabezamiento del Poder Judicial, y de intervención federal parcial o total. En ese clima de guerra de guerrillas con tretas a la orden del día se inscribe la audiencia que Alberto Lebbos y Teves sostuvieron 21 de marzo con el ministro nacional Germán Garavano, en compañía de José Cano, opositor en el pago chico y oficialista en el rodeo de Cambiemos. El encuentro descolocó a Giannoni: a diferencia de ella, Garavano trató a Teves como víctima del sistema judicial tucumano y enmarcó su historia en la gesta contra la impunidad que lidera Lebbos. Por quinta vez, el ministro de Mauricio Macri prometió el envío de un veedor para monitorear el trámite de los expedientes candentes y, ¿casualidad?, en la mesa reapareció el nombre de Bernardo Lobo Bugeau, quien en 2013 destapó los desaguisados del ex fiscal Carlos Albaca en el caso “Lebbos”. Pero por razones que nadie alcanza a desentrañar (las conjeturas -¡ay!- abarcan desde negociaciones en las altas cumbres de la política y desinterés hasta la búsqueda de un caos institucional que justifique la intromisión de la Nación), pasan los días y el enviado de Garavano sigue sin apersonarse. Mientras tanto, en la escena judicial vernácula impactan sin tregua las municiones que expele la bomba “Teves”.
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