08 Abril 2016
BUENOS AIRES.– El ex financista Leonardo Fariña, preso desde hace dos años en una causa por presunta evasión impositiva e investigado en la causa por “lavado de activos” por la que está preso el empresario Lázaro Báez, concluyó después de las 23 una maratónica declaración de más de 11 horas ante el juez Sebastián Casanello.
Fariña pidió ser acogido por la ley que crea un sistema de “protección” para testigos e imputados cuyas vidas corran peligro en función de los aportes que puedan hacer para el esclarecimiento de una causa.
Su abogada, Giselle Robles, dijo a DyN que la causa está “bajo estricto secreto de sumario” y, por lo tanto, rehusó brindar detalles de la declaración: “Cualquier cosa que diga puede perjudicar la investigación”, explicó.
No obstante, reconoció que Fariña volvía esta noche a la cárcel de Ezeiza, aunque rechazó precisar si bajo cuidados especiales derivados de la protección especial para testigos e imputados.
Robles explicó que tras la extensa declaración “en principio no quedó nada pendiente, pero el juez podría, si lo considerara necesario, llamarlo a ampliar en cualquier momento”.
Fariña había declarado, en un programa reciente de TV, en el que incluso le pidió disculpas al periodista Jorge Lanata por haberlo desmentido públicamente: “Esto se tiene que esclarecer con la verdad. Hace dos años que estoy preso, eso fue un golpe. Mi mejor estrategia de defensa es decir la verdad, y que esto se aclare”.
Hoy, a poco de ser llevado ante el juez Casanello, esposado y con una camiseta celeste de mangas cortas, Fariña pidió que se lo incluyera en la ley que en agosto de 2003 creó el “Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.
Aunque pensado para otros delitos, un párrafo de esa ley extiende sus a “otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.
Apenas Fariña formuló ese pedido, el juez Casanello dio intervención al Ministerio de Justicia y reimplantó el secreto de sumario que había levantado en las últimas horas, y blindó literalmente su juzgado para que nada de lo que declarara desde ese momento se filtrara a la prensa.
Después del mediodía, el juez dispuso dos órdenes de presentación en organismos públicos (la Supertintendencia de Seguros y el Ministerio de Transporte) y un allanamiento en una multinacional del rubro de los seguros en Puerto Madero.
Fuentes judiciales deslizaron que esos procedimientos están relacionados con otro expediente, diferente al que involucra a Lázaro Báez y por el que continúa declarando Fariña.
Más temprano, había prestado ampliación de declaración indagatoria el operador financiero Fabián Rossi, quien presentó un escrito en el que reconoció que ayudó a "contar dinero a los empleados de la tesorería" en la financiera SGI, como se vio en un video que precipitó los tiempos de la causa.
Pero en ese escrito, aseguró que ignoraba los detalles y que perteneciera a Lázaro Báez, y afirmó que su rol era hacer marketing y relaciones públicas y "servir café" a los clientes.
"Desconocía y desconozco hoy de quién era, para qué era, de dónde venía ese dinero, ni qué se habría de hacer con él", sostuvo en el escrito de defensa que presentó al juez Casanello.
Aunque admitió que empezó a trabajar en "La Rosadita" en 2010 por pedido de su dueño, Gustavo Fernández, minimizó su papel al asegurar que sólo se dedicaba a "hacer marketing y relaciones públicas" e incluso confió que normalmente "era quien iba a comprar a Carrefour" y "servía café a los clientes".
Poco antes de las 21, cuando la declaración de Fariña continuaba (un servicio de delivery llevó comida sobre el mediodía y los protagonistas de la declaración apenas si la interrumpieron algunas veces para ir al baño), personal de seguridad de los tribunales federales ordenaron “despejar” el piso en el que se desarrollaba el trámite, con la prensa incluida.
Fuentes judiciales no descartaron que el juez Casanello pudiera ordenar en las próximas horas nuevos procedimientos judiciales.
Fariña pidió ser acogido por la ley que crea un sistema de “protección” para testigos e imputados cuyas vidas corran peligro en función de los aportes que puedan hacer para el esclarecimiento de una causa.
Su abogada, Giselle Robles, dijo a DyN que la causa está “bajo estricto secreto de sumario” y, por lo tanto, rehusó brindar detalles de la declaración: “Cualquier cosa que diga puede perjudicar la investigación”, explicó.
No obstante, reconoció que Fariña volvía esta noche a la cárcel de Ezeiza, aunque rechazó precisar si bajo cuidados especiales derivados de la protección especial para testigos e imputados.
Robles explicó que tras la extensa declaración “en principio no quedó nada pendiente, pero el juez podría, si lo considerara necesario, llamarlo a ampliar en cualquier momento”.
Fariña había declarado, en un programa reciente de TV, en el que incluso le pidió disculpas al periodista Jorge Lanata por haberlo desmentido públicamente: “Esto se tiene que esclarecer con la verdad. Hace dos años que estoy preso, eso fue un golpe. Mi mejor estrategia de defensa es decir la verdad, y que esto se aclare”.
Hoy, a poco de ser llevado ante el juez Casanello, esposado y con una camiseta celeste de mangas cortas, Fariña pidió que se lo incluyera en la ley que en agosto de 2003 creó el “Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, destinado a la ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en una situación de peligro para su vida o integridad física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de competencia federal”.
Aunque pensado para otros delitos, un párrafo de esa ley extiende sus a “otros casos no previstos en el párrafo anterior cuando se tratare de delitos vinculados con la delincuencia organizada o de violencia institucional y la trascendencia e interés político criminal de la investigación lo hagan aconsejable”.
Apenas Fariña formuló ese pedido, el juez Casanello dio intervención al Ministerio de Justicia y reimplantó el secreto de sumario que había levantado en las últimas horas, y blindó literalmente su juzgado para que nada de lo que declarara desde ese momento se filtrara a la prensa.
Después del mediodía, el juez dispuso dos órdenes de presentación en organismos públicos (la Supertintendencia de Seguros y el Ministerio de Transporte) y un allanamiento en una multinacional del rubro de los seguros en Puerto Madero.
Fuentes judiciales deslizaron que esos procedimientos están relacionados con otro expediente, diferente al que involucra a Lázaro Báez y por el que continúa declarando Fariña.
Más temprano, había prestado ampliación de declaración indagatoria el operador financiero Fabián Rossi, quien presentó un escrito en el que reconoció que ayudó a "contar dinero a los empleados de la tesorería" en la financiera SGI, como se vio en un video que precipitó los tiempos de la causa.
Pero en ese escrito, aseguró que ignoraba los detalles y que perteneciera a Lázaro Báez, y afirmó que su rol era hacer marketing y relaciones públicas y "servir café" a los clientes.
"Desconocía y desconozco hoy de quién era, para qué era, de dónde venía ese dinero, ni qué se habría de hacer con él", sostuvo en el escrito de defensa que presentó al juez Casanello.
Aunque admitió que empezó a trabajar en "La Rosadita" en 2010 por pedido de su dueño, Gustavo Fernández, minimizó su papel al asegurar que sólo se dedicaba a "hacer marketing y relaciones públicas" e incluso confió que normalmente "era quien iba a comprar a Carrefour" y "servía café a los clientes".
Poco antes de las 21, cuando la declaración de Fariña continuaba (un servicio de delivery llevó comida sobre el mediodía y los protagonistas de la declaración apenas si la interrumpieron algunas veces para ir al baño), personal de seguridad de los tribunales federales ordenaron “despejar” el piso en el que se desarrollaba el trámite, con la prensa incluida.
Fuentes judiciales no descartaron que el juez Casanello pudiera ordenar en las próximas horas nuevos procedimientos judiciales.
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