06 Abril 2016
MISTERIO. El espejado edificio de Muñecas 951 comenzó a funcionar en 2012. Todavía no se sabe cuánto costó. la gaceta / foto de JORGE OLMOS SGROSSO (archivo)
La Casa de Gobierno no está de acuerdo con el fallo que obliga a la Provincia a publicar los detalles de la construcción del nuevo edificio de la Legislatura. Por eso, la Fiscalía de Estado apeló la sentencia que había dictado la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a instancias de una demanda del ex legislador radical, Juan Roberto Robles. En opinión de los abogados del Estado, los vocales Sergio Gandur y Ebe López Piossek resolvieron el proceso judicial de manera arbitraria.
El Poder Ejecutivo (PE) interpuso el recurso de casación para solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que revoque la resolución de Gandur (hijo del presidente del alto tribunal, Antonio Gandur) y de López Piossek. El dirigente radical Robles había concurrido al fuero contencioso debido a que, según argumentó, la Provincia no había rendido los gastos producidos por la construcción del inmueble de la Cámara, ubicado en calle Muñecas 951. Cuestionó además la postura del Gobierno provincial respecto a la falta de difusión de datos. E instó al tribunal a que “se haga cesar el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o no del accionar del PE, al no rendir cuentas sobre la obra”.
La contratación directa del proyecto, de la realización y del equipamiento fue habilitada por la Legislatura en junio de 2008, mediante la sanción de la ley N° 8.073. En aquella sesión, sólo el radical José Cano -entonces legislador- se opuso a las facultades conferidas por el cuerpo colegiado a Juan Manzur. El hoy gobernador, en esos momentos, era presidente del cuerpo colegiado. Gracias a las potestades otorgadas por las normas, Manzur le adjudicó la construcción del inmueble a Tensolite SA. El proyecto fue llevado a cabo por el estudio porteño Peralta Ramos-Sepra (sigla de Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini) Arquitectos SA. En 2011, el radical Robles había planteado una acción meramente declarativa. Ahora, El PE intenta revertir el fallo del fuero contencioso.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Daniel Leiva y de Federico Nazur (adjunto), interpuso el recurso de casación con la firma del abogado Aldo Luis Cerutti. “La sentencia no importa una derivación cabal, racional, razonable y suficiente del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al asunto en debate, ni de los hechos conducentes comprobados en la causa”, manifestó el letrado. Cuestionó además los alcances de la resolución de los magistrados. “El tribunal escuda su razonamiento en la mentada vulneración de un derecho, el acceso a la información pública, con absoluta prescindencia no sólo de los hechos relevantes comprobados y del ordenamiento jurídico aplicable, sino también de la posición defendida por la propia parte demandante durante todo el proceso”, indicó Cerutti. En ese sentido, calificó de “arbitraria” la sentencia que dictaron Gandur y López Piossek. Y agregó que ese fallo implica un supuesto de “gravedad institucional”. “La cuestión en debate trasciende el interés correspondiente a los litigantes para comprender a la comunidad provincial en su conjunto”, añadió la Fiscalía de Estado.
Cerutti citó jurisprudencia (fallos de la Corte de la Nación) y a diversos autores para sustentar su planteo. “La pretensión declarativa promovida (por Robles) siempre estuvo dirigida a cuestionar la presunta inexistencia de controles en la ejecución del gasto público vinculado a la obra pública del nuevo edificio de la Legislatura”, indicó el letrado. Y aclaró que todos esos controles fueron realizados y publicados por el Tribunal de Cuentas.
“Información sesgada”
Gandur (h) y López Piossek le habían dado la razón a Robles. “La información brindada por la parte demandada (la Provincia) se presenta sesgada, haciendo referencia únicamente a los diarios de las sesiones y al dictado de normas consecuentes”, indicaron los vocales. Y agregaron: “en lo que atañe a la obra en sí, denota la falta de interés en dar cumplimento a lo solicitado, ya que realiza referencias genéricas a montos pagados sin indicar o referenciar el destino específico de los montos y quiénes los percibieron, pretendiendo esgrimir que resulta suficiente contar con la acreditación brindada a través del Tribunal de Cuentas, siendo que estos sólo aprobaron el pago de las partidas solicitadas, sin indicar los conceptos a los que se imputa en detalle cada contraprestación”.
El recurso de casación planteado por la Casa de Gobierno llevará probablemente el expediente a la Corte Suprema de Tucumán. Así, el alto tribunal debería dilucidar si corresponde o no la difusión de los costos del edificio legislativo.
El Poder Ejecutivo (PE) interpuso el recurso de casación para solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que revoque la resolución de Gandur (hijo del presidente del alto tribunal, Antonio Gandur) y de López Piossek. El dirigente radical Robles había concurrido al fuero contencioso debido a que, según argumentó, la Provincia no había rendido los gastos producidos por la construcción del inmueble de la Cámara, ubicado en calle Muñecas 951. Cuestionó además la postura del Gobierno provincial respecto a la falta de difusión de datos. E instó al tribunal a que “se haga cesar el estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o no del accionar del PE, al no rendir cuentas sobre la obra”.
La contratación directa del proyecto, de la realización y del equipamiento fue habilitada por la Legislatura en junio de 2008, mediante la sanción de la ley N° 8.073. En aquella sesión, sólo el radical José Cano -entonces legislador- se opuso a las facultades conferidas por el cuerpo colegiado a Juan Manzur. El hoy gobernador, en esos momentos, era presidente del cuerpo colegiado. Gracias a las potestades otorgadas por las normas, Manzur le adjudicó la construcción del inmueble a Tensolite SA. El proyecto fue llevado a cabo por el estudio porteño Peralta Ramos-Sepra (sigla de Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini) Arquitectos SA. En 2011, el radical Robles había planteado una acción meramente declarativa. Ahora, El PE intenta revertir el fallo del fuero contencioso.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Daniel Leiva y de Federico Nazur (adjunto), interpuso el recurso de casación con la firma del abogado Aldo Luis Cerutti. “La sentencia no importa una derivación cabal, racional, razonable y suficiente del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al asunto en debate, ni de los hechos conducentes comprobados en la causa”, manifestó el letrado. Cuestionó además los alcances de la resolución de los magistrados. “El tribunal escuda su razonamiento en la mentada vulneración de un derecho, el acceso a la información pública, con absoluta prescindencia no sólo de los hechos relevantes comprobados y del ordenamiento jurídico aplicable, sino también de la posición defendida por la propia parte demandante durante todo el proceso”, indicó Cerutti. En ese sentido, calificó de “arbitraria” la sentencia que dictaron Gandur y López Piossek. Y agregó que ese fallo implica un supuesto de “gravedad institucional”. “La cuestión en debate trasciende el interés correspondiente a los litigantes para comprender a la comunidad provincial en su conjunto”, añadió la Fiscalía de Estado.
Cerutti citó jurisprudencia (fallos de la Corte de la Nación) y a diversos autores para sustentar su planteo. “La pretensión declarativa promovida (por Robles) siempre estuvo dirigida a cuestionar la presunta inexistencia de controles en la ejecución del gasto público vinculado a la obra pública del nuevo edificio de la Legislatura”, indicó el letrado. Y aclaró que todos esos controles fueron realizados y publicados por el Tribunal de Cuentas.
“Información sesgada”
Gandur (h) y López Piossek le habían dado la razón a Robles. “La información brindada por la parte demandada (la Provincia) se presenta sesgada, haciendo referencia únicamente a los diarios de las sesiones y al dictado de normas consecuentes”, indicaron los vocales. Y agregaron: “en lo que atañe a la obra en sí, denota la falta de interés en dar cumplimento a lo solicitado, ya que realiza referencias genéricas a montos pagados sin indicar o referenciar el destino específico de los montos y quiénes los percibieron, pretendiendo esgrimir que resulta suficiente contar con la acreditación brindada a través del Tribunal de Cuentas, siendo que estos sólo aprobaron el pago de las partidas solicitadas, sin indicar los conceptos a los que se imputa en detalle cada contraprestación”.
El recurso de casación planteado por la Casa de Gobierno llevará probablemente el expediente a la Corte Suprema de Tucumán. Así, el alto tribunal debería dilucidar si corresponde o no la difusión de los costos del edificio legislativo.
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